Una de las amargas ironías de la vida de mil millones habitantes de barrios marginales en nuestro mundo actual es que, a pesar del progreso de la humanidad, sus mayores vulnerabilidades derivan de la falta de los servicios públicos más básicos: el acceso al agua y al saneamiento. La ciencia ha vencido enfermedades mortales durante el siglo pasado e incluso ha empezado a imprimir órganos humanos en 3D, pero los gobiernos han fracasado en la tarea principal de extender el suministro de agua limpia y la cobertura de alcantarillado a todas las zonas de sus ciudades capitales.
Los riesgos mundiales inherentes a las condiciones antihigiénicas y a otros fallos en los patrones de urbanización global se están volviendo ahora contra la humanidad, en conjunto, dada la interconexión de las ciudades a través de los flujos de transporte aéreo, comercio e inversión. Las vastas zonas urbanas desconectadas de los beneficios públicos asociados a los Estados modernos —empezando por el saneamiento básico y extendiéndose hasta la seguridad y el desarrollo socioeconómico más amplio— son eslabones débiles en una cadena de ciudades que ahora luchan contra la propagación de una pandemia mundial.
El COVID-19 y sus consecuencias ponen de relieve cómo los fallos en la gobernanza urbana pueden agravar el impacto social de las amenazas que enfrenta nuestro mundo. Los desafíos que pueden parecer locales y limitados a zonas de bajos ingresos suelen socavar el desarrollo general e incluso la estabilidad política. La violencia armada es un ejemplo destacado: en la megaciudad paquistaní de Karachi, se sospecha que los talibanes han disparado contra trabajadores que realizaban vacunaciones contra la polio. Las milicias en ciudades cercanas a conflictos armados suelen controlar e incluso bloquear el acceso de los habitantes locales a la atención sanitaria. En Mathare, un barrio marginal de Nairobi (Kenia), las pandillas suelen exigir un pago para acceder a los baños públicos. Los grupos armados urbanos, por tanto, obtienen beneficios de la prestación de servicios públicos, lo que daña la confianza de la población en el gobierno y afecta negativamente a la salud pública al mismo tiempo.
Asentamientos como Mathare se convertirán en campos de batalla cruciales si el COVID-19 se extiende aún más en el África subsahariana, donde el 55 % de la población urbana vive en barrios marginales. Junto con el SARS, el MERS, la gripe porcina y el ébola, el coronavirus encaja en una tendencia de mayor incidencia mundial de enfermedades infecciosas en el siglo XXI, que los científicos creen que está vinculada en parte al número sin precedentes de personas aglomeradas en las ciudades. La investigación sobre los vínculos entre la salud pública y la urbanización ha demostrado que las periferias de las ciudades son especialmente susceptibles a las enfermedades infecciosas que cruzan la barrera de especie entre animales y humanos. Se cree que la pandemia de COVID-19, la epidemia de SARS de 2002–2003 y el ébola tienen su origen en animales.
Esto resulta sumamente preocupante para la salud pública mundial, ya que el patrón predominante del crecimiento demográfico de las ciudades en el mundo en desarrollo es precisamente la expansión urbana descontrolada que invade las zonas rurales: expansión horizontal mediante barrios marginales y periferias de bajos ingresos, en lugar de crecimiento vertical mediante edificios más altos. Este patrón expone a un número creciente de personas a un mayor contacto con posibles vectores de enfermedades “zoonóticas”, es decir, aquellas que se transmiten de animales a humanos. Un artículo de 2015 publicado en la revista Infection Ecology & Epidemiology afirma que los focos de transmisión de enfermedades de animales a humanos “a menudo se correlacionan donde el proceso de urbanización está en claro ascenso”.
Los fallos de gobernanza limitan aún más el alcance de las políticas públicas y su eficacia en los extensos barrios marginales. Los gobiernos a menudo no han podido o no han querido (o en ocasiones ambas cosas) proporcionar servicios e instituciones públicas. Con el aislamiento social que los gobiernos de todo el mundo han adoptado como medida fundamental contra el COVID-19, la combinación de densidad y falta de saneamiento en los barrios marginales resulta preocupante, por decirlo suavemente.
En el caso de América Latina, una región muy urbanizada en comparación con otras regiones en desarrollo, el director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró a Reuters que le preocupa que las condiciones de hacinamiento en los barrios marginales “puedan ser un acelerador de la transmisión”. Como Annie Wilkinson, experta en salud pública del Institute for Development Studies, ha planteado: ¿cómo pueden las personas cumplir las dos instrucciones gubernamentales más básicas, lavarse las manos a fondo y aislarse, “cuando el agua para las necesidades básicas escasea, por no hablar de los 20 segundos necesarios, y cuando el espacio es limitado y las habitaciones suelen compartirse'?
Guerras por el agua
El acceso al agua es otra deficiencia de los servicios públicos que tiene implicaciones tanto para la salud de los habitantes de los barrios marginales como para la estabilidad social en general. La falta de acceso fiable al agua potable en los barrios marginales ha servido como herramienta para que los grupos armados aumenten su control sobre las comunidades, haciéndose cargo del suministro de agua. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las mafias del agua aliadas con las alas armadas de partidos políticos en Karachi (Pakistán), así como con bandas criminales en Nairobi (Kenia).
Aunque las ciudades concentran muchas vulnerabilidades, también han sido escenario de respuestas políticas innovadoras a la pandemia. Los gobiernos municipales han diseñado y liderado respuestas al impacto sanitario y socioeconómico del COVID-19, que van desde cambios en los patrones del transporte público hasta medidas locales de apoyo de emergencia para emprendedores.
Un sitio web creado por ONU-Hábitat y sus socios enumera actualmente 133 iniciativas municipales de este tipo. Como ha señalado la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, ha declarado, los gobiernos locales y regionales “están en primera línea” de las respuestas, no solo en lo que respecta al desafío inmediato y significativo de mantener en marcha los servicios básicos, sino también en la mitigación del impacto socioeconómico a largo plazo en los sectores más pobres de la población y en la recuperación de la actividad económica.
Las intervenciones en el espacio urbano —por ejemplo, mediante mejoras en la vivienda, los servicios públicos locales o los espacios comunes— son herramientas clave para orientar la urbanización hacia resultados mejores y más seguros. Por el bienestar de la humanidad, estas mejoras deben ampliarse a escala mundial para reducir las vulnerabilidades en nuestro mundo cada vez más urbano.
