La respuesta de las instituciones políticas a la pandemia podría ser un ensayo general decisivo para una transición hacia un modelo económico diferente frente al cambio climático;
la forma en que las instituciones nacionales trabajan con el individuo para generar la confianza suficiente que guíe la transición será crucial;
los esfuerzos por un mundo seguro frente al clima deben pasar de los debates técnicos a la concepción de la arquitectura institucional adecuada que respalde este cambio.
Cuando Hannah Arendt, filósofa germano-estadounidense, reflexionó sobre el inicio de la era nuclear, observó que un mundo que relega las cuestiones existenciales únicamente al lenguaje técnico y científico es un mundo en el que las personas han perdido la capacidad de ser autoras de su propia vida.
La preocupación de Arendt por el Estado tecnocrático era extrema, producto de su experiencia vital y de la época en que vivió. No obstante, señalaba un desafío fundamental: si no existe un lenguaje confiable que pueda someter las decisiones al debate político, es poco probable que las instituciones políticas creen espacios en los que todas las personas participen y que produzcan soluciones políticamente legítimas a problemas de la vida real.
¿Cómo afrontamos problemas definidos científicamente, pero que resolvemos a través de sistemas políticos diseñados para ofrecer un espacio en el que todos puedan ser autores de su propia vida y contribuir a la acción colectiva? La pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto la complejidad de estas respuestas de políticas basadas en la ciencia y ha planteado profundas cuestiones políticas.
Un sistema eficaz de rastreo y seguimiento o confinamientos localizados y draconianos, por ejemplo, permiten contener quirúrgicamente la epidemia, pero exigen una vulneración significativa de la privacidad y la libertad individuales, derechos que tienen profundas raíces en la historia política de muchos países.
Pese a estas complejidades, y con algunas notables excepciones, la respuesta de la mayoría de los países ha sido impresionante tanto en escala como en alcance. Como mínimo, resulta notable que, incluso sin experiencia previa, muchos países hayan optado por paralizar sus economías a un coste sin precedentes para proteger a los más vulnerables de la sociedad.
Algunos han observado que una respuesta de este tipo a la pandemia ha proporcionado un ensayo general decisivo sobre cómo podrían desenvolverse las instituciones políticas al sostener una transición guiada por la ciencia hacia un modelo económico diferente frente al cambio climático. Innumerables informes describen tecnologías que podrían ayudar a evitar los peores efectos del cambio climático, desde la energía solar, los diques marinos y los parques eólicos hasta los cultivos resistentes a la sequía y la restauración forestal. Todas ellas forman parte de una lista creciente de ingredientes del plan de transición técnica más ambicioso jamás concebido.
Pero, al igual que con la pandemia, la transición, aunque informada por la ciencia, dará lugar a una distribución de impactos y costes que, en el mejor de los casos, será desigual, y a importantes desafíos políticos si no se gobierna bien. Las personas experimentarán estos acontecimientos de formas muy diferentes y con consecuencias materiales distintas. Dichas consecuencias materiales pueden ser o no económicamente significativas, pero serán políticamente relevantes.
Para garantizar que la política se movilice plenamente en favor de la aplicación, las personas necesitarán instituciones nacionales confiables que les ayuden a comprenderla, especialmente si han de asumir parte de estos costes. Aquí es donde la pandemia deja una lección importante. En los países que han aplicado con éxito confinamientos, las instituciones de salud pública se han ganado la confianza suficiente para orientar esas decisiones, y esa confianza no surgió simplemente por ser instituciones científicas.
El papel privilegiado de la ciencia médica en la política contemporánea es el resultado de décadas de trabajo en primera línea. La salud es el mayor gasto en las cuentas nacionales de la mayoría de los países, con un importe cercano al 10 % del PIB en los países de la OCDE. En muchos de estos países, buena parte de ese gasto es público, parte de las promesas de bienestar de la posguerra mundial que han llevado al Estado a convertirse en el mayor actor económico de la economía moderna. Coordina y presta una infinidad de servicios que las personas experimentan a lo largo de su vida. También impulsa un enorme sector privado que comparte el mismo marco científico básico.
La salud también está muy burocratizada: todos los países cuentan con un ministerio de sanidad, que coordina los gastos del Estado; estructuras de asesoramiento científico, instituciones integradas por expertos médicos y sanitarios; y, de forma crucial, extensas organizaciones de prestación de servicios –hospitales, clínicas– con un alcance territorial capilar. Todos estos elementos están unidos por un cuerpo común de conocimientos y un marco epistemológico compartido.
El hecho de que el médico de familia pertenezca a la misma arquitectura institucional que los asesores gubernamentales y la investigación farmacéutica garantiza que el lenguaje médico no se pierda por completo para el público y que la salud individual pueda formar parte de la historia de la capacidad de actuación política individual. Es esa compleja arquitectura la que ha generado la confianza de la que gozan los responsables sanitarios para influir legítimamente en las políticas.
Como ensayo general para un cambio disruptivo, la respuesta a la crisis de la COVID-19 es, por tanto, instructiva. Los cambios suficientemente radicales en la naturaleza de nuestro entorno construido y natural, y en nuestra economía, plantearán un desafío fundamental sobre cómo gobernamos el territorio y sobre quién hace qué, dónde y en beneficio de quién. Para que esos desafíos se resuelvan al servicio de una comunidad común, la política y los principios políticos importan incluso más que las recetas técnicas detalladas. La calidad de las instituciones nacionales que deben tanto asesorar al Estado como dar voz a la experiencia del individuo importará enormemente.
Aunque existe amplia arquitectura internacional para abordar el cambio climático, falta una teoría común para las instituciones nacionales. ¿Cuál es el equivalente de la institución de salud pública del siglo XX que ayudará a las sociedades y a las personas a afrontar los desafíos que plantea la mayor transición económica y territorial de la historia de la humanidad?
Es poco probable que la respuesta dependa de crear instituciones completamente nuevas; no hay tiempo suficiente para ello. Las instituciones existentes ofrecen bloques de construcción que quizá deban reorganizarse para afrontar lo que se avecina. Las instituciones educativas, por ejemplo, son vehículos importantes para la alfabetización general y es posible que deban desempeñar un papel mucho más constante para ayudar a las personas a comprender su experiencia en un mundo cambiante. Las universidades son los centros de formación de la generación de profesionales que guiarán la transición y que deben compartir un lenguaje y una epistemología básicos.
Las instituciones públicas que se ocupan del territorio (ministerios de agricultura, de medio ambiente, de energía y de agua) están actualmente organizadas para reflejar categorías económicas, pero deberán coordinarse entre sus ámbitos para ofrecer un territorio nacional resiliente a un entorno planetario distinto. Un asesoramiento coherente sobre el estado del medio ambiente y la eficacia de las intervenciones de política pública requerirá un enfoque disciplinar similar al que la epidemiología aplica a la salud pública.
Las instituciones políticas que convierten la experiencia individual en capacidad de actuación colectiva son fundamentales para nuestra vida social. Sin embargo, para generar confianza, también se necesita una arquitectura institucional sólida, capilar y reputada, que pueda tanto asesorar a los procesos políticos como garantizar a los ciudadanos individuales la legitimidad de su conocimiento.
En definitiva, una lección crucial de la pandemia es esta: los esfuerzos por lograr la transición hacia un mundo seguro frente al clima deben pasar de los debates técnicos sobre lo que debería ocurrir a la concepción de la arquitectura institucional que sitúe al ciudadano individual y a su capacidad de actuación política en el centro de una transición basada en la ciencia.
