La pandemia de COVID-19 ha devastado la migración laboral internacional, incluidas las remesas de los migrantes y el empleo.
Ahora más que nunca, los trabajadores migrantes necesitan mayores protecciones económicas y sociales, así como una mayor labor de defensa.
Un ecosistema de políticas que respalde los ahorros y las inversiones de los migrantes es esencial.
La pandemia de COVID-19 ha causado 3 millones de muertes, así como confinamientos y cierres de mercados e industrias en todo el mundo. Está provocando una revisión de las relaciones económicas y políticas internacionales. Está creando una “nueva normalidad” en todo, desde la educación en las aulas hasta la migración laboral internacional.
La migración laboral internacional se ha visto devastada por la pandemia. Nos enfrentamos a inquietudes reales e inmediatas relacionadas con la seguridad laboral y el bienestar de más de 91 millones de migrantes internacionales de Asia y el Pacífico, sin contar los de otras regiones del mundo.
La pandemia ha afectado especialmente a las remesas, la reintegración y el empleo de los migrantes. Así deberían responder los gobiernos.
Retroceso de la migración y caída de las remesas
Un informe del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) señala que "se espera que el total de remesas a Asia caiga entre 31.400 millones de dólares (escenario de referencia) y 54.300 millones de dólares (peor escenario) en 2020, equivalente al 11,5 % y al 19,8 % de las remesas de referencia, respectivamente".
Con muchos hogares de Asia en desarrollo que dependen de las remesas internacionales, "una parada repentina en el flujo de remesas hacia estas regiones podría empujar a las personas a la pobreza", continúa el informe. Será necesario un esfuerzo aún mayor por parte de los migrantes que regresan, los bancos de remesas y los gobiernos de los países de acogida para ampliar los programas temporales de protección social con el fin de asistir a los migrantes varados o infectados por la COVID. Los gobiernos de los migrantes que regresan se verán obligados a contraer enormes préstamos locales y extranjeros para ampliar la protección social, la vacunación y el tratamiento de toda su población. También deberán "diseñar políticas integrales de inmigración, salud y políticas laborales que permitan a los migrantes volver a sus empleos" y "garantizar la continuidad de los servicios de remesas y un entorno empresarial propicio".
Todos los programas de reintegración de las organizaciones de apoyo a los migrantes y de los gobiernos dependerán de la evaluación de su labor de defensa de los migrantes conforme a las leyes aprobadas que garanticen su protección, si es que existe alguna.
La vía de reintegración “ahorrar e invertir”
La Administración de Empleo en el Extranjero de Filipinas (POEA) informa de que más de medio millón de trabajadores filipinos en el extranjero (OFW) se vieron desplazados por la pandemia en 2020. A ello se sumó una caída del 75 % en el despliegue anual de trabajadores al extranjero, que pasó de 2,1 millones a 0,549 millones, la cifra más baja en tres décadas.
Pero el verdadero impacto de la COVID-19 se puede medir en la pérdida de empleos y en las sombrías perspectivas de recuperación del empleo.
¿Cómo pueden reintegrarse los migrantes en su país de origen y en su economía cuando esta se ha estancado? La experiencia de los OFW que regresaron y atendieron seriamente el llamado a los Ahorros de Migrantes para Inversiones Alternativas (MSAI), o “ahorrar e invertir”, resulta instructiva.
Los inversores del MSAI en producción agrícola y agronegocios que adquirieron tierras agrícolas fueron los beneficiarios a largo plazo. Durante la pandemia, se encontraron respondiendo al llamado del gobierno para reforzar el suministro de alimentos. Un ingeniero mecánico procedente de Arabia Saudí cultiva su propio arroz, hortalizas y frutas y abastece los mercados de Davao-Agusan (en Mindanao). Otro agricultor suministra ganado al mercado de carne de Cebú.
