Hace doscientos años, este mes, en la batalla de Waterloo, la derrota de Napoleón Bonaparte a manos de un ejército aliado, dirigido por el duque de Wellington, volvió a moldear el futuro de Europa. Ahora, Gran Bretaña podría estar a punto de hacerlo una vez más.
El Reino Unido, cuyo nuevo gobierno conservador con mayoría absoluta se ha comprometido a celebrar un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea antes de que termine 2017, quizá incluso el próximo año, no es la excepción que a menudo se dice que es. De hecho, está a la vanguardia de la atrofia institucional de la UE. Aunque conserve su pertenencia a la UE, el Reino Unido seguirá alejándose gradualmente de Europa. Con oportunidades comerciales más atractivas en otros lugares, la mayoría de los países europeos seguirá su ejemplo.
Para la UE, satisfacer las exigencias del Reino Unido —restringir las prestaciones para los trabajadores migrantes, limitar la regulación financiera que podría perjudicar a la City de Londres y renunciar al objetivo de una «unión cada vez más estrecha»— exigiría una transformación fundamental, que incluiría cambios totalmente inviables en los tratados que sustentan las instituciones europeas. Así, el debate se ha centrado en la posibilidad de conceder al Reino Unido un estatus especial o permitirle quedar exento de más disposiciones de la UE.
Pero, dadas las crecientes dudas sobre los beneficios de la integración, incluso esa solución podría poner en riesgo la desintegración de la UE. Al poner de relieve que Europa ya no ofrece un dividendo económico, el alejamiento del Reino Unido de la UE impulsará llamamientos cada vez más insistentes a favor del cambio en otros lugares. En pocas palabras, hablar del «Brexit» ha dejado al descubierto las fracturas económicas y políticas de Europa, y no hay vuelta atrás.
En su biografía de 2005 del entonces ministro de Hacienda Gordon Brown, Robert Peston describió la «visión pragmática [de Brown] de que la UE era algo positivo solo en la medida en que ofreciera beneficios prácticos de paz y prosperidad a Gran Bretaña». Aunque los británicos han sido especialmente francos sobre el carácter nacionalista de su apoyo a la integración europea, los demás miembros de la UE no han tenido menos presentes sus intereses internos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, los intereses nacionales de los países europeos estaban alineados. Sin embargo, los esfuerzos por establecer la unidad política mediante un ejército común fracasaron en 1954, lo que puso de relieve que la convergencia económica era la clave de la integración europea. Y, en efecto, el Tratado de Roma de 1957, que abrió las fronteras nacionales dentro de la nueva Comunidad Económica Europea, permitió la rápida expansión del comercio intraeuropeo y contribuyó así a una recuperación económica compartida. Los beneficios materiales de estas relaciones comerciales fomentaron la empatía entre los europeos, impulsando un mayor apoyo y confianza en las instituciones comunes.
Este proceso comenzó más tarde para el Reino Unido, que se incorporó a la Comunidad en 1973, pero siguió una trayectoria similar: los ciudadanos británicos respondieron a los beneficios económicos apoyando una mayor integración. La primera ministra Margaret Thatcher, al promover el Acta Única Europea de 1986, buscaba maximizar esos beneficios. Siguiendo el espíritu del Tratado de Roma, se aseguró de que el acta se centrara en desarrollar un mercado común abierto y competitivo, en el que todos los miembros participaran en igualdad de condiciones.
En cambio, su homólogo alemán, el canciller Helmut Kohl, considerado a menudo uno de los principales defensores de Europa de esa generación, apoyó con tibieza el Acta Única Europea. Prefería contribuir a encauzar Europa hacia la unión monetaria y política, justo cuando su economía había empezado a quedarse rezagada respecto del resto del mundo.
El resultado fue el Tratado de Maastricht de 1991: el momento en que la integración europea se aceleró a toda marcha. Pero los arquitectos del Tratado estaban tan ocupados con sus juegos de poder internos que no reconocieron que la unión monetaria no podía frenar el declive de Europa, especialmente cuando Estados Unidos experimentaba un rápido crecimiento de la productividad y ya había comenzado el ascenso económico de Asia. Con la recuperación europea de posguerra ya completada hacía tiempo, había que replantear la lógica de la integración. Por desgracia, eso no ocurrió.
Como consecuencia, el comercio intraeuropeo y el apoyo a las instituciones europeas, tras dispararse en las dos décadas anteriores, empezaron a disminuir prácticamente antes de que se secara la tinta del Tratado de Maastricht. La prolongada crisis de la eurozona, que comenzó en 2008, ha agravado esta tendencia; los países miembros todavía luchan por restablecer la estabilidad económica y financiera y probablemente seguirán rezagados respecto del resto del mundo en cuanto al crecimiento del PIB.
Ningún marco institucional puede sobrevivir si no sirve a los intereses materiales de quienes lo integran. En el siglo XIX, cuando los gremios artesanales tunecinos no lograron adaptarse a la industrialización, quedaron obsoletos y los amins, o maestros de gremio, se convirtieron en figuras decorativas de instituciones vacías. Hoy, las instituciones europeas podrían correr la misma suerte.
Sin las ataduras del euro y beneficiándose de relaciones comerciales de larga data fuera de Europa, Gran Bretaña se encuentra en una posición particularmente sólida para oponerse a las instituciones de la UE. Puede que esto responda a sus propios intereses, pero no debería sorprender; de hecho, dado que las empresas de toda Europa buscan mercados en otros lugares, el enfoque británico bien podría anunciar acontecimientos similares en otras partes.
La integración europea a la sombra de la Segunda Guerra Mundial fue un logro sabio y magnífico. Pero, ahora que esa tarea histórica se ha completado, las instituciones europeas necesitan una nueva razón de ser. Y, dado que la UE, a diferencia de otras federaciones, carece de un destino político común, esa razón debe centrarse en los beneficios materiales.
La UE debe volver al motor fundamental de su éxito y promover una renovada agenda de mercado único que refleje la lógica del Tratado de Roma. Por desgracia, Europa está tan dividida hoy en día que las perspectivas de lograr ese resultado no son alentadoras: las nuevas iniciativas en esa línea se enfrentan a «una creciente resistencia política»
Si los europeos se limitan a invocar el elevado mantra de una «unión cada vez más estrecha», sus instituciones se atrofiarán. Sin un nuevo objetivo unificador —basado en beneficios materiales compartidos, no en el temor a la Rusia resurgente de Vladimir Putin—, los amins europeos pronto se quedarán sin trabajo.
Este artículo se publica en colaboración con Vox EU. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Ashoka Mody es profesor visitante de Política Económica Internacional en la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de la Universidad de Princeton y miembro visitante de Bruegel.
Imagen: La bandera de la Unión Europea aparece en una ventana que refleja una calle de Londres. REUTERS/Luke MacGregor.
