La Unión Europea ha reunido a 28 países en una unión política y económica más estrecha. Paradójicamente, también ha hecho más factible plantearse la desintegración de algunos de esos países.
La independencia de un pequeño Estado fuera de un grupo político y económico como la UE sería hoy arriesgada. Dentro de la UE, sin embargo, las barreras entre los Estados —y, por tanto, los riesgos políticos y económicos de la independencia— son menores.
Consideremos el caso de Escocia, donde se celebrará un referéndum popular sobre la independencia el 18 de septiembre. El referéndum es el resultado de la aplastante victoria del Partido Nacional Escocés en las elecciones al Parlamento escocés de 2011. El primer ministro británico, David Cameron, se ha opuesto a que Escocia abandone el Reino Unido, pero no se ha opuesto a la celebración del referéndum. Las encuestas de opinión realizadas desde que se anunció la redacción de la pregunta del referéndum (“¿Debe Escocia ser un país independiente?”) indican que es poco probable que el bando del “sí” obtenga una mayoría clara.
En España existe un debate nacional sobre la independencia de Cataluña, donde la identidad nacional se ve reforzada por el hecho de que la mayoría de los residentes de la región hablan catalán además de español. En cambio, solo alrededor del 1 % de los escoceses puede hablar gaélico escocés. Quizá por ello, el apoyo a la independencia en Cataluña parece ser mucho más amplio, con alrededor de la mitad de los residentes de la región que afirman apoyar la secesión.
Pero el Parlamento español votó abrumadoramente en contra de permitir al gobierno catalán celebrar un referéndum sobre la independencia, y el gobierno central ha afirmado que dicha votación sería inconstitucional. Artur Mas, presidente del gobierno regional de Cataluña, ha prometido seguir adelante con un referéndum no vinculante de todos modos.
Si la mayoría de los votantes de una región diferenciada de un país es partidaria de la independencia, ¿significa eso que tiene derecho a secesionarse? Sin duda, hay más cuestiones que deben abordarse además de esta única.
¿Qué sucede si la secesión de una región deja tras de sí un Estado residual que ya no es viable? Dentro de la UE, esto es menos problemático, dado que los pequeños Estados, en teoría, siguen beneficiándose del libre comercio dentro de la Unión; pero, fuera de la UE, la situación del Estado restante puede ser desesperada.
En septiembre de 1938, Adolf Hitler amenazó con atacar Checoslovaquia para someter bajo su dominio a los alemanes étnicos que vivían cerca de la frontera alemana. El Acuerdo de Múnich entregó esta región, a la que los nazis llamaban los Sudetes, a Alemania, dejando a Checoslovaquia sin fronteras defendibles y allanando el camino para la invasión nazi y la partición del país en marzo siguiente.
Si se hubiera ofrecido a los alemanes de los Sudetes un referéndum libre y justo, es posible que una mayoría hubiera apoyado la unión con Alemania. Pero ¿les habría otorgado eso el derecho a abandonar el resto de Checoslovaquia indefensa frente a su vecino, grande y hostil?
El Reino Unido y España no necesitan temer que la independencia de Escocia y Cataluña los exponga a esas amenazas. No obstante, la secesión de Escocia privaría al Reino Unido de importantes ingresos del petróleo del Mar del Norte, en los que se basa en gran medida la viabilidad económica de la independencia escocesa, y España también podría sufrir la pérdida de la contribución desproporcionadamente grande de Cataluña a la economía española.
Las violaciones generalizadas de los derechos humanos, causadas o toleradas por un gobierno nacional, pueden dar lugar a lo que a veces se denomina un derecho de secesión correctivo para los habitantes de una región. Si otros remedios fallan en tal situación, la secesión podría estar justificada como último recurso, aunque imponga elevados costes al Estado residual.
Así ocurrió cuando Bangladés se separó de Pakistán, y también se afirmó que era el caso cuando la OTAN apoyó la independencia de Kosovo respecto de Serbia. Pero esto no es cierto para Escocia ni para Cataluña; tampoco, a pesar de la propaganda rusa, parece ser el caso de las regiones de Ucrania con mayoría de población de etnia rusa.
Si Escocia y Cataluña llegaran a convertirse en países independientes, solo será porque el Reino Unido y España lo permitan. Todos los Estados tienen interés en la estabilidad, por lo que es difícil imaginar que, en ausencia de violaciones generalizadas, graves e innegables de los derechos humanos, otros Estados reconocieran a una región que, tras haber formado parte de un Estado durante muchos siglos, se declarara independiente sin la aquiescencia del país del que se separa.
Es también improbable que la UE acepte a Escocia o a Cataluña como miembro si el Reino Unido o España rechazan sus pretensiones de independencia. De hecho, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha afirmado que la UE podría rechazar las solicitudes de Escocia y Cataluña, o al menos retrasarlas considerablemente, incluso si el Reino Unido y España aceptan su independencia. Y, sin la pertenencia a la UE, es difícil imaginar que una mayoría de personas en Escocia o Cataluña se lance a la incertidumbre económica que traería consigo la independencia.
El papel de un referéndum en una región que busca la secesión solo puede ser, por tanto, una forma de persuasión dirigida al gobierno del Estado existente. Una participación masiva que muestre una clara mayoría a favor de la independencia sería una manera de decir: vean cuán intensamente sentimos este asunto. Estamos tan insatisfechos con el statu quo que la mayoría de nosotros se inclina ahora por la secesión. Si quieren que nos quedemos, deben atender los agravios que han llevado a una mayoría de nosotros a querer marcharse.
Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Autor: Peter Singer, catedrático de Bioética en la Universidad de Princeton y profesor laureado en la Universidad de Melbourne.
Imagen: Partidarios de la independencia participan en una marcha en Edimburgo, Escocia. REUTERS/David Moir
