No cabe duda de que la corrupción sigue siendo uno de los desafíos más importantes para la buena gobernanza, el crecimiento económico sostenible, la paz, la estabilidad y el desarrollo en África.
Abordar la corrupción de manera estratégica e integral es de suma importancia y una prioridad urgente para el desarrollo del continente. Según el índice de percepción de la corrupción de Transparency International de 2014, alrededor de cinco de los 10 países más corruptos del mundo están en África.
El costo socioeconómico y político de la corrupción en África es enorme. Control Risk Group estimó en 2011 que los países en desarrollo perdieron cerca de US$1 billón por fraude, corrupción y transacciones comerciales turbias.
Según la Fundación Mo Ibrahim, la corrupción le cuesta a África más de US$148.000 millones al año, lo que equivale al «50 % de los ingresos fiscales y al 25 % del PIB africano.» Además, los flujos financieros ilícitos —especialmente a través de empresas multinacionales y, en su mayoría, mediante prácticas corruptas— siguen privando a los países de recursos financieros muy necesarios.
En un esfuerzo por combatir la corrupción, varios gobiernos africanos han creado instituciones nacionales anticorrupción. Sin embargo, la propagación de la corrupción ha sido implacable. Según el Banco Mundial, la corrupción silenciosa está muy extendida en África y afecta de manera desproporcionada a las personas pobres, con consecuencias a largo plazo para el desarrollo.
Algunos países, como Ruanda y Tanzania, han logrado avances importantes en la reducción de la corrupción. Pero otros, entre ellos Nigeria, Kenia, Sudáfrica y Sudán, han avanzado muy poco. Todos estos países cuentan con organismos anticorrupción. Sin embargo, en los países donde el progreso ha sido lento, sus comisiones suelen verse debilitadas por la injerencia política, la falta de independencia y la falta general de voluntad política.
Países como Ruanda han tenido cierto éxito porque se centran en ideologías, sistemas y organizaciones centrados en las personas y «autóctonos». Esto fomenta una cultura en la que se valora la integridad y se rechaza la corrupción. En cambio, la campaña de Kenia para combatir la corrupción ha seguido estando en manos de la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción, y aún no ha logrado avances en el establecimiento de una cultura anticorrupción.
A finales de los años noventa, las partes interesadas occidentales se involucraron mucho más en la lucha contra la corrupción en África. En 1996, el expresidente del Banco Mundial James Wolfensohn y el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Camdessus, anunciaron que se utilizaría la influencia de los donantes para erradicar la corrupción. Esto dio a muchas campañas anticorrupción una identidad occidental en lugar de local, lo que explica en parte el fracaso de algunas comisiones.
En 1997, el FMI suspendió ayuda por valor de US$220 millones a Kenia y, al mismo tiempo, pidió que se intensificara la privatización, que se independizara el organismo estatal de recaudación de impuestos y que se estableciera una autoridad anticorrupción. Según se informó, el entonces fiscal general de Kenia, Amos Wako, dijo que un equipo del FMI había «obligado a su oficina a redactar el proyecto de ley de prevención de la corrupción en el plazo de una semana». El proyecto de ley condujo a la creación de la Autoridad Anticorrupción de Kenia. Se reanudó la financiación de los donantes, pero volvió a suspenderse en 2000 debido a la falta de avances en los esfuerzos anticorrupción.
En abril de este año, los miembros del Parlamento de Kenia votaron a favor de crear un tribunal especial para destituir a algunos comisionados y miembros del personal de la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción (EACC).
En ese momento, la EACC investigaba varios comités del Parlamento, entre ellos el Comité de Cuentas Públicas y el Comité de Agricultura, por acusaciones de corrupción. El presidente de la EACC, Mumo Matemu, indicó que se investigaba a unas 15 personas por el escándalo Anglo-Leasing, que involucraba miles de millones de chelines, y otros casos importantes de presunta corrupción.
El presidente accedió a las recomendaciones de los parlamentarios y procedió a suspenderlos. La vicepresidenta Irene Keino dimitió pocas horas después de que jurara el tribunal encargado de investigarla. El presidente Matemu también dimitió más tarde, convirtiéndose en el último comisionado anticorrupción en dejar el cargo. Jane Onsongo, otra integrante del personal, también había dimitido anteriormente, alegando luchas internas en la EACC.
Pese a las garantías del fiscal general y del director de la Fiscalía Pública de que la EACC sigue teniendo capacidad suficiente para ocuparse de los casos en curso, muchos ciudadanos dudan de que la comisión, muy debilitada, pueda cumplir su cometido.
En efecto, a menudo se considera corruptas a las propias instituciones que se supone que deben combatir la corrupción . Se ha acusado de corrupción al Parlamento de Kenia y a sus comités, así como al poder judicial. El poder ejecutivo también tiene su cuota de corrupción, y 12 de los 47 gobernadores de condado fueron mencionados en una lista de 175 funcionarios implicados en casos de corrupción.
No se deben subestimar los desafíos que enfrenta África en la lucha contra la corrupción. Debe entablarse un diálogo constructivo entre los gobiernos y la población para crear comisiones anticorrupción que realmente sirvan a los intereses de la sociedad local. De cara al futuro, esto exige una evaluación participativa de las comisiones, así como un proceso inclusivo de toma de decisiones. Esto es crucial para que África desarrolle y fomente sus propias ideas, procesos y mecanismos para hacer frente a la corrupción.
Este artículo se publica en colaboración con ISS Africa. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
Para mantenerse al día con la Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autor: Sebastian Gatimu es investigador de la División de Gobernanza, Delincuencia y Justicia de ISS Nairobi.
Imagen: Un cambista callejero, o «Dollar Boy», sostiene un fajo de billetes locales de leona mientras trabaja en la calle Siaka Stevens, en pleno centro de Freetown, capital de Sierra Leona. REUTERS/Simon Akam
