Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate.
Para disgusto de la mayoría de los africanos, el mundo lleva mucho tiempo observando su continente a través del prisma de las tres «C»: conflicto, contagio y corrupción.
Sin embargo, las dos primeras distan mucho de ser generales. La guerra civil se limita principalmente a determinadas regiones, por ejemplo, Sudán del Sur o la República Democrática del Congo. Y el ébola en África Occidental se extendió más a Europa y Estados Unidos que al resto del continente. Pero la tercera, la corrupción, ha sido universal y perjudica a casi todos los países.
No obstante, hay señales alentadoras de cambio. Si crecen y se extienden, la suerte de África podría mejorar considerablemente.
Empecemos por Ruanda. Mientras el presidente Paul Kagame impulsa una enmienda constitucional para buscar un tercer mandato, los diplomáticos occidentales murmuran con preocupación sobre la aparición de otro autócrata africano. Sin embargo, basta con visitar el país para encontrar una nación próspera.
En la mayor parte de África, una parada de tráfico significa un soborno; en Ruanda, tanto el agente como el conductor acabarían en prisión. Las instituciones gubernamentales funcionan con una transparencia notable, y el Estado de derecho es real. Un sábado al mes, Kagame y los ciudadanos salen a barrer las calles, una metáfora que no pasa desapercibida para la organización global de vigilancia anticorrupción Transparencia Internacional, que sitúa a Ruanda como el país más limpio de África.
Ahora considere Nigeria, el mayor productor de petróleo del continente. Según algunas estimaciones, los gobernantes anteriores robaron alrededor del 3 % del PIB del país cada año. Esos miles de millones de petrodólares podrían haber financiado una Nigeria moderna con buenas carreteras, hospitales y escuelas. En cambio, el dinero fue a parar a las mansiones, los coches y las cuentas bancarias extranjeras de una pequeña élite.
Ahora, un nuevo presidente está reescribiendo las reglas. Desde su toma de posesión en mayo, Muhammadu Buhari (como Kagame, antiguo militar) ha lanzado una ofensiva concertada contra la corrupción de alto nivel. En noviembre, dos altos funcionarios fueron imputados por una estafa de 2.000 millones de dólares para comprar cazas, helicópteros y municiones que nunca llegaron a entregarse. En octubre, el exministro de Petróleo y el director de la compañía petrolera nacional fueron detenidos.
De repente, la austeridad personal está de moda. Las ventas de Mercedes-Benz y Rolls-Royce se han desplomado. Las ostentosas villas de lujo no encuentran comprador.
Que tales reformas logren ir lo bastante lejos como para marcar la diferencia depende en parte de si logran arraigar en otros lugares. También en este caso hay señales alentadoras. El presidente de Benín, un pequeño país también de África Occidental, pidió recientemente disculpas después de que funcionarios corruptos se apropiaran de una subvención extranjera de 4 millones de dólares. Senegal está poniendo en marcha su propia campaña anticorrupción. Y ningún otro país atrae tanta atención como Tanzania, donde el recién elegido presidente John Pombe Magufuli ha fijado un estándar poco habitual en el liderazgo.
Tras visitar un hospital en el que los pacientes yacían en los pasillos, Magufuli redujo una opulenta cena con motivo de la apertura del parlamento y destinó el dinero a camas de hospital. También canceló las celebraciones del Día de la Independencia y destinó los ahorros a frenar un brote de cólera. Prohibió los viajes en clase business y los costosos retiros oficiales del gobierno, destituyó a altos funcionarios presuntamente corruptos y empezó a simplificar normativas complicadas que los burócratas corruptos explotaban para extraer cuantiosos sobornos.
En África Oriental, donde Twitter es popular, los usuarios presionan a sus propios gobiernos para que actúen con etiquetas como #WhatWouldMagufuliDo? Esa pregunta es más pertinente en Kenia, el rostro de una África en ascenso, y el tercer país más corrupto del continente, según Transparencia Internacional, solo superado por dos Estados casi fallidos, Liberia y Sierra Leona
Cada día llegan noticias sensacionales de saqueos increíbles: bolígrafos y fotocopiadoras comprados por varias veces su precio de mercado; millones pagados a contratistas fantasma por servicios inexistentes; y plantas industriales estatales que simplemente desaparecen, desmanteladas y vendidas como chatarra por sus directivos. Según informes, la mitad de una reciente emisión de eurobonos por 2.500 millones de dólares se ha esfumado. Los diputados, entre los mejor pagados del mundo, inflan sin reparo los gastos y realizan costosos viajes, mientras debilitan a los organismos gubernamentales de investigación y prohíben a los periodistas presentar a los legisladores de forma negativa.
La buena noticia es que muchas de estas revelaciones proceden de inspectores gubernamentales y reformadores empeñados en el cambio. Les ha animado el presidente Uhuru Kenyatta, que ha puesto en marcha la campaña de buen gobierno más ambiciosa de la historia de Kenia.
En las últimas semanas, Kenyatta, hijo del primer presidente de Kenia, destituyó a un tercio de su gabinete, en sus propias palabras, «para frenar la corrupción desenfrenada». La policía ha registrado domicilios de altos funcionarios, incautando bolsas de dinero en efectivo en al menos un caso, y el gobierno ha fijado precios de referencia para las contrataciones públicas, ha creado tribunales especiales contra la corrupción y ha instaurado las denominadas auditorías de «estilo de vida» a los principales cargos públicos.
Los kenianos son escépticos. La corrupción está demasiado arraigada y los cárteles criminales son demasiado poderosos para que las palabras valientes surtan efecto. Sin embargo, el progreso debe empezar en algún punto, y ahora es el momento de que los aliados internacionales de Kenia den un paso al frente.
En julio, el presidente estadounidense Barack Obama firmó un pacto para ayudar a Kenia en su lucha contra la corrupción. Al igual que la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo, el pacto se centra en los flujos financieros ilícitos, además de en la recuperación de activos robados. Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto una prohibición de entrada a un número no especificado de funcionarios públicos. Los países europeos deberían seguir su ejemplo, tanto en Kenia como en otros lugares.
El presidente de Nigeria, Buhari, ha instado a la comunidad internacional a actuar con firmeza contra los refugios seguros donde los líderes corruptos esconden la riqueza robada. Congelar los bienes en el extranjero de los funcionarios investigados sería un gran paso. También lo sería la confiscación local de los activos mal habidos. Se espera que Kenia lo haga pronto.
Lo más importante es acabar con la cultura de impunidad. Una encuesta de próxima publicación sobre jóvenes kenianos, realizada por el Instituto de África Oriental de la Universidad Aga Khan, reveló un sorprendente «déficit de integridad». La mitad de los encuestados cree que la forma en que se gana el dinero es irrelevante, y un tercio afirmó que aceptaría o daría un soborno sin reparos. Tres cuartas partes no denunciarían la corrupción por temor a represalias.
Cambiar esa mentalidad es crucial. La corrupción nunca será erradicada en África ni en ningún otro lugar. Pero debe ser una anomalía, no una constante absoluta.
La publicación no implica la aprobación de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Autor: Michael Meyer, antiguo director de comunicación del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, es decano de la Escuela de Posgrado de Medios y Comunicación de la Universidad Aga Khan en Nairobi.
Imagen: Un policía ruandés se encuentra junto a unos alumnos mientras vigila la zona. REUTERS/Tobias Schwarz.
