Estados Unidos y el mundo participan en un gran debate sobre nuevos acuerdos comerciales. Antes se llamaba a esos pactos «acuerdos de libre comercio»; de hecho, eran acuerdos comerciales gestionados , adaptados a los intereses empresariales, en gran medida de Estados Unidos y la Unión Europea. Hoy, a esos acuerdos se les suele llamar «asociaciones», como la Asociación Transpacífica (TPP). Pero no son asociaciones entre iguales: Estados Unidos dicta efectivamente las condiciones. Afortunadamente, los «socios» de Estados Unidos se resisten cada vez más.
No es difícil entender por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio: también regulan la inversión y la propiedad intelectual, e imponen cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin participación ni rendición de cuentas por medio de instituciones democráticas.
Quizá la parte más perniciosa —y más deshonesta— de esos acuerdos sea la relativa a la protección de los inversores. Por supuesto, hay que protegerlos frente a gobiernos deshonestos que se apropien de sus bienes. Pero no es eso lo que persiguen estas disposiciones. En las últimas décadas ha habido muy pocas expropiaciones, y los inversores que quieran protegerse pueden contratar un seguro de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, afiliada al Banco Mundial; Estados Unidos y otros gobiernos ofrecen seguros similares. Aun así, Estados Unidos exige que el TPP incluya esas disposiciones, aunque muchos de sus «socios» tienen protecciones de la propiedad y sistemas judiciales tan buenos como los suyos.
El verdadero propósito de estas disposiciones es obstaculizar las regulaciones sanitarias, ambientales, de seguridad e incluso financieras destinadas a proteger la propia economía y a los ciudadanos de Estados Unidos. Las empresas pueden demandar a los gobiernos para obtener una indemnización completa por cualquier reducción de sus beneficios previstos futuros derivada de cambios regulatorios.
No se trata de una mera posibilidad teórica. Philip Morris está demandando a Uruguay y Australia por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto que ambos países fueron un poco más allá que Estados Unidos y exigieron incluir imágenes explícitas que muestran las consecuencias de fumar cigarrillos.
El etiquetado está dando resultado. Está disuadiendo a la gente de fumar. Por eso, ahora Philip Morris exige una indemnización por los beneficios perdidos.
En el futuro, si descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (pensemos en el amianto), en vez de tener que afrontar demandas por los costos que nos impone a nosotros, el fabricante podría demandar a los gobiernos por impedirle seguir matando a más personas. Lo mismo podría ocurrir si nuestros gobiernos imponen regulaciones más estrictas para protegernos del impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, los grupos contrarios a la protección del medio ambiente intentaron promulgar una disposición similar, llamada «expropiación regulatoria». Sabían que, una vez promulgada, se paralizarían las regulaciones, simplemente porque el gobierno no podría pagar la indemnización. Afortunadamente, logramos frenar la iniciativa, tanto en los tribunales como en el Congreso de Estados Unidos.
Pero ahora los mismos grupos intentan eludir los procesos democráticos al incluir esas disposiciones en proyectos de ley comerciales cuyo contenido se mantiene en gran medida en secreto para el público (aunque no para las empresas que las promueven). Solo gracias a filtraciones y a conversaciones con funcionarios del gobierno que parecen más comprometidos con los procesos democráticos sabemos qué está ocurriendo.
Un elemento fundamental del sistema de gobierno de Estados Unidos es un poder judicial imparcial, con normas jurídicas desarrolladas a lo largo de décadas, basadas en los principios de transparencia, precedente y posibilidad de apelar decisiones desfavorables. Todo esto se está dejando de lado: los nuevos acuerdos exigen un arbitraje privado, opaco y muy costoso. Además, este sistema suele estar plagado de conflictos de intereses; por ejemplo, los árbitros pueden actuar como «jueces» en un caso y como defensores en otro relacionado.
Los procedimientos son tan costosos que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg y a otros estadounidenses adinerados comprometidos con la salud para defenderse de Philip Morris. Y, aunque las empresas pueden demandar, los demás no. Si se incumplen otros compromisos —por ejemplo, sobre normas laborales y ambientales—, los ciudadanos, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil no tienen recurso alguno.
Si alguna vez ha existido un mecanismo unilateral de resolución de controversias que viole principios básicos, es este. Por eso me uní a destacados expertos jurídicos estadounidenses, entre ellos de Harvard, Yale y Berkeley, para escribir una carta al presidente Barack Obama en la que explicábamos lo perjudiciales que son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia.
Los partidarios estadounidenses de esos acuerdos señalan que hasta ahora solo se ha demandado a Estados Unidos unas pocas veces y que no ha perdido ningún caso. Sin embargo, las empresas apenas están aprendiendo a aprovechar esos acuerdos.
Y es probable que los abogados empresariales muy bien pagados de Estados Unidos, Europa y Japón superen a los abogados gubernamentales mal pagados que intentan defender el interés público. Peor aún, las empresas de países avanzados pueden crear filiales en países miembros a través de las cuales invertir en su propio país y luego demandar, lo que les da una nueva vía para bloquear las regulaciones.
Si hubiera necesidad de proteger mejor la propiedad, y si este mecanismo privado y costoso de resolución de controversias fuera superior a un poder judicial público, deberíamos cambiar la ley no solo para las empresas extranjeras acaudaladas, sino también para nuestros propios ciudadanos y pequeñas empresas. Pero nadie ha sugerido que este sea el caso.
Las normas y regulaciones determinan el tipo de economía y sociedad en que vive la gente. Afectan al poder de negociación relativo, con importantes consecuencias para la desigualdad, un problema cada vez mayor en todo el mundo. La pregunta es si debemos permitir que las empresas ricas utilicen disposiciones ocultas en los llamados acuerdos comerciales para dictar cómo viviremos en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos de Estados Unidos, Europa y el Pacífico respondan con un rotundo no.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Joseph E. Stiglitz es premio Nobel de Economía y profesor universitario en la Universidad de Columbia.
Imagen: Un buque portacontenedores zarpa. REUTERS/Andy Clark.
