En todo el mundo, las instituciones atraviesan una crisis de confianza. El año pasado, el barómetro de confianza de Edelman puso de relieve que las poblaciones de todo el mundo confiaban menos en las élites que nunca, y que la reputación de los medios de comunicación se había visto especialmente perjudicada. La desconfianza aumentó tras la crisis financiera y se ha intensificado con acontecimientos posteriores: las revelaciones de los Papeles de Panamá, los escándalos de piratería informática y la especulación política con la comprensión que el público general tiene de los hechos. 2016 resultó ser un año de desilusión y ansiedad.
Empecemos con una salvedad: la corrupción existe desde hace mucho tiempo. David Cruickshank, de Deloitte, nos recuerda que en el Imperio romano las élites pagaban gravámenes en lugar de impuestos; los generales seguían cobrando dinero en nombre de los soldados muertos y se quedaban con una parte de lo recaudado por los que seguían vivos. De hecho, la corrupción se remonta a la época en que la agricultura empezaba a consolidarse y los sacerdotes sugerían a los agricultores que hicieran ofrendas en los templos. La corrupción afecta a todos los países del mundo, ya sea mediante un negocio en Nigeria o el blanqueo de dinero en el Reino Unido.
Sin embargo, la comunidad empresarial y política mundial respalda cada vez más la idea de que la corrupción endémica debe quedar en el pasado. Esto se refleja tanto en la inclusión de la corrupción en la Agenda 2030 como en el hecho de que 90 directores ejecutivos de vanguardia de empresas asociadas al Foro Económico Mundial han dedicado su tiempo y sus esfuerzos a la Iniciativa de Asociación contra la Corrupción (PACI). La cooperación internacional brinda un apoyo fundamental a quienes buscan impulsar el cambio, a través del B20, el Fondo Monetario Internacional y el G20.
El impulso para reducir la corrupción reconoce los costos tangibles que esta impone a las economías de todo el mundo. Michel Sapin, ministro de Economía, Industria y Asuntos Digitales de Francia, afirma que los gobiernos con menos corrupción pueden aumentar los fondos de las arcas públicas; la presencia de corrupción crea un entorno sumamente insostenible para el crecimiento y aumenta la eficiencia de la economía y de las operaciones gubernamentales.
Las empresas también son víctimas habituales de la corrupción; en particular, aquellas que respetan las reglas y elaboran productos y servicios excepcionales acaban perdiendo licitaciones frente a quienes no compiten limpiamente. Combatir la corrupción no consiste únicamente en hacer lo moralmente correcto: también beneficia a las empresas y al gobierno.
Transparency International define la corrupción como «el abuso del poder confiado para obtener un beneficio privado», y esta se manifiesta en distintos niveles. A escala macroeconómica, el profesor Standing, de la Universidad de Londres, destaca la posibilidad de que la corrupción distorsione el funcionamiento de los bancos centrales, junto con el sistema más amplio del capitalismo rentista. Se considera que los bancos centrales pueden frenar el carácter democrático del gobierno, y que el capitalismo rentista desincentiva los mercados libres, el comercio y la competitividad.
En concreto, los gobernadores de los bancos centrales no rinden cuentas verdaderamente ante el electorado y, con demasiada frecuencia, hay un flujo libre de personal entre los bancos centrales y las instituciones financieras. Las patentes, un ejemplo de capitalismo rentista, contribuyen a la formación de monopolios y frenan la innovación. Otros ámbitos en los que pueden aparecer prácticas corruptas incluyen el cabildeo encubierto, las licitaciones público-privadas poco transparentes y los acuerdos privados poco transparentes en empresas que cotizan en bolsa. En algunos países en desarrollo, la existencia de una economía basada en el efectivo supone un riesgo particular para la transparencia de los flujos de capital. Por ejemplo, Cobus Swardt, de Transparency International, subraya que, en África, el comercio ilícito, siete veces mayor que el comercio regular, provoca un expolio financiero del continente peor que el de la época de la esclavitud.
Por problemática que sea la situación actual, los participantes señalaron que han visto cómo períodos de graves fracasos públicos y políticos podían transformarse a lo largo de períodos de 20 a 30 años. Si se actúa con determinación y tolerancia cero, un cambio significativo puede hacerse realidad.
La tecnología y la voluntad política pueden contribuir enormemente a transformar el sistema actual en uno con menos corrupción. Otras oportunidades de reforma radican en la posibilidad de aumentar la transparencia en torno a las personas que ejercen cabildeo y los detalles de los acuerdos contractuales. En las prácticas empresariales, cada vez hay más líneas telefónicas para denunciar irregularidades, y la comunidad anticorrupción en general puede contribuir a ampliar las prácticas eficaces.
Por último, aunque algunas empresas siguen llevando al límite las reglas de la competencia justa, incluso cuando no se puede castigar a las empresas que actúan mal, se pueden hacer más esfuerzos para elogiar a las que se mantienen dentro de la legalidad.
