Si se necesitaba una señal clara de que la Unión Europea se desmorona a un ritmo alarmante, ahí está la construcción por parte de Hungría de vallas de alambre de púas a lo largo de su frontera con Croacia, otro Estado miembro de la UE. La crisis de la eurozona ha fragmentado, por supuesto, los flujos financieros, ha provocado la divergencia de las economías, ha erosionado el apoyo político a las instituciones de la UE y ha enfrentado a los europeos entre sí. Ahora, mientras los gobiernos levantan barreras y restablecen los controles fronterizos, la crisis de los refugiados está alterando los flujos de personas y obstaculizando el comercio. Y, a medida que la UE se desintegra, aumenta el riesgo de que Gran Bretaña vote a favor de abandonar el bloque.
Suele afirmarse que la UE avanza a través de las crisis, porque estas concentran la atención en la necesidad apremiante de una mayor integración. Pero tales avances requieren al menos cuatro ingredientes: una comprensión compartida y correcta del problema, un acuerdo sobre una vía eficaz para avanzar, la voluntad de ceder más soberanía en común y líderes políticos capaces de impulsar el cambio. Hoy faltan los cuatro.
Los líderes de la UE son débiles, están divididos y parecen incapaces de presentar una visión creíble de los beneficios futuros que la integración europea podría aportar. Sin esa visión, no pueden movilizar el apoyo popular ni convencer a los gobiernos reticentes de asumir su parte justa de los costes actuales. Ante la ausencia de una respuesta común y eficaz, las crisis europeas se enquistan, se alimentan unas de otras y fomentan el unilateralismo.
La crisis de la eurozona y la crisis de los refugiados comparten rasgos que dificultan su resolución. Ambas implican disputas sobre el reparto de costes, complicadas por un choque de valores, en cuyo centro se encuentra una Alemania recientemente dominante.
La UE es incapaz de repartir las cargas. En lugar de acordar un reparto justo de los costes, ya sea de la crisis financiera o de la acogida de refugiados, los gobiernos intentan minimizar sus obligaciones y trasladarlas a otros, lo que aumenta los costes colectivos. Una crisis bancaria que podría haberse resuelto mediante una reestructuración justa y decidida de deudas insostenibles se ha convertido en una crisis económica y política mucho mayor, que enfrenta a acreedores y deudores, tanto dentro como entre países.
Del mismo modo, las normas de la UE que establecen que los refugiados deben obtener asilo en el primer país miembro al que llegan han demostrado ser inviables e injustas. Como los solicitantes de asilo llegan mayoritariamente al sur de Europa y quieren dirigirse al norte, Grecia e Italia ignoran las normas y facilitan su paso. Los países de tránsito, como Hungría, intentan desviar a los refugiados hacia otros destinos. Reubicar a casi 750.000 personas que han solicitado asilo en la UE este año —todavía solo el 0,14 % de la población de la UE— se ha convertido así en una crisis existencial.
Parte del problema es una toma de decisiones con visión de túnel. Los líderes de la UE se centran de forma estrecha en limitar los costes financieros y políticos a corto plazo, en lugar de pensar estratégicamente en consecuencias más amplias a largo plazo.
Reestructurar la deuda griega en 2010 habría supuesto un golpe financiero para los bancos franceses y alemanes (y para los gobiernos que los respaldaban), pero una pérdida mucho menor que la que implican los costes crecientes de una crisis prolongada. Del mismo modo, aunque acoger a refugiados requiere una inversión inicial de fondos públicos, puede generar dividendos en cuanto los recién llegados empiecen a trabajar. Un continente envejecido necesita jóvenes trabajadores dinámicos que hagan los trabajos que los locales rechazan (o para los que carecen de las habilidades necesarias), que costeen y cuiden a los mayores, que creen empresas y que generen nuevas ideas que impulsen el crecimiento económico.
El choque de valores también dificulta el compromiso. Los alemanes insisten en que los deudores tienen una obligación moral de pagar lo que deben y expiar su pecaminosa disipación. Un primer ministro eslovaco que rechaza a los refugiados con el argumento de que «Eslovaquia está hecha para los eslovacos, no para las minorías» es difícil de contentar. Aunque el plan de la UE para reubicar a los refugiados alejaría de Hungría a los recién llegados no deseados, Viktor Orbán, el líder autoritario y nacionalista del país, se opone a él en principio, acusando a Alemania de «imperialismo moral» por intentar imponer a sus vecinos su actitud generosa hacia los refugiados.
Hasta hace poco, los responsables políticos alemanes buscaban expiar el pasado nazi del país impulsando una Alemania más europea y financiando a la UE, lo que ayudaba a suavizar muchas disputas. Pero, como la posición de Alemania como principal acreedor la ha situado al volante, la administración de la canciller Angela Merkel busca ahora crear una Europa más germánica.
Alemania se niega a admitir que sus políticas económicas de empobrecer al vecino, reflejadas en sus enormes superávits por cuenta corriente, son tanto una causa de la crisis de la eurozona como un obstáculo importante para resolverla. En cambio, presiona a los demás para salirse con la suya, identificando erróneamente sus estrechos intereses como acreedor con los del sistema en su conjunto.
Merkel ha desempeñado un papel mucho más positivo en la crisis de los refugiados. Alemania suspendió unilateralmente la aplicación de las normas de asilo de la UE y se comprometió a acoger a todos los refugiados sirios que llegaran. Pero el fracaso de Merkel a la hora de ofrecer a esos refugiados un paso seguro ha agravado el caos. Posteriormente, restablecer los controles fronterizos dentro del supuestamente libre de fronteras espacio Schengen sentó un precedente terrible, lo que llevó a los vecinos de Alemania a hacer lo mismo.
Mientras tanto, dado que la UE se percibe cada vez más como una fuente de crisis económica, turbulencia política y migrantes no deseados, aumenta el riesgo de que los británicos voten a favor de abandonar el bloque en un referéndum previsto antes del final de 2017. Gran Bretaña ya está semidesvinculada: se encuentra fuera de Schengen y tiene excepciones respecto del euro y de numerosas cuestiones de asuntos de interior (incluida la política de asilo). Dado que el Gobierno busca ahora negociar condiciones de pertenencia aún más laxas, Gran Bretaña acabará más distanciada de la UE aunque siga siendo miembro.
Las encuestas están muy igualadas y los referéndums son impredecibles. En una época de furia antisistema y agitación política, los activistas antiUE pueden vender tres fantasías de un futuro posterior a la UE: una utopía de libre mercado, otra sin extranjeros y otra socialista. El bando proeuropeo, en cambio, tiene que vender la realidad de la UE tal como es, con sus defectos incluidos.
Hasta hace poco, la integración europea parecía inevitable. Podía estancarse, pero nunca daría marcha atrás. Los países se unían; ninguno se marchaba. Pero, con la UE ya en plena desintegración, el Brexit podría invertir por completo esa dinámica. Esa es una razón aún mayor para reparar la UE antes de que sea demasiado tarde.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Philippe Legrain, antiguo asesor económico del presidente de la Comisión Europea, es investigador sénior visitante en el Instituto Europeo de la London School of Economics.
Imagen: Un manifestante sostiene una bandera de la Unión Europea durante una concentración. REUTERS/Christian Hartmann.
