En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de marzo de 2023, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a los Estados miembros que «dieran vida a la agenda de acción sobre el agua».
Esto significa desarrollar infraestructuras resilientes, redes de distribución de agua y planes de tratamiento de aguas residuales, así como establecer sistemas de alerta temprana ante desastres naturales, señaló.
Pero esos compromisos deben contar con financiación garantizada y legislación jurídicamente vinculante, sostiene una científica del clima.
Aquí, ella expone la complejidad del problema mundial de garantizar agua potable limpia para todos: un derecho humano básico.
Dirigentes y autoridades se reunieron recientemente en Nueva York para la primera conferencia de la ONU sobre el agua en décadas. Se esperaba que se lograran avances decisivos para garantizar que todo el mundo tuviera acceso al agua potable segura y al saneamiento.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a los Estados miembros que «dieran vida a la agenda de acción sobre el agua» mediante el desarrollo de infraestructuras resilientes, redes de distribución de agua y planes de tratamiento de aguas residuales, así como el establecimiento de sistemas de alerta temprana ante desastres naturales.
Pero, si esos compromisos no cuentan con financiación garantizada ni legislación jurídicamente vinculante —y no cuentan con ellas—, corren el riesgo de socavar la energía y el entusiasmo necesarios para alcanzar el propio Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU de convertir el acceso al agua limpia en un derecho humano.
El cambio climático y las sequías, los huracanes, las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos relacionados con él dificultan cada vez más el acceso al agua para el consumo humano. En algunas partes del mundo, como el Cuerno de África, los pozos se han secado y ya no llueve lo suficiente. La región atraviesa su peor sequía en 40 años.
En lugares donde las inundaciones representan un riesgo mayor que las sequías, como el estado de EE. UU. de Misisipi o algunas zonas de Kenia, las aguas de inundación cargadas de contaminantes agrícolas y sustancias químicas industriales han contaminado las reservas de agua dulce.
La inseguridad hídrica —que abarca desde la falta de agua potable hasta la amenaza de que las viviendas sean arrasadas— puede tener graves consecuencias para el bienestar de las personas. Por ejemplo, las víctimas de las inundaciones en Pakistán han sufrido trastorno de estrés postraumático. Todo esto hace que el agua limpia se haya convertido en una fuente de injusticia climática generalizada, especialmente en los países más vulnerables.
Es alarmante que hoy haya más personas sin acceso al agua limpia que hace tres décadas. En 2022, el informe Estado del agua potable en el mundo de la OMS, UNICEF y el Banco Mundial señaló que una cuarta parte de la población mundial carece de acceso al agua potable segura. La población del África subsahariana no se ha beneficiado de las inversiones y tiene los niveles de acceso más bajos.
En muchos países más pobres, el acceso al agua potable no se reconoce como un derecho humano básico. Una investigación que publiqué junto con colegas sobre el acceso al agua en dos de esos países, Malawi y Zambia, concluyó que el agua no estaba ni privatizada ni provista por el Estado.
En cambio, la población de estos países dependía de la ayuda al desarrollo y de la financiación de donantes para perforar pozos o instalar bombas de agua en zonas rurales; si no recibía ayuda, debía organizar por su cuenta el suministro de agua limpia a pequeña escala comunitaria. Muchas bombas y pozos no funcionan o son objeto de vandalismo, por lo que muchas personas terminan bebiendo agua no potable.
En estos países, políticos, líderes tradicionales y comunidades suelen disputarse quién es realmente dueño de los puntos de suministro de agua o quién debería gestionarlos. Intervienen muchos actores distintos, entre ellos organizaciones públicas y privadas, ONG, organizaciones religiosas y donantes. Todo esto complica aún más la tarea de suministrar agua, y es fundamental coordinar a estos distintos actores.
Esta falta de coordinación, sumada a una dependencia excesiva de los donantes y a la escasa participación local en la toma de decisiones, me lleva a preguntarme cuándo se convertirá realmente el acceso al agua en una prioridad nacional en los países con inseguridad hídrica.
¿Qué está haciendo el Foro para abordar el desafío mundial del agua?
Los gobiernos deben asumir un papel protagónico facilitando la inversión a largo plazo en el sector y promoviendo iniciativas que incorporen el derecho al acceso al agua. Las soluciones para garantizar ese acceso deben formar parte de un modelo más amplio de desarrollo socioeconómico que promueva la conciencia sobre los derechos y las responsabilidades.
En última instancia, la gestión de los recursos hídricos corresponde a los gobiernos, que mantienen la responsabilidad soberana de garantizar el derecho humano al agua potable segura. La crisis del agua es una crisis de justicia climática. Se necesita un compromiso de financiación real, no solo promesas, para garantizar que estos derechos humanos básicos se ejerzan con el apoyo de las Naciones Unidas.
De la conferencia de Nueva York también surgieron algunas noticias positivas, entre ellas los llamamientos para que la ONU nombre a un enviado especial para el agua, así como una Agenda de Acción sobre el Agua con 700 compromisos. Los Estados miembros, los bancos de desarrollo, las grandes empresas y las ONG se han comprometido a destinar millones de libras al sector del agua.
Pero, así como una aldea de Malawi puede sufrir por la falta de coordinación entre los distintos actores que quieren construir un pozo local, el mismo problema amenaza con repetirse a escala mundial. Lo que realmente se necesita es un liderazgo firme para que todos los sectores trabajen juntos y garanticen que todas las personas del mundo tengan acceso de verdad al agua limpia.
