El Arco del Triunfo de la ciudad arqueológica de Palmira ha sido durante 1.800 años una entrada virtual al Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ha visto ir y venir a ejércitos y caer imperios, pero esta semana la antigua ciudad vio caer su propio arco, en un atentado execrable contra nuestro patrimonio cultural colectivo.
Tras destruir otros templos antiguos de Palmira, y tras torturar y ejecutar al arqueólogo jefe de la ciudad en un intento por encontrar tesoros ocultos, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, ha informado de que el Estado Islámico (EI), que tomó el control de la ciudad siria este verano, voló el histórico arco triunfal. Y aunque ahora solo podamos conservar su recuerdo, también debemos recordar que el largo brazo de la justicia tiene memoria, cuando se trata de delitos contra nuestra identidad colectiva.
Mientras el EI planeaba su ataque, los líderes del mundo civilizado se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) para inaugurar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aunque la reunión brindó a los soberanos, a la ONU y a la sociedad civil la oportunidad de respaldar la formación de 17 nuevos «Objetivos Globales», los Gobiernos de Níger y Malí, la UNESCO y la Corte Penal Internacional (CPI), trabajando juntos, hicieron un primer desembolso en los Objetivos 16 (paz y justicia) y 17 (alianzas para los objetivos). Esto se debe a que colaboraron para ayudar en la investigación, la detención y la entrega de un presunto autor de la destrucción cultural en la antigua Tombuctú, un Patrimonio Mundial. Y al hacerlo, pueden haber sentado las bases de futuros procesos judiciales por la destrucción del patrimonio cultural mundial.
Al trabajar para proteger el patrimonio cultural y llevar a un autor ante la justicia, estos actores contribuyen a promover el acceso a la justicia y la rendición de cuentas. Además, fomentan la alianza mundial para la aplicación de leyes, que es un elemento importante de la estabilidad gubernamental y del desarrollo económico, todo ello destacado en la AGNU como Objetivos Globales.
La entrega de Ahmad Al Mahdi Al Faqi (Abut Tourab) por el Gobierno de Níger a la CPI es significativa, porque es el primer caso concreto presentado ante la Corte “relativo a la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos” durante un conflicto armado de carácter no internacional.
Al Faqi era miembro de Ansar Dine, un grupo vinculado a Al Qaeda que controló el norte de Malí en 2012. Durante ese periodo, presuntamente ejecutó las llamadas decisiones del Tribunal Islámico de Tombuctú de vandalizar y destruir mezquitas y mausoleos, y de quemar decenas de miles de manuscritos antiguos.
Que un tribunal internacional juzgue un caso de destrucción cultural no es un precedente. De hecho, en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), donde uno de los autores trabajó en su momento, los fiscales llevaron ante el tribunal a Pavle Strugar, acusado de destruir sitios históricos durante un conflicto armado internacional sin justificación por necesidad militar. El tribunal determinó que, por orden de Strugar, unidades militares bombardearon ilegalmente la ciudad de Dubrovnik, Croacia, incluida la Ciudad Vieja (un sitio protegido por la UNESCO). Strugar fue declarado culpable y condenado a ocho años de prisión (la sentencia fue revisada posteriormente en apelación).
Someter a Al Faqi a la CPI es hoy aún más importante, ya que las fuerzas extremistas y los grupos criminales de Oriente Medio —como el EI— participan en lo que la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, denomina “limpieza cultural” y crímenes de guerra. De hecho, en una reunión de la ONU esta semana, la jefa de la UNESCO señaló que el caso ante la CPI envía “un mensaje muy importante”, y añadió que “la impunidad no es una opción” y que tales crímenes serían juzgados. Para subrayar sus palabras, la intervención de Bokova fue seguida de una intervención de la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda.
Desde hace más de un año, el EI y otros grupos han destruido sistemáticamente el patrimonio cultural del pueblo de Siria, Irak y otras zonas de la región. No solo han bombardeado y arrasado con excavadoras sitios históricos, culturales y religiosos de gran valor, como la ciudad de Nimrud, la Tumba de Jonás y templos de Palmira, sino que también los han saqueado.
Hoy en día, el mercado negro de antigüedades robadas en Siria, Irak y las regiones circundantes se estima en millones de dólares. Según un informe de The Wall Street Journal, el saqueo representa la segunda fuente de ingresos más importante del EI, después del petróleo.
El EI parece seguir una estrategia de doble vertiente. Destruye grandes monumentos, esculturas y templos (que probablemente no puede vender en el mercado negro debido a su tamaño, etc.) con fines propagandísticos. Al mismo tiempo, el EI saquea activamente objetos más pequeños o medianos y, según funcionarios estadounidenses, concede a otros licencias para saquear, les cobra impuestos e incluso establece una red de tráfico gestionada por su “ministerio de antigüedades.”
La magnitud de la destrucción provocada por el EI, en términos de pérdidas humanas, limpieza cultural, aniquilación de la historia y de la diversidad cultural y religiosa, tendrá repercusiones durante muchas generaciones. Sin embargo, combatir el tráfico de tales “antigüedades de sangre” hacia los mercados mundiales, que financian la muerte y la destrucción, es un objetivo alcanzable a corto plazo.
