Durante el último siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades inconcebibles que conmocionaron profundamente la conciencia de la humanidad. Podríamos haber caído en la desesperación, pero en cambio establecimos mecanismos jurídicos para garantizar que los responsables de estos crímenes no quedaran impunes. La Corte Penal Internacional (CPI) es uno de esos mecanismos.
La CPI es el primer tribunal permanente del mundo encargado de juzgar a personas sospechosas de cometer los crímenes más graves de interés para la comunidad internacional: actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, la CPI es un tribunal de último recurso, lo que significa que solo puede investigar y enjuiciar cuando los tribunales nacionales no están dispuestos o no pueden hacerlo. En otras palabras, la CPI no sustituye a los tribunales nacionales, sino que los complementa. En el derecho penal internacional, esto se conoce como el principio de complementariedad.
De conformidad con este principio, los países conservan la responsabilidad primordial y la jurisdicción sobre las personas acusadas de cometer los crímenes más graves. Así, el enjuiciamiento de los crímenes internacionales está garantizado en gran medida por los tribunales nacionales. Para hacerlo de manera eficaz, sin embargo, estos tribunales deben contar con el respaldo de medidas a nivel interno, que podrían tener carácter jurídico, educativo o económico.
En primer lugar, podríamos ayudar a fortalecer la capacidad de nuestros países para impartir justicia y la capacidad de nuestros conciudadanos para acceder a ella. Con ello me refiero a que podríamos apoyar los esfuerzos en favor del Estado de derecho mediante la protección de los derechos humanos y la prevención de conflictos o, si se producen durante o después de un conflicto, mediante la resolución, las reparaciones y la reconciliación.
En segundo lugar, podríamos apoyar iniciativas educativas, desde la escuela primaria hasta la educación postsecundaria y la formación profesional o técnica. En cada oportunidad, debemos inculcar la importancia de dar prioridad a la educación, los derechos humanos y el desarrollo.
En tercer lugar, podríamos compartir ideas, tecnología y redes para permitir que las personas, especialmente los jóvenes, contribuyan a la actividad económica de sus países. Las investigaciones sugieren que la actividad económica favorece niveles de vida más altos que, a su vez, respaldan normas más elevadas en materia de derechos humanos.
Dado que las posibles medidas varían tanto, al igual que nuestros propios intereses y experiencias, todos podemos contribuir a avanzar en la justicia internacional. De hecho, todos podemos desempeñar un papel de apoyo y facilitación en nuestros propios países y en los de los demás.
Autora: Renée Maria Tremblay es una profesional visitante reciente en la Corte Penal Internacional y asesora jurídica de la Corte Suprema de Canadá. También es Young Global Leader de 2013.
Imagen: Sala del Tribunal Internacional de Justicia REUTERS
