Erradicar la COVID-19 es posible mediante una combinación de detección de casos y distanciamiento social, escribe Stefan Pollinger, candidato a doctor en Economía.
Estas medidas permitirían eliminar la pandemia con costos económicos y sanitarios adicionales bajos.
La política óptima es fácil de implementar, pero plantea importantes problemas de privacidad, que deben abordarse en el debate político.
¿Cuál es la respuesta óptima ante una enfermedad infecciosa de rápida propagación y mortal, cuando no hay vacuna ni medicamento eficaz disponible? A pesar de los enormes esfuerzos de los responsables políticos y de los ciudadanos, el número de casos a nivel mundial sigue aumentando. Mientras algunos países han logrado controlar la propagación del virus, otros no lo han conseguido.
Una estrategia para poner fin a la crisis es la supresión de la COVID-19 (por ejemplo, Bethune y Korinek 2020, Pueyo 2020).1 Las políticas de supresión hacen que la tasa de crecimiento viral sea inferior a cero, de modo que la prevalencia (el número de individuos infecciosos en la población) disminuye de forma permanente. En consecuencia, el virus desaparece a largo plazo. Cabe señalar que muchos gobiernos están siguiendo esta política. Sin embargo, suprimir el virus no es sencillo. Los repuntes actuales en el número de casos demuestran que los responsables políticos de todo el mundo tienen dificultades para encontrar la vía óptima de supresión. Además, las medidas de supresión suponen una pesada carga para el bienestar de los ciudadanos y para la economía, lo que pone en duda que la supresión sea realmente la mejor salida.
La supresión a un costo razonable es posible
Mi investigación (Pollinger 2020) sugiere que una combinación óptima de distanciamiento social y detección de casos permite suprimir la COVID-19 con costos humanos y económicos adicionales bajos. Además, la política óptima puede caracterizarse mediante una fórmula sencilla, lo que la hace fácil de implementar. Las políticas de distanciamiento social reducen la tasa de crecimiento del virus al disminuir la tasa de contactos sociales entre todos los individuos de la población. Las políticas de detección de casos, como el rastreo de contactos, encuentran y aíslan a los individuos infecciosos de la población susceptible. La política óptima minimiza los costos económicos y sanitarios totales.2
Para limitar el costo total de la supresión, la combinación de detección de casos y distanciamiento social es fundamental. Depender únicamente del distanciamiento social plantea dos problemas. En primer lugar, el distanciamiento social afecta a todos los individuos de una población, lo que lo hace muy costoso. En segundo lugar, dado que la disminución de la prevalencia viral sigue un proceso de decaimiento exponencial, el distanciamiento social resulta muy ineficiente cuando la prevalencia es baja. Reducir el número de infectados de 20 000 a 10 000 requiere el mismo esfuerzo que reducirlo de 20 a 10. Hacia el final de una pandemia, es necesario imponer medidas costosas a toda la población solo para evitar una última transmisión del virus. La detección de casos ofrece una solución a estos problemas. Cuantos menos casos no detectados haya, mayores recursos podrá destinar un país a detectar un solo caso. En consecuencia, la tasa de detección, y por tanto la eficiencia de la detección, es máxima cuando la prevalencia es baja, y viceversa. Así pues, el distanciamiento social y la detección de casos se complementan perfectamente, lo que reduce el costo de la supresión.
Observo que el distanciamiento social óptimo disminuye cuando disminuye la prevalencia viral. Cuanto menor sea el número de casos, mayor será el control del crecimiento que ejerce la detección de casos. Esta propiedad tiene implicaciones políticas claras. Supongamos que un responsable político detecta un primer brote o un repunte en el número de casos (es decir, una segunda ola). En el óptimo, la responsable implanta de inmediato medidas de distanciamiento social para revertir el crecimiento viral. Es importante señalar que nunca resulta óptimo «introducir gradualmente» el distanciamiento social ni esperar antes de imponer medidas, un error muy extendido al comienzo de la pandemia de COVID-19. Aunque algunos errores políticos se deben al alto grado de incertidumbre, los retrasos en la respuesta adecuada no lo son. Cualquier vacilación en la aplicación de medidas de distanciamiento social suficientemente estrictas solo empeora los resultados económicos y sanitarios, ya que las políticas débiles permiten que el virus crezca de forma exponencial, lo que aumenta el número de víctimas y el tiempo y la intensidad de un posterior confinamiento.
La política óptima a lo largo del tiempo
La compensación dinámica crítica al suprimir el virus se produce entre la intensidad del distanciamiento social y el tiempo que debe mantenerse. Las medidas demasiado extremas reducen rápidamente el número de infecciones en la población, pero tienen costos instantáneos muy elevados, porque incluso las actividades económicas más fundamentales quedan suspendidas. Las medidas demasiado débiles tienen costos instantáneos bajos, pero, para erradicar el virus, deben mantenerse durante un período muy prolongado.
