Las disparidades en el acceso a las vacunas y los distintos niveles de respaldo de las políticas entre países están generando una brecha entre las economías más avanzadas y las menos avanzadas.
Se prevé que los efectos de la COVID-19 sigan provocando problemas persistentes, como la pobreza y la malnutrición, lo que hará inalcanzables los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los países deben trabajar juntos para cerrar esta brecha y crear un mundo mejor para todos.
Las diferencias en el acceso a las vacunas y en la capacidad para desplegar respaldo de políticas están generando una divergencia creciente entre las economías avanzadas y muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Ante los elevados déficits y los niveles históricos de deuda, los países con acceso limitado a la financiación caminan por una cuerda floja fiscal, entre prestar un apoyo adecuado y preservar la estabilidad financiera.
Sin medidas resueltas para abordar esta creciente brecha, la COVID‑19 seguirá cobrando vidas y destruyendo empleos, causando daños duraderos a la inversión, la productividad y el crecimiento en los países más vulnerables. La pandemia seguirá trastornando la vida de los más vulnerables, y los países registrarán un aumento de la pobreza extrema y la malnutrición, lo que frustrará toda esperanza de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Reducir la brecha provocada por la pandemia requiere, por tanto, una acción colectiva para aumentar el acceso a las vacunas, asegurar una financiación crítica y acelerar la transición hacia un mundo más ecológico, digital e inclusivo.
Asegurar la financiación
Como consecuencia de la pandemia, la deuda y los déficits han aumentado de forma notable desde niveles ya históricamente elevados. En 2021, los déficits fiscales globales medios, como proporción del PIB, han alcanzado el 9,9 por ciento en las economías avanzadas, el 7,1 por ciento en las economías de mercados emergentes y el 5,2 por ciento en los países en desarrollo de bajos ingresos. Se prevé que la deuda pública mundial se aproxime al 99 por ciento del PIB a finales de 2021.
En este contexto, los salvavidas del FMI han marcado una diferencia decisiva para salvar vidas y medios de subsistencia. Para responder a la crisis, el FMI ha concedido 117 000 millones de dólares en nueva financiación y alivio del servicio de la deuda a 85 países. Esto incluye asistencia financiera a 53 países de bajos ingresos y alivio del servicio de la deuda en forma de donaciones a 29 de sus miembros más pobres y vulnerables. Calculamos que, en 2020, el apoyo del FMI permitió un gasto adicional de alrededor del 0,5 por ciento del PIB en las economías de mercados emergentes y de casi el 1,0 por ciento del PIB en los países en desarrollo. El apoyo del FMI se concentró sobre todo donde más se necesitaba.
Las favorables condiciones financieras mundiales han permitido a los países con bajo riesgo crediticio desplegar una expansión considerable y duradera del gasto público para responder a la pandemia. Sin embargo, en los países con acceso más limitado a la financiación externa, se prevé ahora que el gasto primario sea incluso inferior a lo previsto antes de la pandemia.
Un momento decisivo
Se necesita con urgencia una acción multilateral para cerrar las brechas en el acceso a las vacunas y poner fin a la pandemia. La reciente propuesta de 50 000 millones de dólares del personal del FMI propuesta en este sentido, respaldada por la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, fija el objetivo de vacunar al menos al 40 por ciento de la población de cada país a finales de 2021 y al menos al 60 por ciento a mediados de 2022, junto con la garantía de disponer de diagnósticos y terapias adecuados. Se han logrado avances en varios frentes, pero se necesita un impulso más firme. El Grupo de Trabajo sobre las Vacunas contra la COVID-19 también ha lanzado un panel de control para identificar con claridad y abordar con urgencia las brechas en el acceso a las herramientas contra la COVID-19.
Los países también deberán estudiar cómo pueden movilizar recursos internos y mejorar la calidad del gasto. La COVID-19 ha agravado la tensión entre las grandes necesidades de desarrollo y los escasos recursos públicos. Para obtener los ingresos tan necesarios, los gobiernos deberán reforzar sus sistemas tributarios. Esto resulta especialmente difícil, ya que la competencia fiscal, los problemas en la asignación de la base imponible y las técnicas agresivas de planificación fiscal han sometido a presión la tributación de la renta presión.
Pero aumentar los ingresos es posible, y deberá hacerse de manera que promueva el crecimiento y favorezca la inclusión. Los gobiernos deberían procurar mejorar la eficiencia, simplificar los códigos tributarios, reducir la evasión fiscal y aumentar la progresividad. Fortalecer la capacidad estatal para recaudar impuestos y aprovechar el papel del sector privado también será clave. Mientras persista la pandemia, la política fiscal deberá seguir siendo ágil y responder a circunstancias en constante evolución.
Las acciones colectivas pueden ayudar a reducir las brechas. El fondo Next Generation de la Unión Europea (NGEU), del cual el 50 por ciento son donaciones, ha sido una fuente de financiación importante para los Estados miembros de la UE con espacio fiscal limitado. El acceso al apoyo del NGEU y los bajos costes de endeudamiento son factores decisivos que explican la falta de divergencia prevista entre las economías avanzadas y las economías de mercados emergentes en la Unión Europea.
En consecuencia, la comunidad internacional deberá desempeñar un papel importante para asegurar la financiación de los países más vulnerables. La reciente asignación general de 650 000 millones de dólares en DEG aprobada por el FMI proporcionará a los países colchones de liquidez adicionales y les ayudará a afrontar las difíciles disyuntivas de política que enfrentan. La transferencia de DEG de las naciones ricas a las naciones en desarrollo impulsará aún más este apoyo. El FMI está colaborando con sus miembros en un nuevo mecanismo, el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, destinado a ayudar a las economías emergentes y en desarrollo a afrontar los desafíos del cambio climático y a construir economías resilientes. Sin embargo, esta asistencia por sí sola no bastará; también serán necesarias otras fuentes de apoyo de los donantes necesarias.
Una señal alentadora es el histórico acuerdo internacional sobre el impuesto de sociedades, respaldado por más de 130 países. El acuerdo incluye un tipo mínimo del impuesto sobre la renta de sociedades de al menos el 15 por ciento. Pondrá fin a la carrera hacia la baja en la tributación internacional de las empresas. Es fundamental concretar los detalles para que el acuerdo ayude a movilizar recursos destinados a inversiones cruciales en salud, educación, infraestructura y gasto social en los países en desarrollo.
Esta prometedora señal muestra una ventana de oportunidad. La urgencia de los desafíos mundiales —la COVID-19, el cambio climático y el desarrollo inclusivo— exige una acción global. Este es un momento decisivo en la historia. 2021 debería ser el año de la unión.
