Mientras el Congreso de EE. UU. debate la siempre controvertida Asociación Transpacífica —la emblemática legislación comercial del presidente Barack Obama—, se avecina un importante obstáculo. El 22 de mayo, el Senado lo esquivó al rechazar por estrecho margen —51 votos contra 48— una enmienda propuesta sobre «manipulación cambiaria» a un proyecto de ley que otorga a Obama la llamada autoridad de «vía rápida» para negociar la TPP. Pero la cuestión podría resurgir cuando el debate pase a la Cámara de Representantes, donde es sólido el apoyo a unas «normas cambiarias exigibles».
Desde hace al menos una década, el Congreso se ha centrado en la manipulación cambiaria: una acusación dirigida contra países que supuestamente intervienen en los mercados de divisas para suprimir el valor de sus monedas y, de ese modo, subvencionar las exportaciones. En 2005, los senadores Charles Schumer, demócrata liberal de Nueva York, y Lindsey Graham, republicano conservador de Carolina del Sur, formaron una alianza inusual para defender a los trabajadores estadounidenses de clase media, acosados por prácticas competitivas supuestamente desleales. El argumento era que detener la manipulación cambiaria reduciría el enorme déficit comercial de Estados Unidos y reportaría beneficios duraderos y significativos a los trabajadores que atraviesan dificultades.
Hace una década, la propuesta original de Schumer y Graham era una iniciativa contra China apenas disimulada. La indignación que motivó aquella propuesta persiste hoy, pues China representó el 47% del aún desmesurado déficit comercial de bienes de Estados Unidos en 2014. No importa que el renminbi chino haya subido alrededor de un 33% frente al dólar estadounidense desde mediados de 1995, hasta alcanzar un nivel que el Fondo Monetario Internacional ya no considera infravalorado, ni que el superávit por cuenta corriente de China se haya reducido del 10% del PIB en 2007 a un 2% estimado en 2014. China sigue en el punto de mira de los políticos estadounidenses que creen que los trabajadores de su país son víctimas de sus prácticas comerciales desleales.
Aunque este argumento tiene gran atractivo emocional y político, es profundamente erróneo, porque Estados Unidos padece un insidioso problema de ahorro. La tasa neta de ahorro nacional estadounidense —la suma total del ahorro de los hogares, las empresas y el gobierno (ajustada por la depreciación de la capacidad productiva envejecida)— se sitúa actualmente en el 2,5% del ingreso nacional. Aunque supera las tasas de ahorro negativas de 2008-2011, sigue muy por debajo del promedio del 6,3% de las tres últimas décadas del siglo XX.
Al carecer de ahorro y querer crecer, Estados Unidos debe importar el excedente de ahorro del extranjero. Y, para atraer ese capital foráneo, no tiene más remedio que registrar déficits de balanza de pagos de igual magnitud.
Por eso no es casual que la economía estadounidense tenga un déficit crónico por cuenta corriente. Aunque este déficit se ha reducido desde un máximo del 5,8% del PIB en 2006 hasta el 2,4% en 2014, Estados Unidos sigue dependiendo en gran medida del excedente de ahorro extranjero para crecer.
Aquí es donde entra en juego el déficit comercial. Estados Unidos no obtiene de la nada el excedente de ahorro extranjero. Para atraer el capital que necesita, debe enviar dólares al exterior mediante el comercio internacional.
Y es aquí donde se desmorona el argumento de la manipulación cambiaria. En 2014, Estados Unidos registró déficits comerciales con unos 95 países. En otras palabras, Estados Unidos no sufre unos pocos déficits comerciales bilaterales que puedan atribuirse a acusaciones de manipulación cambiaria por parte de países como China, Japón, Malasia o Singapur. Más bien, sufre un desequilibrio comercial multilateral con muchos países, que no puede remediarse imponiendo sanciones bilaterales, como aranceles.
Sin resolver su problema de ahorro, restringir el comercio con unos pocos países supuestamente manipuladores de divisas simplemente redistribuiría el déficit comercial de Estados Unidos entre sus demás socios comerciales. En efecto, la balanza comercial estadounidense es como un globo de agua: presionar en un punto solo haría que el agua se desplazara a otro.
Además, este enfoque podría resultar contraproducente con facilidad. Por ejemplo, suponiendo que no aumente el ahorro interno estadounidense, penalizar a un productor de bajo costo como China por manipulación cambiaria probablemente haría que la parte china del déficit comercial de Estados Unidos se reasignara a productores de mayor costo. Eso equivaldría, en la práctica, a subir los impuestos a las familias de clase media, precisamente el grupo que tanto preocupa al Congreso. Surgirían complicaciones adicionales si se dejara en manos de los políticos el veredicto sobre la manipulación cambiaria, presumiblemente basado en algún tipo de métrica de «valor justo».
Este es también el giro que pone de relieve la hipocresía última del Congreso. La acusación de manipulación cambiaria no es más que una excusa para que Estados Unidos eluda su responsabilidad de resolver su problema de ahorro. Al carecer de cualquier atisbo de estrategia para impulsar el ahorro —no solo una solución a largo plazo para el déficit presupuestario del gobierno federal, sino también incentivos significativos para el ahorro personal—, los políticos estadounidenses han recurrido a otra solución rápida.
En definitiva, no hay escapatoria: si al Congreso no le gustan los déficits comerciales, debe abordar el problema de ahorro de Estados Unidos y dejar de obsesionarse con preocupaciones infundadas sobre la manipulación cambiaria.
Nada de esto significa que Estados Unidos deba ignorar las prácticas comerciales desleales. Como miembro de la Organización Mundial del Comercio, tiene amplias oportunidades de recurrir al mecanismo de resolución de disputas de ese organismo para dirimir problemas importantes con sus socios comerciales. Y este enfoque ha dado resultados. Lo que el Congreso no puede hacer es fingir que una política comercial equivocada es la respuesta a su incapacidad o falta de voluntad para reorientar su agenda de política interna.
Por supuesto, siempre es más fácil culpar a los demás que mirarse al espejo. Pero la historia no ha sido benévola con los grandes errores comerciales. Así como la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930 desencadenó una guerra comercial mundial que bien pudo haber puesto el «gran» en la Gran Depresión, la aprobación hoy por el Congreso de normas cambiarias exigibles podría provocar represalias que devastaran el libre flujo comercial que una economía mundial estancada necesita desesperadamente.
El Senado de Estados Unidos actuó con sensatez al rechazar esta peligrosa opción. Solo cabe esperar que prevalezca una sensatez similar en la Cámara de Representantes. La legislación sobre manipulación cambiaria es una tragedia que puede y debe evitarse.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Stephen S. Roach es investigador sénior en el Instituto Jackson de Asuntos Globales de la Universidad de Yale y profesor titular en la Escuela de Administración de Yale.
Imagen: Un billete de 100 yuanes (abajo) junto a billetes de 100 dólares estadounidenses. REUTERS/Petar Kujundzic.
