La pandemia de COVID-19 ha unido a la sociedad en una causa común, en particular a los académicos y a los responsables políticos.
La colaboración entre estos dos grupos de la sociedad ha demostrado ser esencial para superar la pandemia, escribe el psicólogo Stephen Reicher.
Los gobiernos deben seguir trabajando con los académicos, centrándose en un enfoque basado en pruebas, sin fundamentar las políticas en suposiciones.
Tras la pandemia de gripe española de 1918-19, The New York Times afirmó que “la ciencia no ha logrado protegernos”. Esta afirmación difícilmente era injusta, dado que los científicos ni siquiera sabían qué había causado la pandemia, y menos aún cómo tratarla, más allá de medidas básicas de salud pública como el aire fresco y la cuarentena de los enfermos.
Un siglo después, las cosas no podrían ser más distintas. En cuestión de semanas desde la aparición de la nueva enfermedad, se había secuenciado el genoma del coronavirus y se habían desarrollado pruebas específicas para el SARS-CoV-2. En menos de un año, se han probado, autorizado y distribuido al público nuevas vacunas.
Además, la ciencia no se ha quedado confinada a los científicos. El debate sobre falsos positivos y negativos, antígenos y anticuerpos, mutación y evolución se ha convertido en la moneda de cambio de los noticiarios de la noche y de los programas de radio con llamadas del público, sobre todo porque son la base de decisiones políticas que están transformando nuestra vida cotidiana.
Unirse
Todo lo que es cierto para las ciencias de la vida lo es igualmente para las ciencias del comportamiento. La COVID-19 prospera a través de la sociabilidad humana, por lo que limitar su propagación depende de reconfigurar los patrones fundamentales de la acción humana. También aquí, lo que antes era dominio de la sala de tutorías ha pasado al programa de entrevistas. Hoy todos somos epidemiólogos, virólogos, psicólogos y antropólogos aficionados.
Lo que estamos viendo es una unión sin precedentes, que refleja lo ocurrido de forma más general durante la pandemia. Ante una amenaza común y un destino compartido, hemos visto surgir un sentido de identidad compartida que, a su vez, ha sido la base de una solidaridad social generalizada. Vecinos que durante años habían vivido ignorándose mutuamente se han unido en grupos de WhatsApp a nivel de calle y en grupos locales de ayuda mutua.
De manera similar, vecinos académicos que se cruzaban a diario en el campus se han unido en innumerables grupos asesores, y se han dado cuenta de cuánto más pueden lograr en conjunto. Los científicos de las ciencias de la vida pueden decir a los científicos del comportamiento (como yo) qué conductas deben cambiar para contener la pandemia. A cambio, los científicos del comportamiento pueden explicar a los de las ciencias de la vida cómo dar forma y reformar la conducta.
Asimismo, los académicos en su conjunto se han unido a responsables políticos, asesores de políticas y profesionales en un grado sin precedentes. En términos generales, ha habido una comprensión de la necesidad de colectivizar la respuesta a la pandemia, subrayando la necesidad de actuar en nombre del “nosotros” y no del “yo”.
De forma más específica, los científicos del comportamiento se han unido, a menudo por primera vez, con los equipos de comunicación de los gobiernos. La comprensión teórica de los primeros sobre las bases de la influencia social se ha aliado con la habilidad técnica y el talento artístico de los segundos para convertir conceptos en productos atractivos.
Este renovado espíritu de colaboración es una de las pocas cosas positivas que han surgido de estos terribles tiempos. Esperamos poder conservarlo a medida que la pandemia retroceda. Pero, para lograrlo, debemos evitar cualquier tentación de idealizar la crisis retrospectivamente, como en los mitos unilaterales de un “espíritu del Blitz” y ser sinceros sobre los problemas de la colaboración.
Superar las suposiciones
La COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de abordar las diferentes culturas del mundo académico y de la elaboración de políticas. Para ello, debemos exponer algunas suposiciones que a menudo dificultan la comunicación y la colaboración entre ambos.
La primera, y la más sencilla, es el tiempo. Si se le hace una pregunta a un académico, este se retirará a pensar un rato, planificará una propuesta de investigación, la presentará, realizará la investigación, redactará la publicación, la someterá a revisión por pares y se aceptará para su publicación. Solo entonces podrá darle una respuesta, dentro de cinco o seis años.
En cambio, un ministro que necesita tomar una decisión política podría concederle cinco o seis meses, si tiene suerte. A veces, son más bien cinco o seis días. ¿Qué deben hacer los académicos si quieren atender ese tipo de solicitudes políticas?
