Las razones más citadas por quienes emigran de África a Europa giran en torno a la búsqueda de oportunidades económicas y empleo. Sin embargo, cada vez se reconoce más que la migración suele obedecer a una combinación de motivaciones y que llamar a alguien «migrante económico» es injusto con esa persona, que quizá emprendió el viaje por diversos factores.
Una cuestión que plantean con frecuencia los migrantes con quienes me he encontrado durante el tránsito —más recientemente en Agadez, Níger— es la falta de igualdad de oportunidades en su país. Sin conocer a las personas adecuadas, pertenecer a la comunidad indicada o tener dinero para conseguir un empleo, nunca podrán progresar. Esto, a su vez, forma parte del problema más amplio de la mala gobernanza, que ha provocado desde un fuerte deterioro de la calidad de la educación y otros servicios hasta inversiones en sectores que generan indicadores impresionantes de crecimiento del PIB, pero apenas crean empleo.
Aunque cada vez más países de África celebran elecciones libres y justas, los gobiernos elegidos democráticamente aún no han demostrado ser verdaderamente sensibles a las necesidades de amplios sectores de la población. En países donde ya existe una tradición migratoria, para muchos votar con los pies puede parecer más eficaz que acudir a las urnas.
Gambia ofrece actualmente un interesante caso de estudio. En proporción a su población, Gambia tiene —con mucha diferencia— la mayor emigración de África Occidental: nueve veces más gambianos abandonan su país que ciudadanos de Senegal o Nigeria. Aunque su situación económica era similar a la de los países vecinos, Gambia tuvo durante muchos años un gobierno especialmente represivo y corrupto. El expresidente Jammeh perdió las elecciones presidenciales libres y justas del año pasado, en un resultado que sorprendió a todos los observadores. Luego, tras algunos contratiempos y largas negociaciones con otros líderes de la región, en enero se produjo una transferencia pacífica del poder.
Hablé con varios jóvenes gambianos cuando visité Banjul a principios de junio. La gran mayoría dijo que quería dar una oportunidad al nuevo gobierno, y algunos habían dejado en suspenso sus planes migratorios. Aún es demasiado pronto para analizar los datos disponibles y determinar si efectivamente ha disminuido la emigración, pero el verdadero reto será comprobar si esa eventual reducción puede mantenerse.
En las reuniones que mantuve durante mi visita con altos representantes del gobierno, expresaron una preocupación sincera por el número de jóvenes que emigran, tanto por la pérdida de capital humano como por la considerable cantidad de hombres jóvenes —y algunas mujeres— que pierden la vida en el desierto o en el mar.
También se reconoció que es necesario consultar a los jóvenes para averiguar qué los lleva a abandonar su país, más allá de la falta de oportunidades de empleo. El nuevo gobierno gambiano cuenta con un apoyo considerable de sus socios internacionales y, aunque su falta de experiencia plantea un desafío para una gobernanza eficaz, sin duda existe voluntad de establecer la transparencia y la rendición de cuentas que faltaron en el pasado. Por ello, será interesante seguir en los próximos meses la evolución de la gobernanza y, al mismo tiempo, observar las tendencias migratorias.
Se ha investigado relativamente poco la mala gobernanza como factor impulsor de la migración. Un estudio publicado recientemente por GIZ que examina específicamente el vínculo entre la corrupción y la migración y el desplazamiento forzado es un ejemplo poco común de investigación sobre este tema delicado. Una de las recomendaciones del estudio es la necesidad de apoyar sistemas de contratación transparentes y justos. Mis entrevistas con migrantes respaldan sin duda esta recomendación, y es importante señalar que un número considerable de migrantes de África Occidental cuenta con las cualificaciones necesarias para acceder a empleos dignos. Una muestra de migrantes de África Occidental que llegaron a Italia en la segunda mitad de 2016, analizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), indica que alrededor del 6 % tiene estudios superiores, el 44 % estudios secundarios y solo el 11 % afirma no tener ningún tipo de educación.
El Consejo Global del Futuro sobre Migración del Foro Económico Mundial ha estado examinando los obstáculos a la movilidad del talento africano. Una evaluación inicial de los requisitos para obtener visados y permisos de trabajo revela los considerables obstáculos que suelen afrontar los africanos cualificados al solicitar empleo en otro país. Entre ellos figuran la falta de información publicada sobre los requisitos de visado; las discrepancias entre los requisitos de las distintas embajadas de un mismo país; los largos plazos de tramitación y, en ocasiones, un exceso de discrecionalidad por parte de los funcionarios de inmigración. Esta falta de transparencia es característica de la mala gobernanza. Si estos regímenes de visados y permisos de trabajo fueran más claros, ¿cuántos de los 6.000 migrantes con alto nivel educativo que, según las estimaciones, arriesgaron la vida al cruzar el Sáhara y el Mediterráneo en 2016 podrían haber optado por trabajar en un país al que se pudiera llegar de forma segura y con toda la documentación en regla?
El concepto de mala gobernanza es muy amplio y puede abarcar numerosas formas de mala gestión o actividad delictiva, tanto horizontalmente entre sectores como verticalmente entre niveles de gestión. Por ejemplo, los indonesios hablan de KKN: el acrónimo en bahasa de corrupción, colusión y nepotismo. Quizá sea más útil explicar qué se entiende por buena gobernanza, y para ello podemos remitirnos al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: «Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles». Más concretamente, las metas 16.5, 16.6 y 16.7 abordan la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la inclusión y la participación.
En cuanto al vínculo con la migración, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes se refiere a la promoción del Estado de derecho y a la necesidad de abordar la marginación y la exclusión. También alude a los ODS y a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, pero evita cuidadosamente mencionar KKN u otros abusos relacionados. Sin embargo, si queremos crear un marco mundial para la migración que sea verdaderamente nuevo y eficaz, el Pacto Mundial para la Migración debe hacer referencia explícita a estas cuestiones.
Que no se diga que este problema afecta únicamente a los países en desarrollo. El abuso de poder de este tipo existe en gran parte del mundo y a menudo afecta a los migrantes, que siempre se encuentran entre las personas más vulnerables a la discriminación, ya sea oficial o extraoficial.
En gran parte de África Occidental, al igual que en Gambia, cada vez se reconoce más la necesidad de frenar la migración irregular. Los proyectos de desarrollo se vinculan cada vez más con objetivos de gestión de la migración, pero el desarrollo económico y la creación de empleo no detendrán el flujo si no van acompañados de una gobernanza eficaz, responsable e inclusiva y de una sociedad que les dé una oportunidad justa. Otra cuestión es si los migrantes encontrarán una sociedad que los trate con más justicia si logran llegar a Europa, pero no es algo que se pregunten mientras siguen votando con los pies.
