Al igual que la COVID-19, es probable que la crisis del coste de la vida tenga un mayor impacto en las personas que viven en zonas desfavorecidas y en quienes pertenecen a minorías étnicas.
Algunos ayuntamientos del Reino Unido ya están creando «bancos de calor»: espacios públicos a los que la gente puede acudir si sus hogares están demasiado fríos este invierno. Sin embargo, preocupa que la COVID-19 se propague con mayor facilidad en interiores.
La solución política a largo plazo para la crisis del coste de la vida pasa por construir viviendas más cálidas y hacerlas más asequibles para todos.
Se ha planteado la renta básica universal como solución, mientras que otros han propuesto una energía básica universal, por la que el Gobierno pagaría una parte del consumo energético de cada hogar.
La crisis del coste de la vida está afectando a personas de todo el mundo. Aunque lleva gestándose desde hace tiempo, el hecho de que esta crisis llegue justo después de una pandemia aún en curso solo empeora las cosas.
No sorprende, aunque conviene destacarlo, que la crisis del coste de la vida no se sienta por igual en toda la sociedad. Por ejemplo, sus efectos serán mayores para quienes viven en zonas más desfavorecidas, tienen ingresos más bajos, son personas mayores, forman familias monoparentales, tienen discapacidad o pertenecen a minorías étnicas.
Es más probable que las personas de estos grupos ya hayan tenido que reducir el consumo de gas y electricidad, tengan dificultades para pagar sus facturas y sufran pobreza energética.
También sabemos que la COVID-19, aunque supone un desafío para todos, es una pandemia desigual. Las personas de minorías étnicas, de los barrios más desfavorecidos, las personas mayores y quienes tienen problemas de salud preexistentes han tenido un mayor riesgo de morir o enfermar gravemente por la COVID.
Este será el primer invierno desde el inicio de la pandemia en el que muchos países han eliminado todas las medidas de protección no farmacológicas, como el uso de mascarillas, las pruebas, el distanciamiento social y el aislamiento. Tras dos años y medio de incertidumbre, lo que estamos a punto de vivir vuelve a ser algo sin precedentes.
Si no aprendemos de los errores del pasado, tanto de las respuestas gubernamentales a las crisis económicas como de la pandemia, estas dos crisis confluirán y harán que el invierno sea devastador, sobre todo para las personas más vulnerables.
Algunos ejemplos
Si a la gente le cuesta pagar sus facturas, ¿cómo podemos esperar que compre pruebas de COVID? ¿O que se quede en casa sin ir a trabajar cuando tenga síntomas de COVID, si eso significa perder parte de su salario?
Los gobiernos y los ayuntamientos del Reino Unido ya están creando «bancos de calor», que son espacios públicos, como lugares de culto o centros comunitarios, a los que la gente puede acudir si sus hogares están demasiado fríos. Los bancos de calor suscitan preocupación, sobre todo porque tratan el síntoma en lugar de la causa del problema.
Sin embargo, sabemos que la COVID se propaga fácilmente en interiores, sobre todo cuando hay muchas personas reunidas durante periodos prolongados. Por eso, preocupa también que los bancos de calor puedan aumentar la propagación de la COVID entre quienes son más vulnerables a los efectos del virus y más necesitan un lugar cálido.
Muchas personas ya habían sufrido una mayor presión financiera durante la pandemia a causa de la pérdida de ingresos o de la reducción de estos, lo que las hace más vulnerables a la crisis del coste de la vida.
La investigación ha encontrado una relación entre las recesiones y los factores de riesgo para la salud relacionados con el estilo de vida, como una mala alimentación y la obesidad, especialmente entre las personas de niveles socioeconómicos más bajos. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo importante para enfermar gravemente y morir a causa de la COVID.
En efecto, la experiencia pasada nos enseña que las crisis económicas pueden ser devastadoras para la salud de las personas más vulnerables. Las medidas de austeridad aplicadas en Europa tras la recesión de 2008 recortaron el gasto público, incluidas las protecciones sociales, la educación y la sanidad. Esto coincidió con un aumento general de las desigualdades en salud durante la década que comenzó en 2010.
Así pues, mientras muchos países se precipitan hacia otra recesión, ¿cómo podemos aprender de la pandemia y de la última recesión para afrontar mejor estas dos crisis?
Responsabilidad compartida
Soy científico social especializado en salud pública y he dirigido investigaciones sobre las experiencias de la población durante la pandemia de COVID. A lo largo de la pandemia, he sostenido que se puso demasiada responsabilidad en manos de la población. La solución a largo plazo para reducir los efectos de las enfermedades respiratorias infecciosas consiste menos en lavarse las manos y más en garantizar que los edificios públicos y el transporte tengan una ventilación adecuada (aunque mantener las manos limpias también ayuda).
Del mismo modo, la solución a largo plazo para la crisis del coste de la vida consiste menos en sugerir a la gente que compre hervidores nuevos y más en construir viviendas más cálidas y hacerlas más asequibles para todos.
Por supuesto, hay formas en que nosotros, como individuos, podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Al principio de la pandemia, vimos cómo las comunidades se unieron para apoyarse mutuamente. Un gran número de grupos de base, organizados a menudo a través de Facebook o WhatsApp, trabajaron para proporcionar alimentos y otros artículos de primera necesidad a personas que se aislaban en casa o que, por ejemplo, habían perdido su empleo.
Es alentador que una parte de estos grupos de ayuda mutua siga activa y haya reorientado su labor para ayudar a la gente a hacer frente a la crisis del coste de la vida.
Pero la responsabilidad última recae en los gobiernos y en la sociedad en su conjunto.
Las soluciones son complejas
A corto plazo, debemos reforzar, en lugar de recortar, la financiación y las políticas que protegen la salud pública. En el Reino Unido, por ejemplo, hay señales preocupantes de que el nuevo gabinete pretende revertir medidas de salud pública arduamente conseguidas, diseñadas para reducir la obesidad.
Los topes a los precios de la energía pueden aliviar en parte la crisis, pero no bastan. Como sostiene Michael Marmot, epidemiólogo del University College de Londres, ha llegado el momento de abordar los problemas a largo plazo que sustentan la pobreza energética.
Se ha planteado la renta básica universal como una posible solución a las desigualdades agravadas por la pandemia. Pero ¿qué hay de la propuesta de algunos de establecer una energía básica universal, por la que el Gobierno pagaría una parte del consumo energético de cada hogar?
Un enfoque que podría orientarnos de cara al futuro es el universalismo proporcional, según el cual quienes más lo necesitan reciben más apoyo. Los topes a los precios de la energía no bastan por sí solos para lograrlo.
Las ayudas para las personas más vulnerables son un comienzo, pero, como aprendimos de las ayudas económicas para el aislamiento por COVID, no basta con poner dinero a disposición de la gente: también es necesario que solicitarlo y acceder a él sea rápido y sencillo.
Al igual que con la pandemia, aunque este invierno todos nos veremos afectados por la crisis del coste de la vida, para las personas más vulnerables quizá sería más apropiado llamarla una crisis del «coste de sobrevivir».