Deben ser cuidadosos, sin duda. Los académicos se toman su tiempo para producir respuestas por una muy buena razón: quieren que estas tengan el peso suficiente para resistir el paso del tiempo. La investigación que ofrece beneficios previsibles y concretos a corto plazo puede monetizarse con facilidad y es llevada a cabo por institutos de investigación orientados al mercado. Lo que las universidades aportan de manera única es un conocimiento y unos beneficios más imprevisibles y a largo plazo. Comprometer esto pondría en peligro su propia razón de ser.
Dicho esto, ¿debemos siempre contraponer el largo plazo al corto plazo, la perseverancia frente a la capacidad de respuesta? Y si no, ¿qué exige una mayor capacidad de respuesta en términos de prácticas de investigación académica, financiación de la investigación y procedimientos éticos? Aunque no me comprometo con cambios específicos, creo que haríamos bien en examinar todos los aspectos de la investigación académica a través del prisma del tiempo.
Una segunda área de diferencia entre académicos y responsables políticos es el criterio para definir el conocimiento y actuar en consecuencia. Los académicos suponen que no saben nada a menos que sepan algo más allá de toda duda razonable. Sin embargo, para un responsable político que debe decidir si actuar o no —cuando no actuar tiene tantas consecuencias como actuar—, este enfoque sesgaría drásticamente sus resultados. Así sucede, por ejemplo, al tomar decisiones como si se mantienen abiertos o cerrados los pubs durante la pandemia.
En este caso, puede tener sentido guiarse por el equilibrio de las pruebas o incluso ir al extremo opuesto y, aplicando un principio de precaución, decidir que, aunque solo exista una posibilidad remota de un efecto (por ejemplo, que los pubs influyan en las tasas de contagio comunitario), se actúe como si fuera una realidad. Una vez que los académicos se implican directamente en el mundo de la política, no podemos escapar de la forma en que la política moldea incluso nuestras suposiciones más básicas.
Valorar el conocimiento
La última área de diferencia también se relaciona con el conocimiento, pero esta vez con qué formas de conocimiento se valoran más. Como psicólogo social académico, mi interés se centra en los procesos generales que moldean el comportamiento humano.
He realizado numerosos estudios sobre la manera en que las creencias de una persona sobre lo que creen los demás de su grupo moldean lo que piensa y hace. Me interesa menos el ámbito específico —como las creencias grupales sobre el cambio climático— en el que abordo este proceso, que las relaciones generales entre las creencias grupales y las creencias individuales.
Sin embargo, para quienes participan en la elaboración de políticas, ocurre lo contrario. No les interesa tanto la generalidad como el problema específico. Por eso, cuando hablo a estos responsables políticos de estudios sobre normas en (por ejemplo) el comportamiento frente al cambio climático, se quedan algo desconcertados, y a mí me desconcierta igualmente que parezcan rechazar mi aportación mientras preguntan: “¿Pero hay algún estudio sobre normas relacionadas con el cumplimiento del uso de mascarillas?”
No quiero decir que las diferencias entre los enfoques académico y político sean insalvables. De hecho, el problema no es tanto las diferencias en las suposiciones, sino el hecho de que estas se aceptan en cada mundo particular y, por tanto, no necesitan debatirse.
Por desgracia, cuando estos mundos se encuentran, ese silencio deja de funcionar como señal de entendimiento común y se convierte en una posible fuente de malentendidos mutuos. Si no comprendemos los diferentes puntos de partida que nos llevan a conclusiones distintas, podemos empezar a considerar al otro como obtuso, obstruccionista y poco razonable. Solo reconociendo y aceptando nuestras diferentes necesidades y demandas podremos trabajar juntos de forma más eficaz.
En conclusión, el desafío de la COVID-19 ha dado lugar a una serie de relaciones nuevas y productivas entre el mundo académico y el de la política. Ha demostrado el enorme potencial de reunir al gobierno con una gama de disciplinas mucho más amplia de lo que tradicionalmente había sido el caso. Pero el futuro de estas relaciones está lejos de estar asegurado.
Que prosperen o se marchiten tras la pandemia dependerá, al menos en parte, de que examinemos las suposiciones más básicas —y no solo las planteadas aquí— que enmarcan nuestro trabajo y guían nuestras prácticas, pero que pueden diferir de las de nuestros posibles socios. La autoevaluación nunca es un ejercicio cómodo, ya que revela contingencias donde antes asumíamos certezas. Pero la recompensa es considerable, no solo en términos de comprender al otro, sino también a nosotros mismos.
