Shehla Masood era una empresaria de 38 años que vivía en la ciudad de Bhopal, en el centro de la India. Fue abatida y asesinada cerca de su casa el 16 de agosto de 2011, después de acogerse a la Ley sobre el Derecho a la Información de la India para denunciar la corrupción local.
Masood fue una de las varias personas denunciantes asesinadas o atacadas en la India antes de la aprobación del proyecto de ley del país sobre protección de denunciantes.Su historia demuestra la considerable amenaza de represalias por denunciar irregularidades.
Ante la corrupción, solo unos pocos tenemos el valor de alzar la voz. Para muchas personas, denunciar prácticas empresariales cuestionables o abusos de poder sin protección es sencillamente demasiado arriesgado. Sin embargo, las denuncias desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la corrupción.
Entonces, ¿cómo podemos animar a quienes son testigos de prácticas corruptas a denunciar? Y ¿cómo podemos brindar una protección adecuada a quienes denuncian irregularidades? En el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), miembros de la Alianza Internacional de Cazadores de la Corrupción se reunieron en el Banco Mundial para debatir estas cuestiones.
«Quienes denuncian irregularidades son como los ojos y oídos del público», afirmó Dorji Thinlay, cazador de la corrupción de la Comisión Anticorrupción de Bután. «Pero, si no hay protección, habrá represalias contra ellos».
Para fomentar las denuncias, debemos establecer medidas jurídicas sólidas que protejan a quienes denuncian frente a las represalias. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Ley francesa de lucha contra la corrupción protege a quienes denuncian de una amplia gama de medidas disciplinarias, despidos o discriminación. De manera similar, las enmiendas propuestas al proyecto de ley anticorrupción de Italia establecen que quienes denuncian no pueden ser «sancionados, despedidos ni sometidos a ninguna discriminación directa o indirecta que afecte a sus condiciones laborales y esté vinculada directa o indirectamente con la denuncia (lea más)».
Sin embargo, estas medidas no deben interpretarse como una señal de que exista una protección generalizada o universal para quienes denuncian irregularidades. Transparency International informa que, aunque la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) subraya la importancia de proteger a quienes denuncian, muchos de los países que han ratificado la Convención aún carecen de protección jurídica adecuada o de voluntad para hacerla cumplir y protegerlos.
La confidencialidad es fundamental para mantener a salvo a quienes denuncian irregularidades. La mayoría de las leyes sobre denunciantes exige mantener en secreto su identidad. Por ejemplo, el fiscal anticorrupción de Perú tiene la obligación de proteger la identidad de quienes denuncian asignándoles códigos de identificación que debe mantener en secreto. Según Carla Salazar, secretaria general de la Contraloría General de la República del Perú, también deberían imponerse sanciones a quienes revelen o permitan el acceso a la información personal de quienes denuncian. Sin estas medidas para garantizar la confidencialidad, es probable que tengan demasiado miedo para alzar la voz.
La protección jurídica por sí sola no basta para fomentar las denuncias. Nicola Bonucci, director de Asuntos Jurídicos de la OCDE, señala que el éxito de quienes combaten la corrupción depende de campañas eficaces de sensibilización y de una comunicación abierta que informe al público sobre sus derechos y los canales de denuncia establecidos en sus respectivos países.
Las experiencias de Bután y Perú indican que la labor de acercamiento al público —en colaboración con organizaciones de la sociedad civil mediante las redes sociales, publicaciones y mensajes de texto— contribuye a generar confianza en la ciudadanía para denunciar la corrupción. En Bután, por ejemplo, los ciudadanos solían denunciar la corrupción de forma anónima por miedo a las represalias. Ahora, a medida que conocen mejor y confían más en la Comisión Anticorrupción, el número de denuncias anónimas presentadas ante esta ha disminuido poco a poco durante los últimos ocho años.
Comunicar la importancia y el valor de alzar la voz también puede ayudar a cambiar las percepciones culturales y las actitudes del público hacia las denuncias, al fomentar la comprensión de estas como un acto en favor del bien común.
Quienes denuncian irregularidades desempeñan un papel importante, aunque a menudo arriesgado, al sacar a la luz la corrupción. Para proteger y alentar las denuncias, necesitamos tanto marcos jurídicos sólidos que protejan frente a las represalias como una comunicación clara de los procedimientos y canales disponibles para quienes son testigos de la corrupción y la denuncian.
Este artículo se publica en colaboración con el blog People, Spaces and Deliberation del Banco Mundial. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autora: Jing Guo es miembro del Grupo de Investigación de Opinión Pública del Departamento de Comunicaciones de Global Practice.
Imagen: Una joven iraquí extiende su dinero mientras hace cola para comprar el pan de primera hora de la mañana en la fábrica de pan de Bagdad, el 20 de mayo de 2003. REUTERS/Kieran Doherty.
