Los cambios normativos en el sector del automóvil podrían ayudar a las empresas a innovar y recuperarse tras la crisis de la COVID-19.
Muchas normas del sector están obsoletas y no se adaptan a inventos como los vehículos autónomos (VA), entre ellos los coches sin conductor y las furgonetas de reparto.
Ha llegado el momento de elaborar normas nuevas, coherentes y dinámicas que brinden a las empresas la certeza y la claridad que necesitan para invertir en el futuro.
El amplio impacto económico de la COVID-19 se hace más evidente cada día. Para muchos sectores, el principal desafío no consiste solo en combatir la pandemia, sino también en gestionar sus consecuencias económicas y sociales y encontrar las medidas adecuadas para hacerles frente. Esto es especialmente cierto en el caso de la industria automovilística, ya de por sí bajo presión. La crisis ha perjudicado gravemente la liquidez, el suministro, la producción y la demanda. Las empresas han tenido que cerrar fábricas y hacer frente al desplome de las ventas y a las interrupciones de las cadenas de suministro. Como resultado, los ingresos han caído en todo el mundo.
En muchos países, la industria automovilística es un motor clave del PIB y una fuente importante de empleo. Los problemas de este sector plantearán serios desafíos para el conjunto de la economía. Para superarlos, los fabricantes de automóviles ya están solicitando apoyo, y los gobiernos han respondido con medidas a corto plazo, como conceder ayuda financiera y facilitar el trabajo a jornada reducida. Sin embargo, se necesitan más medidas a medio y largo plazo. Gobiernos y empresas deberán empezar a prepararse para lo que vendrá una vez superada la fase aguda de la crisis. La cuestión dejará de ser cómo gestionar la crisis y pasará a centrarse en sus efectos a más largo plazo y en sus posibles repercusiones para el futuro del sector.
Un paso fundamental será fomentar la innovación. Simplificar y actualizar las normas sobre proyectos piloto y pruebas sería una forma de ayudar a las empresas a innovar, además de tener la ventaja de no requerir fondos públicos adicionales.
El sector automovilístico es uno de los más regulados del mundo. Muchas de estas normas son necesarias para garantizar la seguridad de las personas y proteger el medio ambiente. Sin embargo, otras se crearon para una concepción del automóvil y el transporte que ha cambiado desde entonces. Un ejemplo destacado es la aparición de vehículos autónomos (VA), como los coches sin conductor y las furgonetas de reparto. La normativa vigente no es adecuada para esta tecnología emergente. Por ejemplo, las normas de seguridad actuales exigen que los controles puedan ser accionados por una persona. En esencia, cualquier autorización para que un vehículo autónomo circule por vías públicas incluye exenciones de las normas y estándares vigentes.
Para empeorar las cosas, no existe una norma internacionalmente reconocida para registrar y certificar vehículos autónomos. En ocasiones, tampoco existe a escala nacional. La Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968 (en su versión de 2016) sigue exigiendo que haya un conductor al volante. Esto significa que el transporte sin conductor no es posible conforme a este tratado.
Por último, las normas suelen variar de un país a otro, lo que da lugar a un marco regulatorio muy fragmentado. La falta de armonización mundial contribuye significativamente a la carga normativa en este ámbito y también obstaculiza los cambios, por lo que las normas permanecen bastante estáticas.
Para las empresas que intentan innovar y lanzar nuevos productos al mercado, este panorama normativo rígido y fragmentado ha generado incertidumbre e imprevisibilidad. La complejidad regulatoria suele elevar los costes de producción en la industria automovilística. También puede ralentizar y frenar la innovación. Esto sigue siendo cierto y cobra aún más relevancia en una crisis económica, cuando es todavía más decisivo contar con una vía clara para llegar al mercado. Sin ella, existe el riesgo de perder impulso en el desarrollo y el despliegue futuro de una tecnología que podría beneficiar enormemente a la sociedad, al ofrecer un medio de transporte más seguro, respetuoso con el medio ambiente, eficiente y accesible.
Para aprovechar las grandes oportunidades de crecimiento, que serán más importantes que nunca, y garantizar que los efectos positivos beneficien a la sociedad y se mitiguen los riesgos, los gobiernos deberían dar forma de manera proactiva al futuro de la movilidad.
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A los instrumentos normativos tradicionales les resulta difícil seguir el ritmo del rápido avance tecnológico. En este contexto, una gobernanza ágil y flexible podría ofrecer soluciones capaces de adaptarse a una tecnología en cambio constante. En concreto, reducir la complejidad normativa en torno a los proyectos piloto y las pruebas podría ayudar a las empresas a innovar con seguridad y más rapidez. La claridad y la certeza normativa acelerarían el despliegue de los coches autónomos. Un diálogo transparente e inclusivo entre el gobierno y el sector podría responder a la necesidad de previsibilidad de la industria mientras planifica el futuro y busca el modelo de negocio adecuado.
Toda crisis brinda la oportunidad de romper con viejos hábitos y experimentar con nuevas formas de hacer las cosas. Para prepararse para lo que vendrá después de la crisis, los gobiernos deben replantearse las normas y diseñar un marco que ayude a las empresas a construir los coches del futuro.
