Muchos países tuvieron problemas para conseguir suficientes suministros médicos durante la crisis de la COVID-19.
La pandemia ofrece a los responsables de las políticas la oportunidad de aprender de esta experiencia y crear sistemas de contratación estratégicos y resilientes para el futuro.
Las alianzas público-privadas deberían ser el punto de partida. Aquí ofrecemos una guía
Europa y gran parte de Asia y Oceanía empiezan a dejar atrás la peor fase de la pandemia de COVID-19. Por ello, los responsables de las políticas y las autoridades sanitarias deben determinar la forma más eficiente y eficaz de garantizar la disponibilidad de equipos de protección personal (EPP) y otros dispositivos esenciales para hacer frente a futuros repuntes de contagios, ya sean de COVID-19 o de otras emergencias sanitarias. El agotamiento de estos suministros ha sido una característica común de las fases más agudas de la pandemia en los países más afectados, como Estados Unidos, Reino Unido e Italia.
Incluso Estados Unidos, que en 2003 estableció una «reserva estratégica nacional» de suministros médicos esenciales tras los atentados del 11 de septiembre, no pudo hacer frente al aumento de la demanda. La reserva federal, como muchos programas públicos, sufrió recortes presupuestarios durante los años en que las necesidades parecían menos apremiantes, además de una planificación y gestión deficientes, y muchos suministros quedaron obsoletos. Por ello, durante la emergencia de la COVID-19 no dio una respuesta coordinada y oportuna a las necesidades de los hospitales.
Italia y Reino Unido, que no contaban con ese mecanismo de seguridad, se apresuraron a comprar los artículos necesarios y delegaron las adquisiciones en entidades nacionales, como NHS Supply Chain Co-coordination Ltd en Reino Unido y Protección Civil en Italia. Estas intentaron abastecerse en el extranjero sin la experiencia, la agilidad ni el conocimiento necesarios de las cadenas de suministro mundiales, y al final no lograron conseguir todo lo que necesitaban. Para cubrir el déficit, los compradores de los hospitales empezaron a abastecerse por vías paralelas de proveedores locales, tanto consolidados como nuevos. En algunos lugares comenzó una producción local novedosa, con muchas dificultades por la falta de materiales adecuados y los cuellos de botella en los procesos de ensayo y aprobación.
La escasez de bienes esenciales durante el impacto de una pandemia mundial ha llevado a muchos gobiernos a reevaluar los riesgos de suministro y valorar la necesidad de trasladar de nuevo al país la producción de los dispositivos y productos farmacéuticos que ahora se fabrican en gran medida en Asia (principalmente en China y la India). Desde esta perspectiva, es crucial que los gobiernos coordinen mejor las políticas de desarrollo económico y de contratación sanitaria. Los incentivos y una contratación pública sofisticada podrían estimular la producción nacional; en la última década, esta contratación se ha concebido principalmente con el objetivo de reducir costes, sobre todo en países con un servicio nacional de salud, como Italia y Reino Unido.
En la crisis, una oportunidad
La pandemia de COVID-19 ofrece la oportunidad de diseñar estrategias de contratación orientadas a la resiliencia, basadas en seleccionar proveedores fiables, crear una cartera de proveedores que pueda activarse en caso de emergencia y utilizar contratos que permitan flexibilidad y garanticen los resultados. Para ello, se necesitan soluciones diseñadas conjuntamente por los sectores público y privado, posibles solo cuando los gobiernos están abiertos y dispuestos a negociar con entidades del sector privado. Así, la contratación pasaría de un enfoque basado en el cumplimiento normativo a otro centrado en la gestión de riesgos y la colaboración.
Garantizar la disponibilidad de artículos esenciales durante las perturbaciones de la oferta y la demanda podría ser el primer ámbito en el que se ponga a prueba este enfoque estratégico de la contratación basado en la colaboración público-privada.
Según Paolo Mazzoni, director de Gobierno y Asuntos Públicos de 3M en Italia, la forma más eficiente de que los gobiernos garanticen la disponibilidad de dispositivos esenciales es seleccionar un grupo de proveedores fiables a los que comprar existencias disponibles para utilizarlas cuando haga falta. Esto permitiría que esos proveedores experimentados planificaran su producción y almacenamiento para mantener las existencias plenamente aprovechadas y evitar el desperdicio. También se podría confiar al operador privado la garantía de la continuidad del suministro a los hospitales, incluso durante una emergencia, y este podría ayudar al sistema sanitario a evaluar correctamente las necesidades, evitar las compras por pánico y la fragmentación de la demanda. En virtud de un acuerdo de este tipo, el gobierno pagaría una tarifa más próxima al coste del capital circulante del proveedor y abonaría el precio completo solo si se utilizan efectivamente los suministros. Esta solución podría ofrecer una mejor relación calidad-precio que la compra y gestión directa de un almacén.
Otros ejemplos de enfoques innovadores incluyen la telemedicina, los sistemas avanzados de análisis de datos combinados con inteligencia artificial y la transformación digital de los servicios sanitarios, así como la transición a la medicina de precisión.
En un contexto en el que los gobiernos intentan hacer frente a la escasez de suministros, son altos los riesgos de malgastar fondos públicos o adoptar formas de proteccionismo. Por tanto, distintos enfoques de contratación, en los que las autoridades públicas actúen como compradores sofisticados para estimular la innovación y la productividad mediante un mayor diálogo y colaboración entre los sectores público y privado, en coordinación con las políticas de desarrollo local, podrían mejorar la asequibilidad, la sostenibilidad y la resiliencia general. Esto también exige un nuevo liderazgo público y privado, colaborativo y convergente, que genere confianza y valor público.
Las consecuencias de la COVID-19 ofrecen una gran oportunidad que no se puede desaprovechar, especialmente en el marco del plan de la Unión Europea «Next Generation EU», que pone a disposición 750.000 millones de euros (850 millones de dólares) para ayudar a los Estados miembros a reconstruirse tras la crisis.
