Muchos países africanos tienen dificultades para financiar el desarrollo debido a su elevado endeudamiento y al acceso limitado a nuevos fondos.
Los esfuerzos actuales de reestructuración de la deuda no logran atender las necesidades de África.
El continente necesita un sistema que tenga en cuenta los factores sociales, el medio ambiente y los derechos humanos, junto con las obligaciones financieras.
Las próximas conferencias internacionales ofrecen plataformas para que los representantes africanos promuevan un sistema de gestión de la deuda más receptivo.
No ha sido fácil para los Estados africanos financiar sus objetivos de políticas de desarrollo y medio ambiente en los últimos años.
Los acontecimientos recientes sugieren que la situación podría estar mejorando. Por primera vez en dos años, tres Estados africanos han podido acceder a los mercados financieros internacionales, aunque a tipos de interés elevados. Kenia, por ejemplo, ahora paga más del 10% frente al 7% aproximado en 2014.
Muchos países africanos siguen enfrentándose a situaciones de deuda soberana difíciles.
La deuda externa total como proporción de los ingresos por exportaciones de África aumentó del 74.5% en 2010 al 140% en 2022. En 2022, los gobiernos africanos tuvieron que destinar alrededor del 12% de sus ingresos al servicio de su deuda. Entre 2019 y 2022, 25 gobiernos africanos destinaron más recursos al servicio de su deuda total que a la salud de sus ciudadanos. Y a finales de 2023, el Fondo Monetario Internacional estimó que más de la mitad de los países africanos de bajos ingresos se enfrentaban, potencial o efectivamente, a dificultades para pagar su deuda.
Esto sugiere que será muy difícil para África movilizar los US$1,6 billones que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos estima que necesita para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.
Una de las lecciones de la pandemia de COVID y de las negociaciones sobre el clima es que África no puede contar con la comunidad mundial para recibir fondos nuevos suficientes ni alivio de la deuda que le permitan hacer frente tanto a sus necesidades de desarrollo como a las consecuencias de crisis como las pandemias o los fenómenos meteorológicos extremos.
Sus acreedores bilaterales oficiales parecen más centrados en sus propias necesidades y en otras regiones del mundo que en África. Los acreedores comerciales están dispuestos a ofrecer financiación cuando las condiciones son favorables, y la deuda africana puede ayudarles a cumplir sus mandatos de inversión. Pero son menos generosos cuando la situación se complica y se materializan los riesgos asociados a la operación, por los que ya han sido compensados.
Esto sugiere que África debe defender con mayor firmeza sus propios intereses.
Este año ofrece algunas buenas oportunidades para promover un enfoque más eficaz respecto de la deuda africana.
Se necesita una planificación cuidadosa
Hay dos conferencias internacionales en las que la gobernanza económica mundial figurará en la agenda. Este es también el primer año en que la Unión Africana participa como miembro de pleno derecho en el G20. Además, Sudáfrica, presidencia del G20 en 2025, forma actualmente parte de la troika que gestiona el proceso del G20.
La financiación para el desarrollo y la deuda serán un tema importante en todos estos foros. Los representantes africanos pueden aprovechar su participación para defender un nuevo enfoque de la deuda soberana que responda mejor a las necesidades y preocupaciones de África. También pueden presionar a otros Estados participantes y a actores no estatales para obtener su apoyo.
Pero los Estados africanos deberán planificar cuidadosamente. Su punto de partida debe ser el hecho, ampliamente reconocido, de que el actual proceso de reestructuración de la deuda soberana no funciona para nadie. El G20 acordó un Marco Común que debía ayudar a resolver las crisis de deuda soberana en los países de bajos ingresos. Cuatro países africanos solicitaron reestructurar sus deudas a través de este marco. Pese a años de negociaciones, no ha logrado resolver por completo la crisis de deuda en tres de ellos.
Los países ajenos al Marco Común, como Sri Lanka, tampoco han logrado resolver por completo sus crisis de deuda. Esto resulta costoso tanto para los deudores como para los acreedores. Por ello, interesa a todos buscar un nuevo enfoque.
Esto exige que todas las partes estén dispuestas a considerar nuevas ideas y a experimentar con nuevos enfoques para viejos problemas. Los Estados africanos deberían presentar sus propias propuestas innovadoras. También deberían manifestar su disposición a asumir nuevas responsabilidades si sus acreedores están dispuestos a hacer lo mismo.
Pueden recordar a sus acreedores que estos experimentos no se llevarían a cabo en el vacío. Pueden guiarse por las numerosas normas y estándares internacionales existentes, aunque poco utilizados, aplicables a las operaciones responsables de deuda soberana, por ejemplo, los principios de la Unctad sobre operaciones responsables de deuda soberana. Algunos de ellos se refieren a la conducta de los prestatarios soberanos. Otros se centran en el comportamiento responsable de los prestamistas, y los acreedores suelen citarlos en sus propias políticas sobre cuestiones ambientales y sociales, responsabilidad social o derechos humanos.
Al basar cualquier nuevo enfoque en estas normas y estándares internacionales, tanto deudores como acreedores solo estarán acordando aplicar principios que ya han aceptado.
Partiendo de este punto, los Estados africanos deberían presentar tres propuestas concretas.
Propuestas concretas
En primer lugar, deberían comprometerse a que tanto el proceso de contratación de deuda como las condiciones de todas sus operaciones de deuda pública sean transparentes.
Esto garantizará que sus propios ciudadanos comprendan qué obligaciones asumen sus gobiernos en su nombre. Alentará a los gobiernos a adoptar prácticas responsables de endeudamiento y gestión de la deuda. También deberían acordar que pueden ser considerados responsables si incumplen estas prácticas y procedimientos transparentes y responsables en materia de deuda soberana.
En segundo lugar, los Estados africanos deberían señalar que existe un problema fundamental en un proceso de reestructuración de la deuda soberana que solo se centra en las obligaciones contractuales que el Estado deudor tiene con sus acreedores. Este enfoque implica, en la práctica, que el servicio de sus obligaciones de deuda prevalecerá sobre los esfuerzos del Estado deudor por hacer frente a la vulnerabilidad del país ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como a sus desafíos de pobreza, desigualdad y desempleo. Esto se deriva del hecho de que sus acreedores pueden utilizar el proceso de reestructuración para obligar a los prestatarios soberanos en dificultades —a diferencia de las empresas en quiebra— a pagar a quienes les prestaron dinero sin tener en cuenta, por ejemplo, el impacto en sus obligaciones con los pensionistas, los empleados del sector público o el bienestar de sus ciudadanos.
Este enfoque exclusivo en los contratos de deuda es incompatible con el interés de la comunidad internacional en abordar desafíos globales como el clima y la desigualdad.
Este problema puede resolverse si tanto acreedores como deudores acuerdan adoptar un enfoque para las negociaciones de deuda que incorpore las dimensiones financieras, económicas, sociales, ambientales, de derechos humanos y de gobernanza de las crisis de deuda soberana.
En tercer lugar, los Estados africanos deberían proponer que sus acreedores se comprometan públicamente a basar el nuevo enfoque de la deuda soberana en una lista acordada de normas y estándares internacionales pertinentes para las prácticas financieras internacionales responsables. Estas incluirán las relativas a la transparencia, las cuestiones climáticas y ambientales, y los asuntos sociales, incluidos los derechos humanos.
