Este artículo forma parte de la plataforma de Geoestrategia del Foro Económico Mundial.
Si bien el interés del público se ha centrado, comprensiblemente, en las separaciones familiares y en la migración irregular centroamericana en la frontera entre Estados Unidos y México, hay indicios crecientes de que muchos —posiblemente cientos de miles— de centroamericanos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras han sufrido desplazamiento interno forzado dentro de sus países de origen antes de emigrar.
La narrativa predominante en Estados Unidos, según argumentan los autores de El problema oculto del desplazamiento interno forzado en Centroamérica, es que los centroamericanos son expulsados de sus hogares por la violencia y huyen hacia el norte en busca de refugio. Si bien esto es parcialmente cierto, un nuevo informe de El Salvador, país de origen del mayor número de migrantes detenidos en la frontera estadounidense, sugiere que muchos salvadoreños que se ven obligados a huir de sus hogares a causa de la violencia buscan primero refugio en su propio país antes de buscar protección en el extranjero.
En el informe “Visibilizar Lo Invisible” (“Hacer visible lo invisible”), la organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal utiliza métodos tanto cuantitativos como cualitativos para explicar el contexto más amplio de la violencia en El Salvador, caracterizar el desplazamiento interno forzado y describir las intervenciones jurídicas y humanitarias que la organización llevó a cabo en 2017.
Crisis humanitaria
El informe describe una crisis humanitaria distinta de las generadas por los conflictos armados internos tradicionales o por los desastres naturales, y pone el acento en los altos niveles de criminalidad y en la respuesta gubernamental inadecuada, que han provocado un aumento del desplazamiento interno.
Una de las contribuciones más valiosas de este informe es la combinación de datos existentes procedentes de fuentes oficiales (el Gobierno salvadoreño, el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno, etc.) con nuevos datos que Cristosal y la organización asociada Fundación Quetzalcóatl recopilaron directamente de personas desplazadas internamente. Si bien los resultados del informe no pueden generalizarse a todo el país, según Cristosal, los nuevos datos arrojan luz sobre el fenómeno y sugieren posibles respuestas de política pública.
Entre los principales hallazgos del informe:
El número de hogares en El Salvador con al menos una persona desplazada aumentó del 2,1 % en 2012 al 5,1 % en 2017, con aproximadamente 273.036 personas desplazadas en total.
El desplazamiento forzado no ha disminuido al mismo ritmo que los homicidios en El Salvador. Una explicación sencilla podría ser que el desplazamiento también es provocado por delitos menores, como la extorsión, las amenazas y las agresiones, incluidas las agresiones sexuales y las violaciones.
En el 96,2 % de los casos, las personas desplazadas citaron a las pandillas como motivo para abandonar sus hogares. Sin embargo, instituciones gubernamentales como la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) también habrían contribuido al desplazamiento interno forzado en el 15,1 % de los casos:
Las extorsiones y los homicidios que contribuyen al desplazamiento forzado, aunque a menudo están relacionados con pandillas, también se atribuyen ocasionalmente a la PNC, como se muestra en el siguiente gráfico:
El 42 % de las 675 personas desplazadas que reciben servicios de Cristosal denunciaron su desplazamiento ante una institución pública. En conjunto, la cifra podría ser menor, cercana al 30 %, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Quienes decidieron no denunciar el delito lo hicieron por diversas razones, entre ellas la falta de confianza en las instituciones públicas, pero la mayoría (68,2 %) no denunció su desplazamiento por temor a represalias de los autores que los habían expulsado de sus hogares.
La población desplazada es principalmente joven y económicamente dependiente. Entre quienes tuvieron contacto con Cristosal y la Fundación Quetzalcóatl, la mayoría de las mujeres (51,5 %) y de los hombres (61,6 %) tenía entre 0 y 25 años de edad.Bullet 93 % de las víctimas del desplazamiento forzado consideró que abandonar El Salvador era su única opción, pero solo el 10,3 % lo había hecho.
El informe de Cristosal tiene como objetivo sensibilizar sobre el desplazamiento interno forzado e insta al Gobierno salvadoreño a reconocer la urgente necesidad de diseñar respuestas eficaces.
El Gobierno de El Salvador se ha referido a la “movilidad interna” en lugar de al desplazamiento interno, con lo que presenta el fenómeno como una decisión. Según el informe de Cristosal, el Gobierno ha descrito la movilidad interna como un fenómeno poco frecuente y temporal, lo que sugiere que las personas afectadas pronto regresarán a sus hogares o abandonarán El Salvador rumbo a Estados Unidos.
El 13 de julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador reconoció que “existe en El Salvador un fenómeno de desplazamiento forzado”. La Corte dictaminó que los órganos ejecutivo y legislativo del país deben reconocer este hecho y trabajar tanto para prevenir el desplazamiento como para proteger a quienes ya han sido desplazados.
Este fallo se produjo en respuesta a denuncias presentadas por ocho familias salvadoreñas obligadas a abandonar sus hogares por grupos criminales. Una familia fue amenazada y golpeada por miembros de la pandilla Barrio 18, a quienes se les dijo que se fueran o serían asesinados. Otra familia se marchó a causa de la extorsión vinculada a pandillas, acompañada de amenazas de muerte. Los agravios de las familias se asemejan a una solicitud de asilo habitual entre los centroamericanos que llegan a Estados Unidos. La diferencia en este caso es que las familias no huyeron a Estados Unidos, o al menos no en un primer momento, sino a otra parte de El Salvador.
El informe de Cristosal es importante en este contexto por varias razones.
En primer lugar, nos recuerda que los centroamericanos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México bien podrían haber sufrido desplazamiento interno antes de abandonar sus países de origen.
En segundo lugar, en el caso de El Salvador, pero probablemente también en el de Honduras, el Gobierno no hace lo suficiente para satisfacer las necesidades de las personas desplazadas internamente, en parte porque se muestra reacio a reconocer el problema.
Por último, una forma de reducir la migración centroamericana hacia México y Estados Unidos sería desarrollar respuestas eficaces para prevenir nuevos desplazamientos internos y, cuando el desplazamiento ya se ha producido, proporcionar los servicios que las personas necesitan para poder permanecer en su país de origen. La crisis del desplazamiento interno forzado requiere atención inmediata por parte de los gobiernos del Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras–, de Estados Unidos y de México, así como de la comunidad internacional en su conjunto.
El problema oculto del desplazamiento interno forzado en Centroamérica, Eric L. Olson y Jessica Tueller
