Las empresas son actores poderosos de la sociedad. Tienen la oportunidad de dar forma al mundo que las rodea e influir en las agendas mundiales. Tienen responsabilidades no solo ante sus accionistas, sino también ante sus empleados, clientes y el público en general. Cada vez más, los empleados están eligiendo empleadores en función de sus responsabilidades sociales, en lugar de los beneficios a corto plazo, lo que impulsa a las empresas a situar la transparencia y la rendición de cuentas en el centro de sus principios operativos.
El deber de un director ejecutivo de buscar beneficios es un deber de orden temporal, mientras que la búsqueda de ventajas a largo plazo implica preservar y reforzar la ventaja competitiva con el tiempo, proteger la reputación y la longevidad de la empresa y tener en cuenta no solo los intereses de los accionistas, sino también los de las partes interesadas clave.
Las presiones legales y sociales sobre las empresas que operan en todo el mundo evolucionan rápidamente. Se pide que se hagan esfuerzos para que las actividades empresariales se ajusten mejor al impulso de la sociedad por construir una economía más inclusiva, equitativa y sostenible. La creciente demanda de los inversores institucionales de destinar fondos a empresas sostenibles, junto con las expectativas de las partes interesadas en materia de responsabilidad empresarial, presiona cada vez más a las compañías para que sitúen las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el centro de su gestión. Muchos gobiernos tienen dificultades para afrontar los desafíos del mundo globalizado actual, y los ciudadanos recurren cada vez más a las grandes empresas multinacionales para que aprovechen su potencial y sus recursos aún sin explotar a fin de cubrir algunas de las carencias del sector público.
La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 dependerá de las contribuciones positivas del sector privado, mediante una conducta empresarial responsable y unas inversiones responsables. Para las empresas, implementar con éxito los ODS fortalecerá las condiciones propicias para hacer negocios y contribuirá a construir mercados más sólidos en todo el mundo. Hacer lo correcto implica más que limitarse a cumplir la ley. Sin embargo, las obligaciones legales exigen cada vez más que las empresas actúen de manera responsable.
Normas, principios y legislación
Una red cada vez más amplia de principios, normas y directrices de presentación de información no financiera —como las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Convención de la OCDE contra el soborno, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la ley francesa de diligencia debida y la Ley británica contra la esclavitud moderna— establece normas de responsabilidad empresarial. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA) ha sido durante las últimas dos décadas una fuente importante de responsabilidad civil para empresas y particulares. La FCPA ha propiciado cambios en la conducta empresarial al establecer expectativas sobre los procesos de diligencia debida corporativa y los programas de cumplimiento, además de imponer responsabilidades mediante medidas de aplicación. Es muy probable que los avances legislativos en materia de empresas y derechos humanos aumenten el escrutinio de las estrategias generales de cumplimiento y gestión de riesgos de las compañías.
En el entorno empresarial actual, resulta más sensato adoptar un enfoque integral para incorporar el respeto por los derechos humanos y abordar la corrupción de manera conjunta. Quienes adopten este enfoque más proactivo estarán bien posicionados para cumplir los requisitos regulatorios nuevos y futuros, aunque ello implique ir más allá de las exigencias de los marcos jurídicos vigentes. Esto podría requerir una mayor colaboración y coordinación entre las unidades de negocio, los equipos y las funciones internas —incluidas la responsabilidad corporativa, las adquisiciones, el desarrollo empresarial y el área jurídica—, además del liderazgo sénior; pero derribar estos compartimentos estancos conducirá a prácticas empresariales más sostenibles a largo plazo.
Integrar los riesgos de corrupción y de derechos humanos
La corrupción y las violaciones de los derechos humanos, como se observa en el caso de la minería de cobalto en la RDC, son manifestaciones de muchas de las mismas causas fundamentales y suelen originarse en condiciones similares, como la debilidad de las instituciones, la pobreza y los bajos niveles de desarrollo, entre otros factores; además, los riesgos se refuerzan mutuamente. Los datos empíricos muestran que los países con altos niveles de corrupción también suelen tener un historial deficiente en materia de derechos humanos. La corrupción afecta negativamente a los derechos humanos, y la responsabilidad de las empresas de abordar los posibles efectos adversos sobre estos derechos exige combatir activamente la corrupción. Las empresas deben replantearse cómo abordan la corrupción y los derechos humanos en sus operaciones comerciales. Abordar los sobornos no basta para hacer frente a todos los efectos negativos de la corrupción. Esta genera efectos negativos en los entornos operativos que van más allá de los simples sobornos, y las empresas deben comprenderlos y buscar maneras de afrontarlos.
La corrupción y las deficiencias en materia de derechos humanos plantean riesgos similares para las empresas, y las multinacionales suelen operar en regiones del mundo con un alto riesgo tanto de corrupción como de violaciones de los derechos humanos. A menudo, el panorama no incluye los riesgos políticos ni el impacto que la corrupción tiene en los valores y la cultura, tanto dentro como fuera de las operaciones de las empresas, lo que diluye el objetivo más normativo de combatir la corrupción como parte de la responsabilidad corporativa. Contribuir a la corrupción debería considerarse análogo a causar un efecto adverso sobre los derechos humanos. El Foro Económico Mundial, a través de la Alianza Mundial de Baterías, está impulsando acciones colectivas para abordar, entre otros, los desafíos de la cadena de suministro de cobalto.
