Tradicionalmente, la corrupción se ha tratado como una cuestión jurídica y, por consiguiente, como un problema que el sector público debía resolver mediante la legislación y la aplicación de la ley. Este enfoque ha fracasado. Ha demostrado ser ineficaz, porque los funcionarios públicos suelen estar del lado de quienes reciben los sobornos y, por tanto, cuanto más corrupto es un país, menos probable es que se opongan eficazmente a la corrupción; y también insuficiente, porque la corrupción no se reduce a la aplicación de la ley, sino que socava profundamente el desarrollo económico y humano.
En los últimos años, las iniciativas contra la corrupción se han ampliado para involucrar directamente al sector privado, que desempeña un papel central en la oferta de corrupción, y a la sociedad civil, dada la importancia de las denuncias para sacar a la luz este fenómeno, en gran medida encubierto. La Iniciativa para la Asociación contra la Corrupción (PACI), por ejemplo, ofrece una innovadora plataforma multisectorial para abordar la corrupción.
En este contexto, las universidades pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra la corrupción, tanto como instituciones de educación superior que influyen en la vida de los futuros líderes como por ser grandes organizaciones con una considerable huella económica. Hace unos años, el World Engagement Institute me invitó, junto con dos colegas de la Universidad Americana de Beirut, donde trabajaba entonces, a reflexionar sobre el papel de las universidades en la lucha contra la corrupción. Concluimos que las universidades deberían combatirla en cinco ámbitos que también benefician a sus operaciones, en una afortunada coincidencia de intereses.
Gobernanza: adoptar iniciativas contra la corrupción
Las universidades son actores económicos. La Universidad Americana de Beirut es el mayor empleador privado del Líbano. Hult International Business School, donde trabajo actualmente, cuenta con siete campus en cuatro países y tres continentes. Las cinco universidades más grandes del mundo tienen cada una más de un millón de estudiantes matriculados.
Aunque a menudo no persiguen fines de lucro, las universidades tienen un enorme impacto económico en las comunidades donde operan. La primera forma de combatir la corrupción es hacerlo internamente mediante la aplicación de iniciativas contra la corrupción: por ejemplo, garantizando procesos competitivos de adquisición de recursos escolares, oponiéndose al nepotismo en la contratación de docentes y evitando que se distorsionen los resultados de investigación para beneficio personal. De este modo, las universidades pueden mejorar la eficiencia de sus operaciones, obteniendo mejores resultados y reduciendo costos innecesarios.
Educación: integrar los cursos de ética en los planes de estudio
Dar un buen ejemplo de conducta a los estudiantes, aunque importante, es solo un primer paso. La función social de las universidades consiste en educar a los estudiantes y dotarlos de herramientas y experiencias que los conviertan en profesionales y ciudadanos exitosos. Esto exige un firme compromiso con la enseñanza de la ética profesional en todos los planes de estudio. Se sabe que la educación ética reduce el comportamiento egoísta de los estudiantes y su propensión a hacer trampa. Entre sus ventajas se encuentran:
Mejor cumplimiento de los objetivos educativos, porque los estudiantes deben estudiar de verdad en vez de hacer trampa;
Beneficios a largo plazo, porque las investigaciones muestran que es más probable que los estudiantes que hacen trampa en la escuela sean deshonestos en su vida profesional;
Universidades más fáciles de gestionar, porque se reduce la necesidad de iniciativas para frenar las trampas, como los sistemas antiplagio y la supervisión de exámenes, así como de actividades para sancionar las infracciones, como las largas reuniones de comités;
Mejor reputación, por ejemplo, integrar la formación en ética empresarial en los planes de estudio es un requisito para obtener la mayoría de las acreditaciones internacionales para escuelas de negocios, lo que indica que los programas educativos son de alta calidad.
Educación: formación contra la corrupción
La formación en ética inspira y motiva positivamente a los graduados universitarios a actuar correctamente. Sin embargo, en su trayectoria profesional pueden encontrarse con contextos en los que sea difícil evitar la corrupción, ya sea porque está generalizada o porque es difícil detectarla. Deben implementarse programas de formación específicos para enseñar a los estudiantes a reconocer y resistir la corrupción y, en términos más generales, a defender sus valores personales en el lugar de trabajo. Además, la creciente atención al cumplimiento normativo y a la lucha contra la corrupción podría crear nuevas fuentes de ingresos para las universidades que impartan estos cursos.
Promoción: defender los argumentos empresariales contra la corrupción
La decisión de participar en actos de corrupción depende de varios factores, pero las justificaciones del comportamiento corrupto suelen derivarse de la aplicación de procedimientos habituales de toma de decisiones empresariales, inspirados en modelos de costo-beneficio que presuponen egoísmo, información perfecta y plena racionalidad. Sin embargo, sabemos que estos supuestos no son habituales en el mundo real. Las decisiones reales, en cambio, se ven afectadas por información incompleta y percepciones sesgadas de los riesgos y las probabilidades. El llamado argumento empresarial contra la corrupción ofrece a los futuros directivos y profesionales mejores fundamentos para tomar decisiones informadas, al exponer varias fuentes pertinentes de riesgos y costos que los directivos tienen motivos de sobra para evitar.
Ciudadanía: apoyar la acción colectiva contra la corrupción
El argumento empresarial contra la corrupción respalda el rechazo razonable a cometer actos de corrupción, pero no basta. Las investigaciones han descubierto que creer que la corrupción perjudica a las empresas no guarda relación con la disposición a participar en comportamientos corruptos. Sin embargo, esas mismas investigaciones muestran que pertenecer a una red sectorial reduce considerablemente la corrupción. Por ello, las iniciativas de acción colectiva, como PACI, son un paso especialmente importante en la lucha contra la corrupción. Las universidades deberían asociarse activamente con otras organizaciones para impulsar iniciativas amplias contra la corrupción. Como ha demostrado la ganadora del Premio Nobel Elinor Ostrom, pueden surgir instituciones de gobernanza de abajo arriba que resuelvan con éxito problemas de acción colectiva, incluso cuando fracasan las iniciativas gubernamentales de arriba abajo.
