• La transparencia y la rendición de cuentas no deben perderse en las prisas por responder a la COVID-19.
• Establecer procesos sólidos y mecanismos de rendición de cuentas en este momento es una oportunidad no solo para evitar la corrupción, sino también para reconstruir la confianza.
Los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía afrontan un desafío sin precedentes y deben mostrar resiliencia y encontrar medidas eficaces para abordar las consecuencias de la COVID-19 relacionadas y no relacionadas con la salud. Mientras esta crisis sin parangón pone bajo presión los sistemas sanitarios, la seguridad de las personas y la economía, es imperativo que la transparencia y la rendición de cuentas sigan ocupando un lugar central en la respuesta mundial. Esta generación será juzgada por la forma en que gestione esta situación, y debemos asegurarnos de que la buena gobernanza esté en el centro de un nuevo orden social y económico.
La lucha contra la corrupción debe considerarse un valor y no una prioridad, ya que las prioridades pueden ser objeto de arbitrajes dentro de las empresas.
Patrick Pouyanné, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de Total; copresidente de la iniciativa del Foro Económico Mundial Partnering Against Corruption
Los líderes mundiales deben reclamar cooperación global, multilateralismo inclusivo y alianzas innovadoras para detener la pandemia y limitar sus repercusiones humanas y económicas. Sin embargo, esto solo puede ocurrir si la ciudadanía percibe transparencia, integridad y confianza en el funcionamiento de los gobiernos y las empresas. Lamentablemente, la corrupción suele prosperar en épocas de incertidumbre y podría socavar la respuesta a la pandemia. El año pasado estuvo marcado por la falta de confianza en los líderes políticos, cuando estallaron numerosos escándalos de corrupción en todo el mundo, como destacó el Barómetro de Confianza Edelman de 2019.
La respuesta a la COVID-19 debe centrarse ante todo en salvar vidas y abordar las consecuencias sanitarias y socioeconómicas. Sin embargo, los principios de transparencia, justicia y buena gobernanza deben sustentar todas las medidas en todo momento. De este modo, la crisis puede convertirse en una oportunidad para construir un nuevo contrato social basado en la confianza, la solidaridad y la transparencia. Por ejemplo, cuando situaciones críticas como la crisis de la COVID-19 exigen medidas extraordinarias, los líderes políticos deben explicar por qué no se siguen determinadas normas y cómo se sigue exigiendo rendición de cuentas. Esta es una oportunidad para reconfigurar la situación actual de los asuntos mundiales y establecer un sistema que permita cadenas de suministro sostenibles, contribuya al bienestar de todos los trabajadores y proteja el medio ambiente.
A continuación se presentan tres aspectos que no deben pasarse por alto al elaborar soluciones para hacer frente a la COVID-19 y evitar el riesgo de corrupción:
1. Integridad y cumplimiento
Esta crisis está poniendo a prueba los sistemas y programas de cumplimiento normativo. En un contexto de recesión económica, muchas organizaciones buscarán formas de reducir costes y tomar atajos, lo que aumentará el riesgo de adentrarse en terreno peligroso y comprometer sus estándares. En la sociedad en general, la incertidumbre que vivimos puede alimentar la ansiedad, y es probable que aumenten las oportunidades de soborno a medida que la ciudadanía busque acceder a tratamientos médicos. Este fenómeno no es nuevo y se observó ampliamente durante la crisis del ébola, según informó aquí Transparencia Internacional.
Por mi experiencia, estoy 100 % seguro de que una empresa gestionada con integridad y dotada de un buen marco de gobernanza está mejor preparada para superar la crisis y afrontar el entorno económico futuro.
Nicola Bonucci, director gerente de Investigaciones y Cumplimiento, Paul Hastings (Europe) LLP
2. Preparación digital
Esta crisis pone de relieve la necesidad de una mayor preparación digital y la oportunidad de avanzar más en la transformación digital de las empresas y los gobiernos, por ejemplo, mediante herramientas de administración electrónica (automatización de procesos internos) y servicios públicos digitales (obtener un documento de identidad, pagar impuestos). Los gobiernos deberán invertir en esas infraestructuras y, además, garantizar que puedan proteger los datos críticos. La transparencia debe ser el principio rector de toda agenda digital gubernamental para mantener la confianza de la ciudadanía y proteger sus derechos humanos fundamentales, incluida la privacidad.
Es preciso proteger las inversiones en infraestructura digital para reforzar la resiliencia digital de nuestros países y garantizar el acceso universal a los servicios públicos en tiempos de crisis. La crisis pone de relieve la necesidad de acelerar la transformación digital de nuestros gobiernos.
Carlos Santiso, director de Innovación Digital en el Gobierno, Banco de Desarrollo de América Latina CAF
Otros motivos para invertir en infraestructura digital, especialmente durante la COVID-19, son los riesgos de ciberseguridad derivados de que una gran parte de la fuerza laboral mundial trabaje a distancia, así como la necesidad de ofrecer educación en línea, de la que quedan excluidas al menos 3.000 millones de personas que carecen de acceso a internet. La tecnología se ha convertido en la mayor aliada de la transparencia y en una herramienta fundamental contra la corrupción. Puede afianzar la integridad en el sector público si se implementa con mecanismos adecuados de rendición de cuentas para proteger los datos. Debe utilizarse para acelerar la lucha contra la corrupción y reconstruir la confianza en la sociedad.
3. Agilidad frente a transparencia
La actual emergencia sanitaria está sometiendo a una presión considerable a nuestros sistemas sociales y económicos. El temor a perder más vidas, junto con un panorama económico sombrío y otras presiones, pone a prueba a los líderes mundiales. En su búsqueda de formas de mitigar las repercusiones sanitarias y económicas, se están tomando decisiones críticas, a veces basadas en información incompleta. No cabe duda de que se necesita una respuesta ágil, y que los procesos de toma de decisiones concebidos para tiempos «normales» deben revisarse y replantearse para estar a la altura de la situación. Sin embargo, actuar en estado de emergencia con las mejores intenciones podría abrir la puerta a la opacidad y, con el tiempo, a una mayor exposición a la corrupción. Lamentablemente, los problemas de integridad en la prestación de servicios y el suministro de productos sanitarios no son infrecuentes en circunstancias normales ni al responder a crisis humanitarias. En un momento en que se preparan protocolos de contratación de emergencia y grandes paquetes de estímulo financiero para abordar tanto los desafíos sanitarios inmediatos como los económicos y de desarrollo, la transparencia es una de las herramientas más eficaces de que dispone la sociedad para lograr resultados efectivos.
La agilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria no tiene por qué entrar en conflicto con los principios fundamentales de transparencia y buena gobernanza.
Pedro G. Gómez Pensado, director de la Iniciativa de Asociación contra la Corrupción
Ahora más que nunca, los líderes empresariales deben actuar con liderazgo ético e integridad, tal como establece el Consejo Global del Futuro sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción en su Agenda para la integridad empresarial. Además, la coordinación y la solidaridad entre las mayores economías del mundo trazarán un camino hacia la responsabilidad colectiva entre la ciudadanía y los gobiernos, así como hacia una cultura de integridad.
Es evidente que se necesita garantizar que se adopte una perspectiva centrada en las personas y alineada con los derechos respecto de estos límites, tanto durante cualquier periodo de emergencia como después, para proteger debidamente los derechos humanos de la ciudadanía y nuestro bienestar global colectivo.
Nicole Bigby, socia y asesora jurídica general para EMEA y Asia, Bryan Cave Leighton Paisner LLP
