La recuperación tras la COVID-19 es una oportunidad para fomentar una economía oceánica verdaderamente sostenible.
Con este fin, el mundo debe trabajar unido para acabar con los subsidios perjudiciales que fomentan la sobrepesca y la explotación.
Los fondos deberían destinarse a fomentar prácticas pesqueras sostenibles, y la OMC tiene un papel crucial que desempeñar.
Se debate intensamente sobre dónde y cómo deberían los gobiernos aplicar estímulos en sus planes de recuperación económica posteriores a la COVID-19. ¿Apoyarán, por ejemplo, a sectores económicos que, como sabemos, causan daños irreversibles al medio ambiente y al mundo natural, como el sector de los combustibles fósiles? ¿O los planes de recuperación son una oportunidad única para por fin alinear nuestros patrones de producción y consumo con los imperativos medioambientales y los compromisos con el desarrollo sostenible?
La forma en que utilizamos e interactuamos con los recursos oceánicos debe formar parte de este debate. La decisión que enfrentamos es si seguimos destinando fondos públicos a prácticas que incentivan a grandes flotas y operaciones industriales de pesca que ponen en riesgo la vida en el océano o si, por el contrario, impulsamos medidas que nos ayuden a repoblar la vida oceánica y la biodiversidad marina. La Organización Mundial del Comercio (OMC) lleva muchos años debatiendo esta cuestión, que también está recogida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) respaldados hace cinco años por la Asamblea General de la ONU. Ha llegado el momento de actuar.
Por terrible que sea la COVID-19, puede tener un lado positivo: podría brindar al mundo la oportunidad de fomentar una economía oceánica sostenible que sitúe en primer lugar a las personas y la biodiversidad oceánica, diciendo no a los subsidios perjudiciales; es decir, aquellos que conducen a la sobrepesca y a la sobreexplotación.
La doble crisis de la COVID-19 y la pérdida de biodiversidad oceánica exige que los gobiernos de todo el mundo centren su gasto en lo que más nos importa, en lugar de financiar lo que nos perjudica poniendo en peligro la biodiversidad oceánica y los medios de vida de las decenas de millones de personas que dependen de ella.
En lugar de ser un obstáculo para frenar los subsidios pesqueros perjudiciales, por ejemplo, la pandemia debería considerarse una oportunidad para alcanzar en la OMC un acuerdo sostenible que elimine y/o reoriente los subsidios pesqueros perjudiciales actuales, estimados en 22 000 millones de dólares al año (véase la figura siguiente).
Mientras los gobiernos de todo el mundo siguen liberando fondos para apoyar a hogares de bajos ingresos, estudiantes, personas mayores y pequeñas y medianas empresas, el gasto debería destinarse a actividades económicas oceánicas benignas que refuercen la retroalimentación positiva de las personas hacia la naturaleza y viceversa, y no al revés. Los subsidios que ayudan a eliminar la sobrepesca, la sobrecapacidad, la pesca ilegal y otras actividades económicas oceánicas perjudiciales, así como a respaldar una transición económica baja en carbono (es decir, los denominados subsidios beneficiosos), son los que se necesitan.
Los subsidios obstaculizan los ODS
Los subsidios que se otorgan de forma desproporcionada al subsector industrial de la pesca a gran escala socavan los ODS al agravar el hambre, la pobreza y la desigualdad de género en las comunidades costeras de todo el mundo. Estas privaciones impuestas a las comunidades costeras que dependen de la pesca para subsistir obligan a los pescadores de estas comunidades a literalmente «aferrarse al último pez», reforzando así la retroalimentación negativa de las personas hacia la naturaleza y, en el ciclo siguiente, de la naturaleza hacia las personas.
En el caso de los subsidios pesqueros, disponemos de una ventana de oportunidad limitada para reorientar el enfoque de los subsidios actuales, pasando de resultados perjudiciales a beneficiosos, en la OMC, que actualmente negocia un acuerdo entre todos los países para disciplinar los subsidios pesqueros perjudiciales. Los gobiernos deberían prestar apoyo para aliviar la carga de la COVID-19 sobre el sector pesquero, y este apoyo debería estar completamente desvinculado de la sobrepesca. Esto significa que cualquier subsidio que reduzca el coste de la pesca (como los subsidios al combustible) o que sostenga artificialmente los ingresos procedentes de la pesca debe evitarse como si fuera el propio coronavirus. Asimismo, el apoyo debería destinarse a empresas que apliquen estrategias de reducción de carbono y a la implementación y el despliegue de energía oceánica limpia y renovable.
Los subsidios públicos deberían dirigirse a la vigilancia de la biodiversidad oceánica, así como a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático que generen empleo en comunidades afectadas de forma desproporcionada por la sobrepesca y el desarrollo de petróleo y gas, por ejemplo. Las comunidades indígenas, como el Clan Unist'ot'en de la Nación Wet'suwet'en de Canadá o el pueblo ogoni de Nigeria, por citar solo algunos casos, han estado en primera línea defendiendo el medio ambiente y sus derechos humanos. Los países deberían respaldar programas que ofrezcan oportunidades económicas alternativas a estos luchadores por la justicia ambiental y social, contribuyendo al mismo tiempo a una economía oceánica sostenible.
Los gobiernos disponen de numerosas opciones de estímulo fiscal que incidirán profundamente en el funcionamiento de nuestra sociedad, tanto durante como después de la crisis de la COVID-19. Para garantizar que las comunidades costeras y los participantes en la economía oceánica en general puedan seguir sosteniéndose a sí mismos y a sus familias tras la convulsión económica y social que nos ha impuesto la COVID-19, los gobiernos deben situar la sostenibilidad oceánica y a las personas en primer plano de cualquier política de gasto. La necesidad de intervenciones económicas brinda al mundo una oportunidad única para demostrar su capacidad de diseñar paquetes de subsidios que no refuercen la retroalimentación negativa entre las personas y la naturaleza, y viceversa.
En cierto modo, los peces son como las personas. Una persona sana está en mejores condiciones de resistir un ataque de la COVID-19 que una persona con afecciones preexistentes. La sobrepesca es una afección preexistente para las poblaciones de peces, por lo que eliminar los subsidios perjudiciales, reduciendo la sobrecapacidad y la pesca ilegal, permitirá que las poblaciones de peces se encuentren en mejores condiciones para resistir múltiples factores de estrés, como los derivados del calentamiento global, la acidificación de los océanos, la desoxigenación, los plásticos y otras formas de contaminación marina, y los múltiples impactos del aumento del transporte marítimo vinculado al comercio.
La urgencia de alcanzar una economía oceánica sostenible, entre otras cosas eliminando los subsidios perjudiciales, significa que el mundo no puede permitirse que la pandemia actual paralice las negociaciones en la OMC. Así, tras el aplazamiento de la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, deben encontrarse vías alternativas para que los negociadores se conecten y sigan trabajando si quieren alcanzar un acuerdo en 2020. Esta interrupción impone aún mayores responsabilidades a todos los ciudadanos del mundo, y en particular a los negociadores de la OMC, para dar a Embajador Santiago Wills, al Director General Roberto Azevêdo y al nuevo Presidente del Consejo General de la OMC, Embajador David Walker, nuestro pleno apoyo, de modo que puedan utilizar su liderazgo conjunto para impulsar un acuerdo que discipline los subsidios pesqueros perjudiciales antes de que termine este año.
Al alcanzar el objetivo anterior, demostrarían que, a pesar de sus críticos, la OMC puede ser una organización intergubernamental crucial capaz de lograr resultados.