Diligencia debida y gestión de riesgos
La diligencia debida en materia de derechos humanos, aspectos sociales y medio ambiente puede integrarse en los sistemas corporativos existentes de gestión de riesgos. Las conclusiones de las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos pueden incorporarse a las funciones y los procesos internos para garantizar una gestión integral de los riesgos y ofrecer una visión más completa de las situaciones en las que opera una empresa. La conducta empresarial responsable debe formar parte del núcleo mismo de la empresa, con normas y valores que promuevan comportamientos positivos y una cultura corporativa ética. Con un enfoque más integral, las empresas pueden cumplir sus responsabilidades de manera sistemática, prepararse para la evolución hacia la presentación obligatoria de información no financiera y los riesgos inmateriales, y reforzar sus programas de cumplimiento. Las estrategias interrelacionadas contra la corrupción y en favor de los derechos humanos y la sostenibilidad pueden optimizar tanto el uso de los recursos como la integración y participación de las partes interesadas internas y externas.
Muchas empresas ya cuentan con sólidos programas de cumplimiento para combatir la corrupción. Pueden aprender de los programas existentes y desarrollar un sistema estructurado que gestione de forma integrada los efectos sobre los derechos humanos y los relacionados con la corrupción. Se requiere el apoyo de la alta dirección para marcar la pauta desde arriba y asegurarse de que todo el personal y los socios comerciales reciban el mensaje de que la cultura empresarial responsable y la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción son prioridades para la empresa.
La implementación eficaz puede garantizarse armonizando los compromisos en materia de políticas con los códigos de conducta y las cláusulas contractuales, integrando procedimientos como la formación, la presentación de informes y las auditorías, combinando las evaluaciones de riesgos con los procesos de diligencia debida y estableciendo grupos de trabajo interfuncionales dentro de la empresa para abordar las cuestiones de gobernanza de manera integral. Cada empresa debe adaptar su cumplimiento a sus desafíos específicos y a su entorno operativo. Internamente, puede crear grupos de trabajo con representantes de funciones existentes, como ética y cumplimiento, derechos humanos, adquisiciones, seguridad y operaciones, para que colaboren y garanticen una integración horizontal e integral de estas cuestiones.
Una nueva era de ESG
La gobernanza corporativa integral es, ante todo, una cuestión de sostenibilidad y propósito social, no solo de cumplimiento legal. Las instituciones financieras y los inversores privados incorporan cada vez más los derechos humanos a las normas ambientales, sociales y de gobernanza que hoy influyen en las inversiones, dando más contenido a la «S» de ESG. A las empresas les interesa mejorar su historial en materia de derechos humanos para adelantarse a futuras leyes sobre el tema, proteger su reputación e imagen y atraer financiación de inversores que cada vez les exigen más responsabilidades en cuestiones ESG.
Una buena gestión de las cuestiones ESG permite a los líderes empresariales construir empresas mejores, más resilientes y más valiosas. S&P Dow Jones Indices anunció recientemente que lanzará una versión ambiental, social y de gobernanza de su índice S&P 500 para responder al aumento de la demanda de los inversores de productos de inversión de impacto. El nuevo índice excluirá a los productores de tabaco, a ciertos fabricantes de armas y a las empresas con una puntuación baja en relación con los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para las empresas responsables. Los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable cuentan actualmente con más de 1.000 signatarios, entre ellos propietarios de activos, gestores de inversiones y socios de servicios profesionales, que procuran integrar los factores ESG en las prácticas de inversión. La iniciativa Future of Sustainable and Impact Investing del Foro Económico Mundial también explora distintas perspectivas sobre la gestión ESG, en particular cómo crear un ecosistema eficaz para ella, además de una línea de trabajo independiente del Foro sobre gobernanza climática y finanzas.
El ODS 16 pide «paz, justicia e instituciones sólidas», y en concreto reclama una reducción sustancial de «la corrupción y el soborno en todas sus formas». El vínculo con los objetivos más amplios de sostenibilidad y derechos humanos de los demás objetivos no puede abordarse por separado. El proyecto de los ODS exhorta específicamente al sector privado a contribuir a hacer realidad su visión, y las empresas integran cada vez más el contenido de los objetivos en sus estrategias empresariales a largo plazo. Las empresas que se comprometan a aplicar políticas y prácticas contra el soborno y la corrupción, así como a prevenir y mitigar los efectos sobre los derechos humanos y abordar la sostenibilidad en sentido amplio, estarán en mejores condiciones para contribuir a los ODS.
La Iniciativa para la Alianza contra la Corrupción (PACI) del Foro Económico Mundial exploró junto con sus miembros cómo integrar mejor en las prácticas empresariales la defensa firme de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la sostenibilidad, así como el potencial de la acción colectiva, en la reunión de la Comunidad PACI celebrada el 22 de mayo de 2019.
