La Antártida no pertenece a nadie, pero hay muchos países interesados en este continente helado e insular situado en el extremo inferior de la Tierra.
Aunque existen algunas normas sobre quién puede hacer qué allí, la investigación científica no tiene definición en el derecho antártico. Por ello, cualquier investigación realizada por un país en la Antártida o sobre ella puede interpretarse como ciencia antártica legítima.
Hay 30 países – entre ellos Australia – que operan bases y buques y hacen volar aeronaves hacia y desde pistas de aterrizaje a lo largo del continente.
Rusia y China han aumentado su presencia en la Antártida durante la última década, y China está según se informa, interesada en construir su primer aeródromo permanente.
No es sorprendente que haya un gran interés por saber quién hace qué y dónde, especialmente si los países intensifican su inversión en infraestructura antártica con nuevas estaciones, buques o pistas de aterrizaje.
Sus acciones podrían causar sorpresa y alimentar especulaciones. Pero la libertad de los países para actuar de forma autónoma está regida por las leyes que se aplican a este continente de carácter soberano y neutral.
Tratados y firmantes
Hay 12 firmantes originales del Tratado Antártico de 1959 Tratado Antártico, entre ellos Australia, y no tienen que demostrar su compromiso con el tratado, ya que redactaron las normas.
Otros 41 países se han adherido desde 1959 y sí deben demostrar su compromiso.
Los países no firmantes, como Irán o Indonesia, quedan liberados de muchas de estas obligaciones jurídicas.
Hasta que el Tratado Antártico sea reconocido por una autoridad superior (como la Corte Internacional de Justicia) como derecho internacional consuetudinario aplicable a todos los Estados, los países no firmantes pueden hacer, en esencia, lo que quieran en la Antártida.
La aplicación de la ciencia
La libertad de actuación autónoma de los países firmantes se legitima por el hecho de que la ciencia es la moneda de la credibilidad en la Antártida. Esto es importante por dos motivos:
1. la investigación científica tiene prioridad jurídica
2. los nuevos firmantes pueden convertirse en responsables de la toma de decisiones cuando hacen ciencia.
La “libertad de investigación científica” está protegida en el artículo II del Tratado Antártico. Este establece que los firmantes del tratado pueden llevar a cabo investigaciones científicas de cualquier tipo en cualquier lugar de la Antártida, sin necesidad del permiso de nadie.
El Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) coordina la investigación antártica, pero ser miembro no es un requisito previo para hacer ciencia antártica.
Además, el tratado establece el procedimiento para los nuevos firmantes (es decir, distintos de los 12 originales) para alcanzar la condición de Parte Consultiva (con capacidad de decisión).
Las decisiones se toman por consenso (es decir, cuando todos están de acuerdo o no hay objeción formal). Así, el “voto” de cada país cuenta, y los nuevos países aspiran a tener un lugar en la mesa para promover sus agendas nacionales.
Se convierten en Partes Consultivas realizando una “actividad sustancial de investigación científica” (artículo IX.2) y, una vez que se considera cumplida a satisfacción de los demás responsables de decisiones, son aceptados.
Uso compartido de infraestructuras
Inicialmente, la demostración de interés por la ciencia antártica se interpretaba como la construcción de una base o el envío de una expedición (artículo IX.2). Pero tras la adopción del protocolo sobre medio ambiente del tratado en 1991, esta interpretación se reformuló.
Se alentó a las partes (aunque sin carácter jurídicamente vinculante) a considerar la posibilidad de sumarse a las expediciones científicas nacionales existentes de otros países y a compartir estaciones y otros recursos, como buques y aeronaves, cuando fuera posible.
Actualmente solo existe una base científica operada conjuntamente: Concordia, ocupada tanto por Francia como por Italia. El aeródromo de Novolazarevskaya es una operación conjunta coordinada por Rusia.
Este aliento se diseñó para reducir el potencial de expansión de la huella de las actividades humanas.
En 2017, las Partes Consultivas adoptaron directrices revisadas sobre cómo convertirse en responsable de la toma de decisiones. Estas establecen nuevas normas sobre un concepto que nunca antes se había articulado públicamente en un foro antártico: la evaluación de la calidad de la investigación científica.
Esto podría frenar la rápida incorporación de nuevos firmantes a la mesa.
Existen límites
Aunque existe libertad para hacer ciencia en cualquier parte de la Antártida, lo que ningún país puede hacer es reclamar territorio sobre la base de sus esfuerzos de investigación.
El tratado excluye expresamente nuevas reclamaciones o la ampliación de las existentes. Los firmantes que realizan investigaciones y respaldan esas labores mediante la construcción de una base y de infraestructuras, como una pista de aterrizaje, no pueden utilizar esas acciones como base para una reclamación mientras el tratado esté vigente.
Siete países reclaman territorio antártico: Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido. Otros dos, Estados Unidos y la Federación Rusa, se han reservado el derecho a reclamar en el futuro cualquier parte o la totalidad de la Antártida.
Estas reclamaciones formales están reconocidas en el artículo IV del tratado. Pero su hábil redacción evita conflictos por las reclamaciones y reservas durante la vigencia del Tratado, que, por cierto, no tiene fecha de expiración ni de revisión futura.
Dado que las libertades del artículo II permiten realizar investigaciones en cualquier parte del continente, las fronteras que delimitan las reclamaciones se vuelven irrelevantes para todos, salvo para el reclamante.
Una parte puede optar por reconocer una reclamación o no, y no necesita el permiso de nadie para construir una estación o enviar una expedición. Esto significa que los reclamantes tienen una capacidad muy limitada para ejercer la soberanía en su territorio. En la práctica, esto reduce su poder a una jurisdicción solo sobre sus propios nacionales.
El aspecto clave es que realizar actividades sustanciales de investigación científica en la Antártida, incluida la construcción de infraestructuras de apoyo, es el camino que deben seguir los nuevos Estados para alcanzar la condición de responsables de decisiones.
Esto solo está limitado por el requisito legal de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental de cualquier actividad antes de su inicio.
Independientemente de que el promotor de la actividad cumpla con la evaluación ambiental de buenas prácticas, ninguna otra parte puede vetar dicha actividad según las normas.
En esencia, cualquier país, sea o no parte del tratado, puede hacer lo que quiera en la Antártida.