La política óptima equilibra estos márgenes en cada momento. La caracterizo mediante una fórmula sencilla con dos estadísticas observables: en primer lugar, la tasa de crecimiento instantánea (negativa) del virus; y, en segundo lugar, el flujo instantáneo de costos derivados de las medidas de supresión y de los resultados sanitarios. La fórmula ofrece una orientación específica sobre cómo flexibilizar las medidas de distanciamiento social. El responsable político debe evaluar el efecto relativo de modificar el conjunto de medidas impuestas sobre el flujo actual de costos y la tasa de crecimiento viral. Si la reducción porcentual del costo es mayor que el aumento porcentual del crecimiento, el conjunto de medidas impuestas debería reducirse aún más. Seguir esta sencilla regla mantiene la economía en la senda óptima de supresión. Minimiza el costo total al evitar repuntes innecesarios de casos o precauciones excesivas. Contrariamente a la primera intuición, un distanciamiento social demasiado laxo, como una salida prematura del confinamiento, no alivia la carga económica general. Por el contrario, prolonga en el futuro la necesidad de medidas costosas. Sorprendentemente, los costos sanitarios desempeñan solo un papel menor en la supresión. La política óptima busca principalmente minimizar el impacto económico de la pandemia.3
¿Cuánto costará y es mejor que buscar la inmunidad de rebaño?
Los resultados analizados hasta ahora son teóricos y, por tanto, robustos frente a la enorme incertidumbre de los parámetros relacionada con la COVID-19. Sin embargo, la teoría no puede responder a dos preguntas cruciales. ¿Cuáles son los costos económicos y sanitarios de la política óptima de supresión con el uso de distintas tecnologías de detección? Y ¿cómo se comparan estos costos con los de las políticas óptimas de mitigación?4 Debido a la elevada incertidumbre de los parámetros, en este momento es imposible dar una respuesta precisa a estas preguntas. Siguiendo la literatura, utilizo un ejercicio de simulación para obtener respuestas aproximadas.
Simulo mi modelo con el caso de Italia. Supongo que Italia comienza a seguir la política óptima de supresión el 11 de mayo, cuando el 0,1 % de la población seguía infectada. Los resultados para países con una prevalencia similar, como Estados Unidos, por ejemplo5, son comparables. Para entender el impacto de la tecnología de detección, calculo la política óptima y su costo para tres escenarios de detección distintos. En el primer escenario, Italia utiliza un rastreo digital de contactos rápido y eficaz, como hizo Corea del Sur. Observo que el costo total de la supresión es solo del 0,8 % del PIB anual. El virus desaparece tras 3,7 meses, y el número de víctimas adicionales asciende a unas 3500. Además, la estrategia es robusta frente a un cierto grado de casos importados. En un segundo escenario, Italia utiliza un rastreo manual más lento y menos eficaz. En este caso, el costo total es del 2,7 % del PIB, el virus desaparece tras 15 meses y el número de víctimas adicionales vuelve a ser de unas 3500. En el tercer escenario, Italia continúa detectando casos a su actual ritmo bajo.6 En marcado contraste, el costo total es del 14 % del PIB anual, la extinción se produce tras 7,6 meses y las víctimas adicionales ascienden a 6000. Además, en los escenarios de rastreo manual y de rastreo bajo, si tras la extinción se importan nuevos casos desde el extranjero, la pandemia se reactiva. Por ello, los controles fronterizos minuciosos deben mantenerse hasta la llegada de una vacuna. Como señalan Monràs (2020) y Oliu-Barton et al. (2020), la circulación debe restringirse a zonas con una prevalencia comparable.
En comparación, las estimaciones de costo de las estrategias óptimas de mitigación oscilan entre el 7 % y el 30 % del PIB anual (Gollier 2020, Acemoglu et al. 2020, Alvarez et al. 2020). Las estimaciones más optimistas de víctimas adicionales equivalen al 0,2 % de la población (120 000 en el caso de Italia). La comparación sugiere que los costos sanitarios y económicos de la política de supresión más eficiente son de un orden de magnitud inferiores a los de la política de mitigación más eficiente.
Conclusión
Es posible salvar vidas y la prosperidad económica poniendo fin a la pandemia. La detección eficiente de casos podría estar en el centro de esa estrategia de salida. Sin embargo, la política plantea importantes preocupaciones relacionadas con la privacidad. Es hora de mantener un debate político serio sobre estas preocupaciones. Los costos de oportunidad de no hacerlo son considerables.
