La pandemia de COVID-19 ha demostrado lo frágil que es el sistema mundial.
Por tanto, planteará tres desafíos para la estabilidad mundial, sostiene Kemal Dervis.
No superarlos tendrá consecuencias mucho más graves a causa del virus.
Si la crisis de la COVID-19 nos ha enseñado algo, es que el empeño implacable de las últimas décadas en la hipereficiencia y las ganancias a corto plazo ha dado lugar a un sistema mundial sumamente frágil. Ha llegado el momento de construir un orden mundial más resiliente, basado en la solidaridad económica, intergeneracional e internacional.
La crisis de la COVID-19 supone una prueba sin precedentes para la solidaridad humana. ¿Estarán dispuestos los ricos —o, de hecho, todas las personas con ingresos estables o ahorros— a apoyar con medidas a quienes son pobres y económicamente vulnerables? ¿Se sacrificarán los jóvenes, entre quienes la tasa de mortalidad es menor, para proteger a las personas mayores? Y ¿aceptarán los habitantes de los países ricos transferencias de recursos a los países pobres?
Solo si la respuesta a las tres preguntas es sí podrá el mundo minimizar las consecuencias de la pandemia, que ha causado la muerte de casi 38.000 personas y ha paralizado la economía mundial. Sin embargo, ese resultado está lejos de estar garantizado.
La primera forma de solidaridad que se pone a prueba —entre grupos de distintos ingresos— quizá sea la más fácil de conseguir. La COVID-19 ha infectado a personas como el primer ministro y el príncipe heredero del Reino Unido, atletas profesionales y varias celebridades de Hollywood, lo que demuestra que no distingue entre ricos y pobres.
Pero las consecuencias económicas de las medidas de salud pública —como el cierre indefinido de empresas y los confinamientos— recaerán de manera desproporcionada en los grupos con menor seguridad económica, entre ellos las personas con bajos ingresos, quienes cobran por hora y quienes no pueden trabajar a distancia. Al diseñar estrategias para compensar los daños económicos de la pandemia, los gobiernos deben tener en cuenta estas diferencias.
Hasta ahora, esto no está ocurriendo en la medida necesaria. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas medidas, como la ampliación de las prestaciones por enfermedad, sí ayudan a los grupos de menores ingresos, pero deberían haberse aplicado hace mucho, como ya ocurre en otras economías avanzadas. Otras acciones, como enviar cheques a todos los ciudadanos y ordenar a las agencias federales que suspendan los desalojos y las ejecuciones hipotecarias, ofrecen más posibilidades, pero distan mucho de ser suficientes para proteger a las personas económicamente vulnerables del país.
Fomentar la solidaridad entre grupos de distintos ingresos exigirá que los líderes promuevan un patriotismo altruista que facilite el sacrificio compartido en tiempos de guerra (y rechacen el nacionalismo estrecho de miras que socava la solidaridad internacional). Ayuda que el trillado argumento de que apoyar a los pobres desincentiva el trabajo, poco convincente en tiempos normales, pierda toda credibilidad durante una pandemia. Si nada más funciona, la ciudadanía y los líderes políticos deberían recordar que las personas con menores ingresos siguen siendo consumidores valiosos y, al menos en las democracias, votantes.
La segunda dimensión de la solidaridad que se pone a prueba hoy es la intergeneracional. Dadas las consecuencias económicas (y sociales) de las medidas de autoaislamiento, puede que no sea fácil asegurar la cooperación a largo plazo de las generaciones más jóvenes, vulnerables a complicaciones graves por la COVID-19, pero con menores tasas de mortalidad.
Los lazos familiares podrían contribuir mucho a convencerles de que respeten el distanciamiento social. Pero, como ha demostrado la lucha contra el cambio climático, ese enfoque tiene sus límites, al menos en sentido inverso. Hasta ahora, las generaciones mayores de hoy se han mostrado reacias a hacer los sacrificios necesarios para asegurar un futuro más sostenible a sus hijos y nietos.
En este sentido, sin embargo, la pandemia puede ofrecer una oportunidad para avanzar. Si los jóvenes siguen comprometidos con medidas drásticas a corto plazo para contener el brote de COVID-19, las generaciones mayores pueden asumir sin duda un compromiso a medio plazo con una acción climática ambiciosa.
La tercera prueba de solidaridad ante la COVID-19 será la más difícil de superar. En un momento en que los líderes políticos ya reclaman tanta solidaridad dentro de sus países y las economías nacionales sufren graves pérdidas, será difícil aceptar transferencias generosas de recursos a países en desarrollo que atraviesan dificultades. Algunos países, como Francia y Alemania, ya han limitado o prohibido las exportaciones de equipos médicos esenciales.
Pero si un país con un ingreso per cápita de 50.000 dólares —aproximadamente el nivel de Canadá y Alemania, y por debajo del de Australia, los Países Bajos y Estados Unidos— sufriera una contracción económica del 10 %, seguiría estando diez veces mejor que los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de la pandemia. Quizá sea aún más relevante que, si los países pobres no logran contener los brotes de COVID-19, el virus podría reaparecer en países ricos que creían haber escapado a él.
Por tanto, la solidaridad con los países en desarrollo es una cuestión tanto de moralidad como de visión a largo plazo. No superar esta prueba de solidaridad dejaría profundas heridas psicológicas en los países abandonados, allanando el camino a toda clase de extremismos y nuevas crisis —desde pandemias hasta conflictos— que amenazarían a todos.
Mientras los países desarrollados aplican medidas para contrarrestar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, también deberían colaborar con las instituciones internacionales para elaborar estrategias de ayuda al mundo en desarrollo. Proporcionar liquidez inmediata, como propone el Fondo Monetario Internacional, es un buen primer paso, pero simplemente acumular más deuda no es una solución sostenible. También harán falta donaciones y otra ronda de condonación de deuda, y las instituciones internacionales deben garantizar que todos los países reciban los equipos médicos y demás apoyo —incluidos alimentos— que necesitan.
El mundo está a punto de descubrir si décadas de globalización económica y financiera pueden conducir a una comprensión más profunda de los vínculos —sociales, morales y personales— que unen a todas las personas. Solo reconociendo y fortaleciendo esos vínculos podremos sustituir nuestro frágil sistema, plagado de conflictos y construido al servicio de la hipereficiencia y las ganancias a corto plazo, por acuerdos más sostenibles basados en la solidaridad económica, intergeneracional e internacional.
