La COVID-19 podría hundir nuestro frágil sistema económico en una depresión.
La comprobación de recursos para conceder prestaciones crea una trampa de pobreza que desincentiva a las personas a aceptar un empleo.
Una renta básica aumentaría el incentivo para aceptar cualquier empleo que llegue a estar disponible.
Tras defenderla y ponerla a prueba durante más de tres décadas, siempre he considerado que la renta básica se justifica principalmente por razones éticas, para construir una buena sociedad, aunque la economía pudiera sobrevivir sin ella. Ahora, en esta pandemia, la economía no sobrevivirá sin ella.
Para entender por qué, debemos tener presente que la recesión que se avecina estaba a punto de producirse, porque el sistema económico mundial se había vuelto excepcionalmente frágil. Se había convertido en capitalismo rentista, no en capitalismo de libre mercado, que beneficia desproporcionadamente a quienes viven de los ingresos de sus propiedades o inversiones.
Las reformas iniciadas en la década de 1980 bajo la influencia de la Sociedad Mont Pelerin y la Escuela de Derecho y Economía de Chicago crearon oportunidades para que intereses poderosos establecieran un sistema institucional por el que cada vez más ingresos fluyeran hacia los propietarios de activos físicos, financieros y de la llamada propiedad intelectual.
Un resultado bien conocido fue que la participación del trabajo en la renta nacional disminuyó en todo el mundo, mientras surgía una nueva estructura de clases, con una plutocracia que acumulaba una riqueza obscena y un enorme poder económico y político, y un «precariado» en rápido crecimiento, condenado a vidas fragmentadas y a sobrevivir en condiciones precarias al borde de una deuda insostenible.
En 1942, William Beveridge elaboró un informe que marcó la época de posguerra. En él afirmaba que el desafío consistía en vencer a cinco gigantes: la enfermedad, la ociosidad, la ignorancia, la miseria y la necesidad. Creo que hoy la combinación del capitalismo rentista, una revolución tecnológica y una globalización desenfrenada ha creado ocho gigantes modernos : la desigualdad, la inseguridad, la deuda, el estrés, la precariedad, la automatización, la extinción y el populismo neofascista. Se podría llamar al coronavirus el noveno gigante o el detonante que empuja a un sistema mundial frágil hacia una posible depresión.
Una comparación posible es la gripe española de hace 100 años. Causó más de 40 millones de muertes en todo el mundo. Pero, aunque hubo una recesión, no fue nada comparada con lo que se avecina ahora. En 1920, Estados Unidos, una superpotencia económica en ascenso, pudo recuperarse porque contaba con resiliencia incorporada. La deuda privada era inferior al 50% del PIB, la deuda empresarial era insignificante y las finanzas no dominaban la economía.
En cambio, antes de que azotara la pandemia de coronavirus, la deuda privada estadounidense superaba el 150% del PIB, la deuda empresarial era del 73% y las finanzas representaban el 350% del PIB. Además, la mayoría de las grandes empresas estaban integradas en cadenas mundiales de suministro, en las que cabía esperar que cualquier interrupción afectara a toda la cadena. Era un sistema económico increíblemente frágil.
Incluso una recesión pequeña, en esas circunstancias, tendría efectos negativos en espiral. Esta no es pequeña. Muchos millones de personas no podrán pagar sus deudas, lo que provocará desalojos masivos, problemas sociales, violencia y algo peor, mientras numerosas empresas y pequeñas empresas se declararán insolventes.
Hemos visto despegar los rescates, con nuevos y sofisticados instrumentos monetarios que cobran protagonismo. Existe el peligro de que se intente repetir la estrategia posterior a 2008 de expansión cuantitativa combinada con austeridad fiscal, con recortes del gasto social público que han dejado a todos los países de la OCDE vergonzosamente mal preparados para la fase de rescate de la pandemia. Las desigualdades se intensificarán y se fortalecerá a otros gigantes.
En última instancia, este es el mayor choque de demanda de la historia moderna. Ahí es donde entra en juego la renta básica, que pasa de ser deseable a esencial. Tras años de aislamiento intelectual, hoy la renta básica está encontrando adeptos y defensores abiertos en todo el espectro político. Debemos esperar que eso lleve a más políticos a mostrar algo de firmeza en este debate.
Será importante tener en cuenta las lecciones aprendidas en proyectos piloto y otros experimentos. El diseño importa mucho. Una renta básica consiste en el pago de una cantidad modesta en efectivo o su equivalente a las personas, no a los hogares, cuya estructura podría perjudicar fácilmente a sus integrantes más vulnerables. La igualdad de género individualizada importa en todo momento.
