Los confinamientos por la COVID-19 han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de quienes trabajan en la economía informal y carecen de cualquier seguro social.
En la región de Asia-Pacífico, los trabajadores informales representan casi el 60 % del empleo no agrícola, una proporción superior a la de otras partes del mundo.
Por ello, es necesario adoptar medidas de política para ayudar a estos trabajadores, no solo durante la pandemia, sino también después.
Los confinamientos totales o parciales para frenar la propagación de la COVID-19 están teniendo efectos devastadores en las empresas y los trabajadores de toda Asia, como también ocurre en otras partes. Entre los trabajadores más vulnerables están quienes tienen empleos a tiempo parcial y temporales sin seguro social, así como quienes trabajan en sectores de la economía que no están sujetos a impuestos ni regulados por ninguna forma de gobierno.
Conocidos como trabajadores informales, son especialmente vulnerables a las caídas drásticas de ingresos y a la pérdida de sus medios de vida.
Las respuestas de política eficaces deben llegar rápidamente a los trabajadores informales y sus familias para evitar que caigan aún más en la pobreza.
Los trabajadores informales representan una gran proporción de la fuerza laboral en muchos países de la región, pero por lo general no tienen acceso a licencias por enfermedad ni a prestaciones por desempleo. Su acceso a las prestaciones de salud suele ser precario. Además, muchos de ellos no tienen ahorros o cuentan con muy pocos. Muchos trabajadores, en particular los autónomos y quienes cobran un jornal, viven al día. Si no pueden trabajar durante períodos prolongados, los ingresos de sus familias corren peligro. Proteger sus ingresos —ya sea aumentando las prestaciones por desempleo, reduciendo los impuestos sobre la renta o ampliando las licencias remuneradas por enfermedad— y llegar a ellos mediante transferencias es casi imposible.
El tiempo lo es todo. Las respuestas de política eficaces deben llegar rápidamente a los trabajadores informales y sus familias para evitar que caigan aún más en la pobreza y proteger sus medios de vida. Pese a las limitaciones presupuestarias y de capacidad, los países de la región están aplicando medidas para ayudar a los más vulnerables. Sin embargo, dada la magnitud del impacto económico, hace falta mucho más.
La informalidad generalizada en la región
En la región de Asia-Pacífico, los trabajadores informales representan casi el 60 % del empleo no agrícola, una proporción superior a la de América Latina y Europa Oriental, que oscila entre alrededor del 20 % en Japón y más del 80 % en Myanmar y Camboya. Este grupo incluye a trabajadores con características muy diversas en cuanto a situación laboral, ingresos y sector de actividad. Abarca tanto a trabajadores asalariados sin protección social ni otros mecanismos formales de seguro en empresas del sector informal y formal, como a trabajadores autónomos, por ejemplo vendedores ambulantes y familiares que contribuyen al negocio, además de jornaleros.
Los trabajadores informales tienen el doble de probabilidades que los formales de pertenecer a hogares pobres. Aunque algunos de estos hogares reciben transferencias, la cobertura y la suficiencia de las prestaciones para hacer frente al impacto de la COVID-19 siguen siendo un problema.
Respuestas de política
A medida que los países de toda la región despliegan amplias redes de protección de emergencia, va surgiendo un mosaico de soluciones de política, tanto nuevas como ya existentes.
Ampliar los programas existentes de asistencia social. La ampliación temporal de los programas existentes ha permitido extender la cobertura a más personas (por ejemplo, en Vietnam) y aumentar las prestaciones (por ejemplo, en Bangladesh). Nepal y la India han intensificado las transferencias en especie y en efectivo para los hogares pobres y los trabajadores del sector informal, mientras que Indonesia ha aumentado los subsidios a los servicios públicos para los hogares pobres.
Introducir nuevas transferencias. Tailandia estableció una transferencia en efectivo de 153 dólares estadounidenses durante tres meses para hasta 10 millones de agricultores y 16 millones de trabajadores no cubiertos por el programa de seguridad social, mediante plataformas de pago digital sin efectivo (Promptpay). En Vietnam, se usa la información de las facturas de impuestos y servicios públicos para otorgar una nueva transferencia en efectivo a los hogares informales y a los trabajadores autónomos que tuvieron que cerrar temporalmente sus negocios.
Establecer programas de obras públicas. En Filipinas se han puesto en marcha medidas como el empleo de emergencia para trabajadores del sector informal, a fin de apoyar algunos de los servicios médicos más básicos en las zonas en cuarentena.
Preservar los medios de vida mediante la retención del empleo, prestando apoyo a las pequeñas empresas para ayudarlas a sobrevivir. Por ejemplo, Malasia ha establecido subvenciones especiales para microempresas que contraten a menos de 5 trabajadores.
De cara al futuro: un «nuevo pacto» pospandémico para la región
El brote de COVID-19 ha dejado al descubierto las dificultades para proteger a los trabajadores informales y los hogares vulnerables de Asia. Sin embargo, estas circunstancias extraordinarias también ofrecen la oportunidad de abordar desigualdades arraigadas —en el acceso a la salud y los servicios básicos, a la financiación y a la economía digital— y de reforzar la protección social de los trabajadores informales.
La pandemia ya está transformando las normas convencionales sobre la prestación de servicios educativos y la asistencia social: internet, los dispositivos móviles y las plataformas de pago digital llegan a sectores de la población más amplios que nunca. Lo que necesitan ahora los trabajadores informales es un «nuevo pacto» que les proporcione protección social inmediata frente a las consecuencias económicas de la pandemia y, al mismo tiempo, siente las bases de una red de protección más sólida para el futuro. ¿Cómo se puede lograr?
Asegurar lo básico. Si se dispone de asistencia internacional y financiación interna, los países de Asia en desarrollo deberían destinarlas a dar una respuesta eficaz de salud pública, reforzar las infraestructuras sanitarias públicas y ampliar la cobertura, además de subsanar las deficiencias en el acceso al agua potable y el saneamiento.
Establecer redes de protección más amplias e inclusivas. Los gobiernos podrían usar sistemas de identificación ciudadana y tecnologías digitales, como el sistema biométrico Aadhaar de la India, para que los programas de protección social lleguen con mayor rapidez y eficiencia a las personas que corren más riesgo y puedan ampliarse en tiempos de crisis. La tentación de introducir transferencias universales en efectivo, «dando dinero a todo el mundo», debería moderarse con el objetivo de garantizar un apoyo suficiente a las personas más vulnerables a un costo fiscal razonable.
Invertir en capacidad digital y ancho de banda. En todo el mundo en desarrollo, ampliar la disponibilidad de plataformas digitales para la educación y los servicios financieros contribuiría a garantizar un acceso mayor y más equitativo para todos.
Abordar la informalidad generalizada en Asia también exigirá medidas integrales para mejorar el entorno empresarial, eliminar los onerosos obstáculos legales y regulatorios (especialmente para las empresas emergentes) y racionalizar el sistema tributario. Las políticas específicas dependerán de las circunstancias de cada país, pero deberían buscar incorporar a los trabajadores informales a las redes básicas de protección social y, al mismo tiempo, aumentar su productividad.
