Los gobiernos de todo el mundo recibieron el lunes el plan definitivo de una respuesta internacional a la necesidad de cerrar las lagunas fiscales, aprovechadas por las empresas multinacionales, con el fin de controlar mejor hasta 240.000 millones de dólares de ingresos fiscales perdidos cada año en todo el mundo.
El paquete final de medidas de 2015 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del proyecto sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), publicado en París el lunes, incluye normas internacionales nuevas o reforzadas, así como medidas concretas para ayudar a los países a abordar los problemas de elusión fiscal.
La OCDE afirmó que la pérdida de ingresos fiscales se debe a múltiples causas, entre ellas la planificación fiscal agresiva de algunas empresas multinacionales, la interacción de las normas fiscales nacionales, la falta de transparencia y de coordinación entre las administraciones tributarias, los limitados recursos de los países para hacer cumplir la normativa y las prácticas fiscales perjudiciales.
La búsqueda de ingresos adicionales se ha convertido en un objetivo clave para las economías mundiales, que aún se recuperan de la crisis financiera mundial. El paquete BEPS, según la OCDE, «representa los resultados de un esfuerzo importante y sin precedentes de los países de la OCDE y del G20, que trabajan juntos en pie de igualdad con la participación de un número creciente de países en desarrollo».
El G20 está integrado por naciones de importancia estratégica mundial, entre ellas Sudáfrica, y representa el 85 % de la economía mundial y el 80 % del comercio mundial. Los países de la OCDE son democracias que respaldan las economías de libre mercado. Los países miembros se han comprometido con el paquete BEPS integral, compuesto por 15 acciones, y con su aplicación coherente.
Medidas contra la elusión fiscal
Las 15 medidas tienen por objeto frenar la elusión fiscal y abarcan desde el compromiso de abordar los desafíos fiscales de la economía digital hasta el aumento de la eficacia de los mecanismos de resolución de controversias.
Dentro de los planes de acción, las naciones han acordado formas de neutralizar los efectos de los llamados «mecanismos híbridos de desajuste», en los que las medidas adoptadas para evitar que una multinacional tribute dos veces se utilizan indebidamente para eludir por completo el pago de impuestos, también conocido como «doble no imposición».
También han acordado reforzar las normas sobre sociedades extranjeras controladas para que los países puedan impedir que los contribuyentes trasladen ingresos a filiales extranjeras
La acción cinco establece una norma mínima y una metodología para evaluar el nivel de actividad de una multinacional en un régimen fiscal preferente. Además, se ha acordado un marco que permite el intercambio obligatorio y espontáneo de información sobre resoluciones relacionadas con inquietudes BEPS.
El paquete también incluye nuevas normas para prevenir el treaty shopping y los abusos. Los países se han comprometido a adoptar un enfoque normalizado para la documentación de precios de transferencia, incluida la presentación de informes país por país, con el fin de ayudar a las administraciones tributarias a identificar riesgos.
Las nuevas medidas también incluyen una definición modificada de la expresión «establecimiento permanente» para abordar las técnicas empleadas para evitar el pago de impuestos.
Al constatar las limitaciones de los datos para medir y supervisar el BEPS, ya se ha creado un cuadro de mando de seis indicadores, y los países se han comprometido a colaborar en la mejora de la recopilación y el análisis de datos.
Aplicación rápida
El foco se desplaza ahora hacia la pronta aplicación de las medidas, según la OCDE. Además, ya se ha iniciado el trabajo para elaborar un instrumento multilateral que incorpore las medidas BEPS relacionadas con los tratados a la red existente de convenios fiscales bilaterales.
La OCDE indicó que el instrumento estará abierto a la firma de todos los países interesados en 2016.
El BEPS es un problema que afecta por igual a países desarrollados y en desarrollo; según la OCDE, se estima de forma conservadora que representa entre el 4 % y el 10 % de los ingresos mundiales por impuesto de sociedades, lo que equivale a entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales.
Un proceso inclusivo
Previamente se habían planteado inquietudes de que no se había consultado adecuadamente a los países en desarrollo durante la elaboración del paquete. Sin embargo, desde entonces se ha consultado a más de 80 países en desarrollo y a otras economías no pertenecientes a la OCDE ni al G20, y más de una docena de ellos han participado directamente en el Comité de Asuntos Fiscales, según señaló la OCDE.
«Los países en desarrollo dependen en mayor medida de los ingresos por impuesto de sociedades procedentes de multinacionales como porcentaje de los ingresos tributarios, mientras que el impacto en los países desarrollados, en términos absolutos, es considerablemente mayor», afirmó la OCDE en los documentos facilitados.
La organización señaló que los desafíos específicos a los que se enfrentan los países en desarrollo, identificados por ellos mismos, se abordan en el marco del trabajo sobre el BEPS, y que también existe un grupo de trabajo específico para elaborar orientaciones prácticas sobre las cuestiones prioritarias relacionadas con el BEPS identificadas por los países en desarrollo. Una nueva iniciativa conjunta entre la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, denominada Tax Inspectors Without Borders, también permitirá que inspectores fiscales con experiencia trabajen con funcionarios tributarios de países en desarrollo para mejorar los resultados y desarrollar la capacidad de auditoría fiscal.
Este artículo se publica en colaboración con Mail & Guardian. La publicación no implica la aprobación de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Autor: Lisa Steyn es periodista de negocios del Mail & Guardian.
Imagen: Un hombre camina frente a edificios en el distrito financiero central de Singapur. REUTERS/Nicky Loh