Durante el último año, miembros de la comunidad internacional han debatido el desafío que plantea el EI. Y aunque algunos líderes del sector de antigüedades han instado a “soluciones” como “tropas sobre el terreno” en Irak y Siria, es comprensible que los gobiernos difícilmente estén dispuestos a sacrificar la sangre de sus hijos —sus hombres y mujeres con uniforme— para protegerse de tal saqueo y destrucción en tierras lejanas (aunque ningún país cuenta con la estructura de fuerzas necesaria para proteger sitios tan extensos). De hecho, en Estados Unidos, solo el uno por ciento de la población se ofrece voluntariamente para servir con uniforme, por lo que es imperativo que el otro 99 por ciento lidere la solución. Parece, pues, adecuado que el liderazgo de ese 99 por ciento incluya al sector privado, que se beneficia de la venta y distribución legítimas del patrimonio cultural de Oriente Medio (casas de subastas, comerciantes, aseguradoras y empresas de transporte, zonas francas, etc.).
Con el lanzamiento de los Objetivos Globales, es imperativo que los líderes de las industrias relacionadas con las antigüedades pasen de las palabras a la acción concreta contra el tráfico de antigüedades de sangre. De hecho, como destacó Bokova, de la UNESCO, “es inmoral, es poco ético y es una amenaza para la paz y la seguridad” comerciar con tales antigüedades.
Cualquier iniciativa contra el tráfico de antigüedades procedentes de zonas de conflicto debe ser integral, multidisciplinar y involucrar tanto al sector privado como al público. El Foro Económico Mundial en Davos puede servir quizá como plataforma de diálogo entre diversas partes interesadas, como gobiernos, cuerpos de seguridad, coleccionistas e industrias pertinentes. Deberían considerar la adopción de un estándar común de venta, procedencia y diligencia debida, para frenar los beneficios de la venta de antigüedades de sangre, aprendiendo de ejemplos como el “Good Housekeeping Seal of Approval”, el café de “Comercio Justo” o el Proceso de Kimberley para los diamantes de conflicto.
De hecho, esta sugerencia acaba de ser destacada por el ministro de Asuntos Exteriores de Chipre, Ioannis Kasoulides, en un debate de la ONU, la UNESCO e INTERPOL organizado por los Gobiernos de Jordania e Italia.
“Tenemos que romper el modelo de negocio de ese comercio ilícito”, afirmó el ministro, y añadió que la carga de la prueba de la propiedad de cualquier antigüedad potencialmente saqueada de una posible zona de conflicto debería recaer en el vendedor, y no en un Estado que intente recuperar tales antigüedades de sangre. Subrayando sugerencias formuladas por otros expertos, concluyó: “quizá necesitemos algo similar al Proceso de Kimberley para los diamantes de conflicto”, con el fin de provocar un cambio real en el mercado ilícito.
Si los gobiernos y los líderes de la industria deciden trabajar juntos, estarán en condiciones de limitar el valor de tales antigüedades de sangre y, por tanto, de limitar la financiación terrorista que llega al EI. Al hacerlo, ayudarán a preservar el patrimonio cultural que nos une a todos, el cual algún día servirá como vínculo común que podrá ayudar a unir a las partes en guerra para alcanzar la paz.
El subsecretario general adjunto de las Naciones Unidas, Jan Eliasson, gusta de destacar que: “nadie puede hacerlo todo, pero todos pueden hacer algo.” Quizá el mundo no pueda enviar ejércitos para proteger la cuna de la civilización del saqueo, pero los líderes mundiales de las industrias relacionadas con las antigüedades sí pueden hacer algo para impulsar los Objetivos Globales y ayudar a prevenir el saqueo y la venta de nuestro patrimonio cultural colectivo.
Este artículo es una versión revisada de un texto publicado en colaboración con The Huffington Post. La publicación no implica el respaldo de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Mark V. Vlasic, investigador sénior y profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Georgetown, formó parte de los equipos de acusación en los juicios contra Slobodan Milošević y por el genocidio de Srebrenica en el tribunal de crímenes de guerra de la ONU en La Haya. Antiguo White House Fellow y asistente especial del secretario de Defensa de Estados Unidos, y oficial del Ejército estadounidense, fue el primer jefe de operaciones de la Iniciativa conjunta del Banco Mundial y Naciones Unidas para la Recuperación de Activos Robados y en la actualidad es asesor del director general de la UNESCO.
La Dra. Helga Turku, que anteriormente trabajó para la Organización Internacional para las Migraciones, la Universidad Estatal de San Francisco y Schneider Wallace Cottrell Konecky Wotkyns LLP, es consultora de proyectos de Estado de derecho financiados por USAID en Haití y Costa de Marfil.
Imagen: Los escombros de un antiguo mausoleo destruido por militantes islamistas. REUTERS/Joe Penney.
