En los últimos años se han producido avances extraordinarios en la lucha mundial contra la esclavitud moderna. A pesar de ello, más de 45 millones de personas siguen atrapadas.
En el próximo año, los gobiernos, los donantes, la sociedad civil, las empresas y las instituciones internacionales pueden lograr aún más avances si adoptan los siguientes enfoques.
Tratar la esclavitud como un delito
La esclavitud está prohibida por las leyes de todas las naciones. Que siga prosperando representa, sin embargo, un fracaso de los gobiernos, los donantes, las ONG y las instituciones internacionales a la hora de hacer cumplir esas leyes y hacerlas efectivas para los más de 45 millones de personas esclavizadas en el mundo.
Por desgracia, la esclavitud suele considerarse una forma extrema de pobreza y no un delito violento. Hoy la esclavitud es enormemente rentable, y está creciendo y seguirá creciendo por una sencilla razón: los tratantes y esclavistas apenas corren riesgo de ser detenidos, procesados y castigados. Sin disuasión penal, este mal humano persistente seguirá acechando nuestro presente y nuestro futuro, como lo ha hecho en nuestro pasado.
El paso más importante hacia un mundo libre de esclavitud es que los gobiernos, las instituciones de desarrollo y los donantes reconozcan que las estrategias contra la pobreza dirigidas a reducir la vulnerabilidad de las personas más pobres a la esclavitud no bastan, por sí solas, para disuadir a quienes cometen actos de esclavitud y trata. Es imposible imaginar que, por ejemplo, la esclavitud de personas negras como propiedad en Estados Unidos podría haberse evitado, y mucho menos erradicado, haciendo que las personas esclavizadas fueran menos vulnerables a la explotación. Para liberar a las personas esclavizadas hicieron falta leyes y su aplicación, y eso es lo que se necesita hoy.
La buena noticia es que cada vez hay más pruebas de que la aplicación fiable y profesional de las leyes contra la trata y la esclavitud por parte de la policía local, los fiscales y los tribunales puede servir como elemento disuasorio eficaz. Sabemos que los tratantes y los esclavistas reaccionan mucho ante el riesgo.
Cuando la policía, los fiscales, los tribunales y los jueces cumplen bien con su labor y la posibilidad de ser detenido y encarcelado se vuelve concreta, quienes perpetran estos delitos abandonan el negocio de la esclavitud. International Justice Mission (IJM) ha medido el impacto en nuestros propios programas contra la esclavitud en el Sudeste Asiático, donde hemos visto desplomarse en apenas unos años la presencia de menores en la industria del sexo comercial, una vez que los gobiernos decidieron hacer cumplir sus leyes contra la trata.
Se necesita el mismo enfoque para combatir la esclavitud mediante trabajo forzoso en todo el mundo, donde ha habido muchos menos procesamientos y condenas.
Hacer realidad el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó su plan de desarrollo mundial para 15 años: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 8.7 compromete a los Estados miembros a: «Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de personas, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.»
Los gobiernos nacionales se están tomando en serio el ODS 8.7. En India, por ejemplo, el ministro de Trabajo y Empleo publicó una estrategia de 15 años para «identificar, liberar y rehabilitar a aproximadamente 1,8 millones de trabajadores en condiciones de servidumbre, y fortalecer el sistema de enjuiciamiento para alcanzar una tasa de condenas del cien por ciento, a fin de evitar que se creen nuevas formas de servidumbre».
Los países afectados por la esclavitud necesitan la ayuda de los países donantes y de las organizaciones internacionales de desarrollo para afrontar el reto del ODS 8.7. Fortalecer la capacidad de la policía local, los fiscales y los tribunales para hacer cumplir las leyes contra la esclavitud debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de desarrollo.
Financiar la Iniciativa para Poner Fin a la Esclavitud Moderna
El 8 de diciembre, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley con apoyo bipartidista que autoriza al Gobierno de Estados Unidos a aportar 37,5 millones de dólares al año durante cuatro años a una iniciativa mundial contra la esclavitud. La contribución inicial del Gobierno estadounidense se está utilizando para crear un fondo de 1.500 millones de dólares, con aportaciones del Gobierno y del sector privado, que destinará recursos sustanciales a países con una alta prevalencia de esclavitud y financiará iniciativas que reduzcan de forma mensurable este delito, todo ello mediante la ejecución de una estrategia mundial unificada y coordinada.
La Iniciativa para Poner Fin a la Esclavitud Moderna tiene potencial para cambiar radicalmente la situación a escala mundial, porque dará prioridad al rescate efectivo de las personas esclavizadas y a la detención de quienes perpetran estos delitos, y exigirá que los programas financiados demuestren una reducción significativa de la prevalencia de la esclavitud.
