Las negociaciones que condujeron al último acuerdo provisional sobre la deuda de Grecia pusieron de manifiesto dos visiones enfrentadas de la Unión Europea: la unión flexible, humana y política defendida por Francia, y la unión legalista y centrada en la economía promovida por Alemania. Como François Heisbourg recientemente escribió, “Al plantearse abiertamente la salida forzosa de Grecia [de la eurozona], Alemania ha demostrado que la economía prevalece sobre las consideraciones políticas y estratégicas. Francia ve el orden de los factores de otra manera.” La cuestión ahora es cuál de las dos visiones prevalecerá.
Los griegos, por su parte, han anteponido su identidad nacional a sus bolsillos, de maneras que los economistas no comprenden y que reiteradamente no logran predecir. Es económicamente irracional que los griegos prefieran seguir siendo miembros de la eurozona, cuando podrían permanecer en la UE con una moneda nacional restablecida que podrían devaluar.
Pero, para los griegos, la pertenencia a la eurozona no significa solo que puedan usar la moneda común. Sitúa a su país en pie de igualdad con Italia, España, Francia y Alemania, como “miembro de pleno derecho” de Europa, una posición coherente con el estatus de Grecia como cuna de la civilización occidental.
Mientras que esa postura refleja la visión de una “unión cada vez más estrecha” que motivó a los fundadores de la UE, la concepción económica y más restringida de la integración europea de Alemania no puede inspirar a los ciudadanos corrientes a apoyar los compromisos necesarios para mantener unida a la UE. Tampoco puede resistir los inevitables ataques dirigidos contra las instituciones de la UE por cada acción y reglamento que disgusta a los ciudadanos y de los que los políticos nacionales quieren eludir la responsabilidad.
La Comunidad Económica Europea original, creada por el Tratado de Roma en 1957, era, como indica su nombre, de naturaleza económica. El propio Tratado era pragmático, basado en los intereses económicos convergentes de Francia y Alemania, con los países del Benelux e Italia completando la base de una nueva economía europea.
Pero la integración económica se sustentaba en una visión de paz y prosperidad para los pueblos de Europa, tras siglos de violencia sin precedentes que habían culminado en dos guerras mundiales que reforzaron la aparente enemistad eterna entre Francia y Alemania. Y, en efecto, el lenguaje de una unión política más amplia estaba incorporado en los tratados europeos, para ser interpretado por el Tribunal de Justicia Europeo y por las sucesivas generaciones de responsables europeos de la toma de decisiones, de maneras que favorecieron la construcción de una entidad política e identidad europeas comunes, así como de una economía unificada.
Mi madre, una joven belga en la década de 1950, recuerda el idealismo y el entusiasmo del movimiento federalista europeo, con su promesa de que su generación podría crear un futuro distinto para Europa y el mundo. Ciertamente, la visión de unos Estados Unidos de Europa, defendida por muchos de aquellos primeros federalistas, miraba hacia atrás, a la fundación de los EE. UU., en lugar de hacia delante, hacia una empresa distintivamente europea. No obstante, la UE que surgió –que pone en común la soberanía en medida suficiente para beneficiarse de ser una entidad regional poderosa en un mundo de casi 200 países, al tiempo que mantiene las lenguas y culturas distintivas de sus miembros– es algo nuevo.
Ese experimento no puede sobrevivir si lo sostienen solo el rigor y las normas económicas. ¿Qué puede seguir justificando a una entidad política una vez que las realidades y convicciones urgentes que impulsaron su creación se han desvanecido hasta convertirse en páginas de los libros de historia y de educación cívica o, en el mejor de los casos, en tema de las historias de los abuelos?
En el caso de EE. UU., esas preguntas surgieron en las décadas de 1840 y 1850, cuando la necesidad urgente de una unión para garantizar la independencia se había desvanecido, lo que provocó que salieran a la superficie problemas y conflictos que habían sido disimulados. En particular, la esclavitud estaba permitida en algunos estados, pero prohibida en otros, y el compromiso de 1787 de contar cada esclavo como tres quintos de persona al determinar la población de un estado a efectos de representación y de impuestos se estaba deshilachando. Las diferencias económicas entre el norte industrial y el sur agrícola hacían que los debates sobre los derechos de los estados trataran tanto de medios de vida como de vidas. Una guerra horrenda fue el resultado, en la que EE. UU. derrotó a la Confederación secesionista del sur e impuso su visión de la unión.
Antes de que terminara la guerra, el presidente Abraham Lincoln creó una nueva narrativa, al declarar en el Discurso de Gettysburg que se había librado tanto por la democracia como por la igualdad, con el objetivo de garantizar que “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra”. Este relato simplificó –y, en muchos sentidos, distorsionó– el registro histórico. Pero no importa; el discurso se convirtió en una parte de la identidad nacional estadounidense tan importante como la Declaración de Independencia y la Constitución.
La UE se enfrenta ahora a su propia guerra civil, aunque, afortunadamente, libre de violencia física. Sin estadistas capaces de articular una visión de un futuro compartido que merezca la pena trabajar e incluso sacrificarse por él, el bando de la unidad podría no vencer. El himno nacional de Europa, un círculo de estrellas y las referencias a la disciplina fiscal y a las reformas estructurales no pueden competir con los mensajes potentes de los opositores a la UE.
Esos opositores, tanto de derecha como de izquierda, centran su atención en las condiciones de vida cotidianas de los ciudadanos europeos: los que se sienten amenazados por los migrantes y los que sufren como consecuencia de la austeridad. Para que la UE continúe su avance hacia una entidad política y una economía más fuertes y estrechamente unidas –una que, no obstante, se queda muy lejos de ser un Estado federal–, debe ofrecer la perspectiva creíble de una vida mejor para todos sus ciudadanos.
Justo antes de la ronda final de las recientes negociaciones con Grecia, el presidente francés François Hollande dijo que no quería una Europa que “ya no progresa”. Con razón. Pero ¿progreso hacia qué? ¿Hacia la libertad, la igualdad y la fraternidad para toda Europa? ¿Hacia la dignidad y la solidaridad de todos los ciudadanos europeos? ¿Hacia una casa europea común que se mantenga en orden?
Estas son las preguntas a las que una nueva generación de políticos europeos debe responder.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica el respaldo de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Autora: Anne-Marie Slaughter, antigua directora de planificación de políticas del Departamento de Estado de EE. UU. (2009-2011), es presidenta y directora ejecutiva de la fundación New America, profesora emérita de Política y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton, y miembro del Consejo Global de la Agenda del Foro Económico Mundial sobre el Futuro de la Gobernanza.
Imagen: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas el 15 de junio de 2005. UNICS REUTERS/Thierry Roge