No se trata de pagos de capital en una suma global. Ese es un error que se está cometiendo en varios países. Estos pagos tienen varias desventajas, entre ellas un efecto de «falta de fuerza de voluntad», que induce una mentalidad de apostar y gastarlo todo de una vez, lo que deja a la persona vulnerable en la siguiente etapa. Los pagos modestos y periódicos promueven una mejora gradual de la conducta y las capacidades. En nuestros proyectos piloto, hemos visto cómo.
La renta básica debería ser cuasiuniversal. No debería llamarse renta básica universal porque, por razones pragmáticas, tendría que aplicarse únicamente a los residentes legales habituales, no a los ciudadanos que viven en el extranjero ni a los migrantes recién llegados; de lo contrario, podría provocar una oleada migratoria y una oposición xenófoba. Esto no significa que se deba dejar de ayudar a los migrantes y refugiados. Se les debería ayudar mediante otros programas y en mayor medida que hasta ahora.
Un sistema de renta básica debería diseñarse de modo que todos tengan la misma seguridad básica o el mismo acceso a los recursos de subsistencia. Esto significa que se deberían conceder suplementos a quienes tienen mayores costos de vida y menor capacidad de generar ingresos, como las personas con discapacidades o fragilidad, para que, en la práctica, reciban una renta básica igual a la de los demás.
La renta básica no debe estar sujeta a una comprobación de recursos. Los programas focalizados en las personas pobres resultan superficialmente atractivos para quienes saben poco de política social. Sin embargo, hay un dicho atribuido a Richard Titmuss según el cual las prestaciones destinadas únicamente a las personas pobres siempre son prestaciones pobres. La focalización exige comprobar los recursos, lo que implica que una persona empobrecida que intenta aumentar sus ingresos laborales se enfrenta a una trampa de pobreza: pierde prestaciones y, en muchos casos, acaba en peor situación si acepta un empleo mal remunerado. Esto es analfabetismo económico. Además, estudios de todo el mundo muestran que cada prestación sujeta a comprobación de recursos conlleva numerosos errores de exclusión, por los que muchas personas que deberían recibirla no lo hacen. Quienes defienden esa comprobación deberían afrontarlo de una vez por todas.
Es fundamental que un sistema de renta básica sea una fuente de seguridad básica duradera, es decir, que esté garantizada y no pueda retirarse. En ese sentido, sería prudente que los gobiernos dejaran claro que se pagaría mensualmente durante al menos toda la pandemia y la recesión. Esa seguridad es psicológicamente importante. Es una de las razones para no usar la expresión «dinero caído del cielo». Otra es que evoca una imagen de billetes revoloteando y cayendo en lugares donde los más aptos serían los primeros en atraparlos.
Por último, un sistema de renta básica podría actuar como estabilizador macroeconómico automático, como se suponía que hacían los programas de bienestar social de antaño. Es decir, una comisión independiente podría ajustar el importe en función de la profundidad de la recesión o de la solidez de la recuperación económica.
Aunque debe ser solo una de un conjunto de políticas correctivas, una renta básica tiene mucho más sentido económico y social que la alternativa que están aplicando algunos países: conceder cuantiosos subsidios salariales. Administrarlos será caótico, serán ineficientes y escandalosamente regresivos, y generarán incentivos económicos perversos. Si se paga a un empleado el 75% o el 80% de su salario a condición de que no trabaje, eso claramente desincentiva cualquier trabajo. También es analfabetismo económico. ¿Y qué principio moral se respeta cuando el Estado regala a una persona con ingresos altos cinco veces más —o más— que a un integrante del precariado con un salario bajo? Eso es lo que están haciendo.
A diferencia de los subsidios que atrapan a las personas en lo que podrían ser empleos sin futuro y de las prestaciones sujetas a comprobación de recursos que las sumen en trampas de pobreza, una renta básica aumentaría realmente el incentivo para aceptar cualquier empleo disponible. La persona solo pagaría el tipo impositivo habitual sobre sus ingresos laborales y no se enfrentaría a una trampa de pobreza que, en la mayoría de los países, supone una carga del 80% o más para las personas con bajos ingresos que pasan de recibir prestaciones a empleos mal remunerados como los que podrían conseguir.
En resumen, una renta básica podría generar la demanda de bienes y servicios básicos que necesitará la economía y dar a las personas y sus comunidades la resiliencia que todos necesitaremos. Y su belleza está en lo que viene después. Facilitará que dediquemos más tiempo, y con mayor satisfacción, a cuidar de los demás, de nuestros seres queridos y de las comunidades que deberíamos querer reconstruir.
Incluso podríamos descubrir que, al reducir la desigualdad y la inseguridad, también nos ayudará a afrontar la amenaza existencial del calentamiento global y el deterioro ecológico. Esa es la promesa, si tenemos el valor.