La Iniciativa para Poner Fin a la Esclavitud Moderna podría lograr en la lucha contra la esclavitud lo que el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (GFATM) logró frente a las enfermedades infecciosas. Pero hacer realidad ese sueño exigirá una inversión considerable de particulares, fundaciones, empresas y gobiernos donantes. Estados Unidos, que ya es el mayor donante mundial en la lucha contra la esclavitud, ha iniciado el proceso. En el próximo año, otros donantes pueden y deben sumarse al esfuerzo y contribuir a una iniciativa mundial contra la esclavitud con gran potencial estratégico y eficacia.
Involucrar a los gobiernos en el diálogo sobre cadenas de suministro limpias
En los últimos años, los medios de comunicación han publicado numerosos informes bien documentados sobre la esclavitud laboral en las cadenas de suministro de algunos de los mayores minoristas del mundo. Como pueden atestiguar cientos de marcas, las empresas soportan el peso de la condena pública cuando se descubre el uso de mano de obra víctima de la trata. En los sectores textil, del chocolate, la electrónica, la pesca, los metales, los ladrillos, las flores y decenas de otras industrias abundan la trata, el trabajo forzoso, la explotación laboral y el trabajo infantil. Es razonable suponer que la próxima revelación alarmante está a la vuelta de la esquina.
Nadie debería cuestionar la responsabilidad de los importadores y minoristas de hacer todo lo posible por identificar y eliminar de sus cadenas de suministro los productos fabricados mediante esclavitud. Pero la esclavitud y la trata son actividades delictivas corruptas y, por lo general, ocultas, que plantean un enorme desafío a las empresas. En muchas industrias, la naturaleza de la esclavitud laboral es tal que incluso las empresas más escrupulosas corren el riesgo de vender productos contaminados por la esclavitud si los gobiernos nacionales de los países de origen no se responsabilizan del problema.
Son los gobiernos, y no las empresas, quienes tienen la autoridad y la obligación de hacer cumplir las leyes nacionales contra la esclavitud y la trata. Son la policía local y nacional, los fiscales y los jueces, y no los ejecutivos de las empresas, quienes pueden investigar, detener, procesar y castigar a quienes están inevitablemente presentes en toda situación de esclavitud: quienes la perpetran.
La aprobación de la Ley de Transparencia Empresarial de California y de la Ley británica sobre la Esclavitud Moderna, que exigen a las empresas de cierto tamaño proporcionar información sobre sus prácticas para limitar el uso de mano de obra víctima de la trata en sus cadenas de suministro, ha convertido la esclavitud laboral en una prioridad para las empresas, los inversores, los consumidores y los países importadores. Es absolutamente esencial que los gobiernos nacionales, especialmente aquellos que soportan una gran carga de esclavitud, formen parte del diálogo y sean una parte indispensable de la solución.
Con demasiada frecuencia, los gobiernos nacionales se han conformado con dejar que las empresas aborden el problema del trabajo forzoso, la trata y el trabajo infantil en las industrias de exportación. Se necesita otro enfoque. Las empresas deben entablar un diálogo con los gobiernos nacionales sobre la aplicación de las leyes penales contra la esclavitud. También deben colaborar para identificar e investigar a las personas que se lucran con el trabajo no remunerado, coaccionado y explotado de niños y adultos en sus industrias.
Medir y replicar lo que funciona
La adopción del ODS 8.7 y el creciente interés público por eliminar el comercio de productos fabricados mediante esclavitud han creado un entorno favorable —y una demanda real— de estrategias para identificar y liberar a las personas esclavizadas y disuadir a quienes perpetran estos delitos. Gobiernos donantes como el del Reino Unido están invirtiendo sumas mucho mayores en la lucha contra la esclavitud, y organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones están intensificando sus esfuerzos para calcular la prevalencia de la esclavitud a escala nacional y mundial.
Lo que más se necesita en este momento de oportunidades mucho mayores son programas probados y validados que fortalezcan la capacidad nacional y local para hacer cumplir las leyes contra la esclavitud. Por fortuna, hay indicios claros de que, cuando los gobiernos se centran en quienes perpetran estos delitos, otras personas implicadas en la explotación y el abuso reconocen el riesgo con suma rapidez. Así creamos un efecto disuasorio y prevenimos delitos futuros.
Ya existen programas piloto que lo demuestran. Es necesario estudiarlos, medirlos, perfeccionarlos y ampliarlos a escala mundial.
