Hace un año, el presidente y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink escribió una carta a 500 consejeros delegados pidiéndoles que replanteasen su sentido del propósito. «Para prosperar a lo largo del tiempo», escribió, «toda empresa debe no solo ofrecer resultados financieros, sino también demostrar cómo contribuye positivamente a la sociedad».
Fink sostuvo que el excesivo enfoque de las empresas en el corto plazo estaba perjudicando su capacidad para crear más valor a largo plazo. Algunos políticos destacados, entre ellos la senadora estadounidense Elizabeth Warren y (hasta que el Brexit hizo naufragar su agenda política) la primera ministra británica Theresa May – han defendido también una forma de capitalismo más inclusiva y menos depredadora.
Pero, pese a estos llamamientos a la acción, poco ha cambiado. El sector financiero sigue muy centrado en sí mismo e invierte sobre todo en otros ámbitos de las finanzas, los seguros y el sector inmobiliario. Las empresas también están excesivamente financiarizadas, ya que destinan más recursos a las recompras de acciones y a los dividendos que al capital humano, la maquinaria y la investigación y el desarrollo. Y la obsesión por las recompras empeora, incluso en empresas como Apple, donde la caída de la innovación no es ajena al fracaso de la reinversión. Muchas empresas hablan con complacencia de responsabilidad social corporativa, impacto y propósito social, pero muy pocas los sitúan en el centro de sus operaciones.
Situar el propósito en el centro
Fink afirmó que las empresas deberían, en cambio, centrarse en un grupo más amplio de partes interesadas: «accionistas, empleados, clientes y las comunidades en las que operan». Pero esto exigiría estructuras de gobernanza corporativa que maximicen el valor para las partes interesadas, y no para los accionistas, y ni Fink ni otras figuras destacadas del mundo empresarial parecen dispuestos a recorrer este camino «escandinavo».
El cambio real implica situar el propósito en el centro de la forma en que las empresas, los gobiernos y la teoría económica que orienta a los responsables de políticas definen el valor. Como sostengo en mi nuevo libro, Adam Smith y Karl Marx situaron las condiciones objetivas de producción –la división del trabajo, la maquinaria y las relaciones capital-trabajo– en el centro de su concepción del valor. En la economía neoclásica, en cambio, el valor es simplemente una función del intercambio. Solo tiene valor lo que tiene precio, y el esfuerzo «colectivo» queda excluido, porque solo importan las decisiones individuales. Incluso los salarios se consideran resultado de las elecciones de maximización de la utilidad de las personas entre el ocio y el trabajo.
En la visión neoclásica, los gobiernos, en el mejor de los casos, redistribuyen el valor creado en otra parte. Además, el PIB no tiene en cuenta el valor de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Sí contabiliza, en cambio, sus costes (los salarios de los docentes, por ejemplo), de modo que los funcionarios no pueden presumir de ser tan «productivos» como el antiguo consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, que en 2009 sugirió de forma tristemente célebre que lo eran sus empleados.
Ambición y misión
Sin sorpresa, los funcionarios públicos, durante mucho tiempo acusados de «desplazar» a las empresas, han interiorizado la creencia de que solo deberían corregir los fallos del mercado. Sin embargo, las organizaciones públicas que pusieron a un hombre en la Luna e inventaron internet hicieron mucho más que corregir fallos del mercado. Tenían ambición, un propósito y una misión.
Para hablar en serio del propósito, debemos reconocer que el valor se crea de forma colectiva y construir alianzas más simbióticas entre las instituciones públicas y privadas y la sociedad civil. Al hacerlo, debemos abordar tres cuestiones: qué valor crear, cómo evaluar el impacto y cómo repartir los beneficios.
Paul Polman, el consejero delegado saliente de Unilever, ha tratado con razón de centrar a las empresas en la creación de valor en línea con objetivos sustanciales, especialmente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por supuesto, ni el sector público ni el privado pueden, por sí solos, alcanzar las 169 metas específicas que sustentan los ODS. Pero los gobiernos pueden utilizar los objetivos para poner en marcha iniciativas que requieran inversión e innovación de muchas organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Defendí este enfoque en un informe que se ha convertido en una parte fundamental del programa Horizonte de la Comisión Europea.
Del mismo modo, las empresas que evalúan su impacto social deberían descartar objetivos imprecisos y centrarse en pasos concretos para ayudar a resolver problemas. Las entidades financieras dejarían de evaluar sus préstamos en función de categorías de empresas o países, y lo harían en función de actividades que contribuyan a cumplir misiones específicas, como eliminar el plástico de los océanos o crear ciudades más sostenibles. Asimismo, los gobiernos deberían conceder menos subvenciones a las empresas y apoyarse más en la contratación pública y en esquemas de premios para impulsar las innovaciones empresariales orientadas a alcanzar los ODS. En otras palabras, debería haber menos selección de ganadores y más selección de quienes están dispuestos.
Por último, las empresas deben compartir las recompensas, así como los riesgos, de la creación de valor. Las empresas se han beneficiado enormemente de la inversión pública no solo en educación, investigación e infraestructuras básicas, sino también en tecnologías como las que impulsan los smartphones actuales.
Por tanto, los gobiernos podrían retener una mayor parte de los rendimientos al alza para cubrir las pérdidas a la baja que implica asumir riesgos. Por ejemplo, podrían tomar participaciones en el capital de empresas como Tesla, que recibió un apoyo de cuantía similar al de la empresa fracasada Solyndra, o generar rendimientos no monetarios estableciendo condiciones sobre los precios de los bienes (como los medicamentos) que reciben fuertes inversiones públicas, y sobre la gobernanza del conocimiento (para garantizar que el sistema de patentes no sea objeto de abusos).
Del mismo modo, las condiciones sobre la reinversión de los beneficios empresariales reducirían el acaparamiento de liquidez y las recompras de acciones. Por citar un ejemplo célebre, cuando se creó Bell Labs, se presionó a monopolios como AT&T para que reinvirtieran sus beneficios. Ese coraje se ha perdido.
Un capitalismo con más propósito requiere algo más que cartas, discursos y gestos de buena voluntad. Las empresas, los gobiernos y la sociedad civil deben actuar juntos, con valentía, para que sus hechos estén a la altura de sus palabras.
