El grupo encargado de conceder más autonomía a Escocia elaborará este noviembre el programa de reforma constitucional más importante para el Reino Unido desde 1998. El plazo para que la ciudadanía presentara sus opiniones ya ha vencido: la fecha límite de la Comisión Smith era el 31 de octubre a las 17:00. Un proceso tan acelerado va en contra tanto de la diligencia debida necesaria antes de decidir una reestructuración tan radical de los sistemas tributario (y posiblemente de bienestar social) del Reino Unido como del debido proceso que debería acompañar un cambio constitucional tan trascendental.
La campaña del referéndum fue un periodo extraordinario de empoderamiento ciudadano, que dio lugar a una participación de casi el 85 %. En cambio, el proceso de la Comisión Smith presenta todos los rasgos de un regreso a los cambios constitucionales dirigidos por las élites. Resulta profundamente irónico que el impulso para un proceso tan rápido y dirigido por los partidos proceda precisamente del referéndum de independencia. Se puso en marcha cuando se acercaba el 18 de septiembre y las encuestas parecían estrecharse, momento en que los principales partidos unionistas emitieron «el voto solemne», en el que prometían más competencias para el Parlamento escocés y un calendario firme para el cambio.
El calendario es asombroso. El día después del referéndum, el primer ministro David Cameron anunció que Lord Smith of Kelvin supervisaría un proceso para llevar adelante estos compromisos. Los cinco partidos principales (Conservador, Verdes, Laborista, Liberal Demócrata y Partido Nacional Escocés) debían presentar sus opiniones antes del 10 de octubre. La comisión publicará sus recomendaciones antes del 30 de noviembre, con vistas a presentar un proyecto de ley en el nuevo año. Si Salomón Grundy pudiera llevar a cabo una reforma constitucional, así sería.
Hacerlo bien
Mis primeras objeciones son menos de principio que de prudencia. No basta con tomar decisiones de política pública y después evaluar cómo pueden aplicarse. Hay que determinar de antemano las dificultades operativas para poder decidir cuál es el mejor curso de acción. La descentralización de las competencias tributarias y de bienestar social en un Estado tan integrado debe evaluarse en cuanto a sus efectos tanto en Escocia como en el resto del Reino Unido.
El calendario de Smith también resulta extraño, dado que se acercan las elecciones generales del Reino Unido. Por supuesto, los partidos sienten la necesidad de avanzar rápido por motivos políticos. Pero las elecciones generales ofrecen una razón perfectamente válida para aplazar las deliberaciones hasta el año próximo. Con cualquier criterio, es mejor hacer las cosas bien que hacerlas rápido.
Y luego está la cuestión del debido proceso. Como principio democrático, un cambio constitucional fundamental debe ser abierto, inclusivo y deliberativo para que la población de Escocia y, más aún, la del resto del Reino Unido lo considere legítimo.
Ignorar a Gran Bretaña
La perspectiva más amplia es, por supuesto, la Constitución del Reino Unido en su conjunto. La Comisión Smith solo se ocupa de otorgar competencias adicionales al Parlamento escocés. Pero ¿es viable abordar este asunto de forma aislada, sin considerar también las consecuencias para todo el país? Por ejemplo, uno de los elementos del voto solemne fue convertir al Parlamento escocés en una institución «permanente». Pero ¿cómo puede establecerse una garantía constitucional de ese tipo sin cambios importantes en la soberanía parlamentaria, fundamento mismo de la Constitución británica?
La cuestión de West Lothian ya ha reaparecido como contrapunto a la concesión de más competencias a Escocia. ¿Deberían tomarse decisiones sobre competencias tributarias radicales para Escocia sin saber de antemano si, y en tal caso cómo, esas competencias podrían provocar una pérdida considerable de influencia escocesa en Westminster? Tampoco sabemos si este proceso podría impulsar una campaña firme a favor de un Parlamento inglés dentro del sistema del Reino Unido, o de una mayor descentralización para Gales e Irlanda del Norte.
Esto podría implicar un sistema revisado de relaciones intergubernamentales o incluso algún tipo de sistema cuasifederal, posiblemente con una reorganización de la Cámara de los Lores para convertirla en una cámara de las naciones y regiones del Reino Unido; algo que Ed Miliband planteó por primera vez en la conferencia del Partido Laborista de septiembre de 2014. Los escoceses deberían saber si el precio de obtener más competencias será una estructura constitucional radicalmente nueva en la que la posición de Escocia quede, en algunos aspectos, relegada. También podrían surgir problemas de compatibilidad con el Derecho de la UE (un asunto que, según Smith, la comisión abordará).
¿Qué posibilidades hay de una deliberación real?
No es imposible que la Comisión Smith delibere de manera genuinamente constructiva y sin atender a los intereses de los partidos, pero que su composición esté reservada a los partidos políticos y que el plazo sea limitado lo dificulta mucho.
En efecto, las propuestas presentadas a Smith reflejan en gran medida las posiciones ya asentadas de los partidos políticos y no son fruto de una evaluación independiente o multipartidista. Por supuesto, en un proceso de negociación entre partidos habrá concesiones mutuas, pero ¿es este el tipo de deliberación democrática al que aspira la Escocia posterior al referéndum?
Todo esto apunta a la necesidad de actuar con moderación. Ambos gobiernos deberían establecer una revisión mucho más inclusiva y amplia, que se prolongue durante mucho más tiempo. Debería llevarse a cabo de manera más independiente, con relativa libertad respecto a las negociaciones partidistas, y tomando en serio las opiniones de la ciudadanía y de la sociedad civil.
¿Por qué no considerar el referéndum como el primer paso hacia una nueva reafirmación de la política popular? El contexto posterior al referéndum ofrece la oportunidad de volver a conectar con una ciudadanía más informada e interesada que nunca en la política constitucional. Explorar esas vías no supondría apartarse de la voluntad democrática del pueblo. Al contrario, ese diálogo ayudaría a cumplir la promesa democrática del referéndum.
Publicado en colaboración con The Conversation
Autor: Stephen Tierney es profesor de Teoría Constitucional en la Universidad de Edimburgo
Se ven pegatinas de Inglaterra y Escocia mientras los clientes hacen cola en una tienda de dulces en Berwick Upon Tweed, en Northumberland, el 20 de agosto de 2013. REUTERS/Toby Melville
