El control de la corrupción suele considerarse responsabilidad del gobierno. Se presume que las personas, las empresas y las sociedades serán como son. Por eso, si la corrupción prospera en un país, se considera un fracaso del gobierno. En las conversaciones informales del bazar y en los foros públicos indignados, las exigencias invariablemente piden mayor honestidad entre los funcionarios públicos, leyes más estrictas y una mejor aplicación. La indignación pública ante la corrupción es comprensible, pues esta es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico. Al mismo tiempo, las soluciones que se ofrecen en los discursos populares suelen ser ingenuas.
Sostenemos aquí que las empresas privadas y las sociedades tienen margen para desarrollar normas de cumplimiento propio que permitan controlar la corrupción, de manera algo similar a como las personas que viven en comunidades residenciales privadas suelen crear mecanismos para mantener limpios sus espacios comunes.
La expectativa popular de que el gobierno tendrá interés en controlar la corrupción tiene un defecto fundamental. La mayoría de los agentes que conforman el gobierno —políticos, burócratas y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley— se benefician de la corrupción. Por lo tanto, las leyes se debilitan y dejan resquicios; la aplicación de medidas anticorrupción por parte de una rama del gobierno encuentra resistencia y obstrucciones de otras ramas o departamentos con facultades paralelas o independientes.
La comunidad empresarial en su conjunto tiene incentivos más fuertes para contrarrestar la corrupción. Hay situaciones en las que las empresas y el gobierno pueden conspirar para beneficiarse a costa de la ciudadanía en general. Pero, en la mayoría de los contextos en los que se adjudican recursos escasos, como terrenos, canales de espectro, licencias y contratos, las ganancias de los políticos y burócratas son pérdidas agregadas para la comunidad empresarial. La empresa ganadora obtiene beneficios, pero los esfuerzos y gastos de todos los perdedores superan con creces esa ganancia. Peor aún, en la medida en que la corrupción actúa como un impuesto y, por tanto, desalienta la inversión futura, perjudica los beneficios y el crecimiento de todas las empresas.
Así pues, las empresas en su conjunto pueden beneficiarse de la reducción de la corrupción. Además, erradicar la corrupción puede tener efectos a largo plazo, como fomentar el crecimiento y acelerar el desarrollo, y, por tanto, puede reportar enormes beneficios a la ciudadanía.
El problema es que cada empresa tiene incentivos para incumplir cualquier acuerdo de no sobornar. Por supuesto, cuando todas las empresas lo hacen, pierden colectivamente. Se trata de un dilema del prisionero entre ellas, que requiere su propia acción colectiva: un sistema eficaz de normas y sanciones que disuada del incumplimiento.
Las instituciones comunitarias exitosas de acción colectiva existen desde hace al menos un milenio. Avner Greif, historiador económico de Stanford, analizó una comunidad de comerciantes judíos del norte de África en el siglo XI que, mediante un sistema de normas y castigos, mantuvo la contratación honesta en el comercio de larga distancia entre sus miembros. Cualquiera de ellos podía beneficiarse al engañar a otro en una transacción, pero la comunidad en su conjunto se beneficiaba de la aplicación de las normas, pues la garantía de tratos honestos les permitía sostener un volumen de comercio mucho mayor.
El economista de la Universidad de California James Rauch, Lisa Bernstein, profesora de la Facultad de Derecho de Chicago, y otros han estudiado redes étnicas de comerciantes más recientes. India puede aprender de estos ejemplos para definir algunas características que debería tener una institución empresarial anticorrupción.
Lo más importante es que la comunidad necesita un método eficaz para detectar y sancionar el incumplimiento. Creemos que India tiene una ventaja en el primer aspecto. Las asociaciones empresariales nacionales y locales forman buenas redes, con buena comunicación tanto formal como informal (rumores), lo que garantiza que sus integrantes se enteren rápidamente de cualquier caso de soborno. India también cuenta con periodistas de investigación de gran calidad, que pueden ofrecer un canal adicional de detección. Puede ser difícil probar los hechos ante un tribunal, pero en esto un tribunal interno tiene una ventaja: puede aplicar criterios probatorios más amplios y cuenta con conocimientos internos para evaluar las pruebas. En cuanto a las sanciones, la comunidad puede imponer medidas incluso más eficaces que las multas que impondría un tribunal: puede excluir a los infractores, básicamente expulsándolos del mundo empresarial. Por supuesto, un instrumento tan poderoso debe usarse con cuidado; el proceso debe protegerse de acusaciones falsas y garantizar que no se convierta en un cártel de miembros que impida la entrada de nuevos actores o de quienes alteren el statu quo.
En segundo lugar, la institución necesita miembros fundadores numerosos y destacados. Esto a menudo puede resultar difícil, porque los actuales líderes empresariales quizá hayan alcanzado esa posición beneficiándose del sistema corrupto vigente. Pero, una vez más, creemos que India tiene una ventaja. En las dos últimas décadas han surgido muchas empresas y empresarios destacados gracias a una buena gobernanza y a su actividad en la economía mundial. Si dan un paso al frente para crear una institución e invitan a otros a sumarse a un compromiso de no sobornar, pueden tener éxito, porque a los demás les avergonzará quedarse fuera. El gobierno puede brindar una ayuda mínima exigiendo, como condición para que una empresa figure en su lista de proveedores o licitadores aprobados, que se haya inscrito como miembro del grupo comprometido a no sobornar.
Uno de nosotros (Dixit) ha elaborado un modelo de teoría de juegos y ha examinado pruebas de otras instituciones de gobernanza de comunidades empresariales para enumerar varios requisitos adicionales de una institución anticorrupción. Creemos que estos ofrecen una base para un debate público serio sobre la idea e incluso para algunas iniciativas experimentales de implementación en un futuro próximo. Esperamos que este ensayo ayude a poner en marcha el proceso.
No presentamos esto como una solución mágica que vaya a eliminar toda la corrupción. Está lejos de ser una panacea, pero en la vida no hay panaceas. Creemos que esta propuesta puede reducir sustancialmente la corrupción. Sería un error descartarla de plano o sostener que debemos esperar una solución más perfecta. Esperar un éxito del 100 % solo garantiza un éxito del 0 %.
Esta publicación apareció originalmente en el blog Let’s Talk Development del Banco Mundial. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Kaushik Basu es vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo y economista jefe del Banco Mundial. Avinash Dixit es profesor emérito de Economía John J. F. Sherrerd ’52 en la Universidad de Princeton.
Imagen: Peatones caminan por el interior de una estación de tren en Tokio. REUTERS/Yuriko Nakao (JAPÓN