Los perdedores fueron quienes trabajaban en el transporte y los viajes, los restaurantes y los pequeños comercios minoristas. Una emprendedora migrante galardonada perdió todas sus inversiones en el negocio de complejos turísticos de la isla de Siargao, destino de surf, debido a la prohibición de viajar y al cierre de negocios.
Pero una reintegración duradera no siempre depende de la elección del sector. La agricultura es el sector más desatendido de Filipinas, por lo que en ella hay un gran desempleo. Al mismo tiempo, es el sector menos afectado por la pandemia, porque alimenta a la población. Si bien hubo pérdidas de empleo en otros sectores, solo hubo ganancias reales de empleo en la agricultura.
Con grandes extensiones de tierra concentradas en manos de unos pocos propietarios, el gobierno debe hacer más para liberar tierras productivas enajenables. Los migrantes han realizado trabajos largos y duros, a menudo lejos de sus familias, para ganar, ahorrar y crear activos. El gobierno debe devolver a los migrantes a los fundamentos de una economía: la producción de alimentos, la agricultura y los agronegocios, empezando por la industria alimentaria. Junto con los migrantes y las organizaciones de apoyo, el gobierno debe restablecer un ecosistema con el que puedan identificarse. Esto incluye un entorno normativo facilitador que brinde un trato preferente a las inversiones de los OFW en el registro de empresas y la fiscalidad, en el acceso a la tecnología y al apoyo poscosecha, en el acceso a capital asequible y en políticas de comercialización racionales e infraestructuras.
La agricultura, la pesca, la producción de alimentos, la manufactura y la distribución proporcionan empleos más estables a muchas personas pobres. Estas actividades fundamentales deben protegerse en Asia en desarrollo y el Pacífico. Si es así, la migración será una opción libre y no una necesidad para sobrevivir. Los datos respaldan la estrategia de ahorro e inversión de los migrantes para la reintegración. Cuando los migrantes ahorran e invierten en la agricultura, se obtiene una ganancia a largo plazo.
Cómo afectan directamente las políticas a los migrantes y a sus familias: un estudio de caso
Rea es enfermera de primera línea en un hospital de Nueva York. Su familia es propietaria de tierras agrícolas en una aldea de Mindanao. La parcela de 2 hectáreas fue hipotecada en 2013 para pagar las tasas de contratación de Rea.
Hace dos años, justo antes de la pandemia, el préstamo fue finalmente saldado con las remesas de Rea y la tierra volvió a la familia.
Mely (en la foto de abajo con la autora) mejoró poco a poco la productividad de la tierra. Cuando comenzó la COVID-19, el Departamento de Agricultura de Filipinas aumentó su apoyo a los agricultores. Como miembro de la cooperativa agrícola local, Mely puede recibir semillas subvencionadas y otros insumos agrícolas, así como utilizar la nueva cosechadora de la cooperativa a una tarifa más baja.
Sin embargo, sin almacenamiento común, instalaciones de secado (solares o mecánicas) ni una molinera de arroz, la granja familiar debe depender del molinero/comerciante de arroz local. Al igual que el resto de los agricultores, ella no entiende por qué el precio del arroz molido en el mercado es tan alto, mientras que el precio vigente del palay (arroz sin cáscara) es barato. Mely y el resto de los miembros de la cooperativa piden dinero prestado en cada ciclo de siembra porque sus ingresos no bastan para cubrir sus necesidades durante ese período. Este préstamo suele proceder del molinero/comerciante.
Lo que complica aún más el rompecabezas de los precios es la política del gobierno de importar arroz.
La magnitud y el impacto de la pandemia de COVID-19 nos obligan a reconocer los problemas éticos y prácticos de la economía mundial. Deben realizarse esfuerzos continuos para animar a los gobiernos a rendir cuentas por el sufrimiento de los trabajadores migrantes debido a la pandemia. La defensa de derechos brinda a cualquiera, ahora y en el futuro, la oportunidad de exigir cuentas a sus gobiernos.
