Según Constellation Research, una firma de investigación de Silicon Valley, Hilton Hotels tardó 93 años en crear un inventario de 600.000 habitaciones. Airbnb alcanzó esa cifra en menos de cuatro. Al crear una aplicación que conecta a posibles huéspedes con viviendas disponibles y desocupadas, la empresa, con siete años de antigüedad, cuenta ahora con un «inventario» de más de un millón de habitaciones en todo el mundo, sin haber construido ni comprado una sola. Pero un crecimiento como este no está exento de escrutinio. La empresa se enfrenta a desafíos regulatorios en casi todas las nuevas ciudades a las que llega.
Los intercambios mediados digitalmente, como los de Airbnb, redefinen la propiedad de un producto o la prestación de un servicio de formas que los reguladores no habían previsto. Además, el costo de ampliar bienes o servicios digitales (en lugar de físicos) es marginal. Así, mientras el volumen de intercambios que deben regularse aumenta exponencialmente, nuestro sistema regulatorio avanza de manera incremental y, a menudo, se construyen nuevas normas de forma improvisada sobre las antiguas.
Fuente: CIO Insight
La mejor manera de hacer realidad la promesa de mercados justos y abiertos y del crecimiento económico en todos los sectores es que las empresas establecidas, las disruptivas y los responsables de formular políticas que las regulan encuentren un equilibrio normativo que fomente el emprendimiento y, al mismo tiempo, proteja el interés público. Nunca es fácil, y ahora lo es menos, pues el cambio tecnológico se acelera mientras la formulación de políticas sigue en la era predigital. Un estudio reciente de The Economist Intelligence Unit señala tres formas en que los reguladores pueden empezar a mostrar la misma agilidad que los innovadores y adoptar ellos mismos soluciones digitales.
Crear políticas más amplias y canales abiertos
Es casi imposible que los reguladores creen o actualicen leyes para cada nueva tecnología o empresa emergente. En lugar de intentar reaccionar constantemente con microregulaciones, crear políticas amplias y flexibles que garanticen controles de seguridad y condiciones equitativas puede ofrecer orientación, independientemente de cómo se transformen los sectores.
«Incluso en el nuevo contexto en el que se crean nuevos modelos de negocio o se introduce una nueva forma de prestar un servicio en un sector existente, la intención de la regulación sigue vigente», explica Minerva Tantoco, directora de tecnología de la ciudad de Nueva York, al describir su visión de la regulación ideal hoy. Esto parece intuitivo en el caso de ciertas normas, especialmente las relacionadas con la seguridad pública, como las leyes sobre armas y cómo deberían aplicarse a las armas impresas en 3D. Pero en otros casos, como las normas sobre temas técnicos como la neutralidad de la red, interpretar la intención (por amplia que sea la redacción de una norma) puede resultar confuso. Esto requiere un canal de comunicación abierto: «He visto que funciona cuando hay un diálogo bidireccional entre las empresas que intentan establecerse y el regulador responsable», añade Tantoco.
Aumentar los conocimientos tecnológicos del personal gubernamental
Contratar a más especialistas técnicos puede ayudar a las agencias gubernamentales a mantenerse al día con los cambios en los sectores. Aunque la tecnología sustenta los cambios más drásticos que experimentan hoy las industrias y el comportamiento de los consumidores, según CQ Roll Call, una publicación sobre política estadounidense, solo el 10 % de los miembros del 113.º Congreso (en funciones en 2013 y 2014) tenía formación científica o tecnológica. Incluso en los comités especiales encargados de asuntos científicos, solo unos pocos tienen formación en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.
«La tecnología cambia muy rápido. La adopción crece exponencialmente y todos estamos conectados por redes. Se avecinan muchos más cambios exponenciales», afirma Tom Goodwin, vicepresidente sénior de estrategia e innovación de Havas Media. «Las agencias gubernamentales deben contar con el personal adecuado para hacer frente a esto».
Y, afortunadamente, el gobierno está respondiendo. Muchos departamentos del gobierno de Estados Unidos, como el Departamento de Energía y el Departamento de Defensa, recurren al modelo de la Advanced Research Projects Agency (ARPA), en el que ingenieros, desarrolladores y futuristas tecnológicos aportan conocimientos técnicos a los responsables de formular políticas. Además, el presidente Obama creó recientemente el US Digital Service tras el decepcionante lanzamiento de healthcare.gov. Este organismo está contratando rápidamente a los mejores talentos tecnológicos para llevar los servicios gubernamentales a la era digital.
Tratar a las empresas como aliadas de confianza
Muchos problemas regulatorios del ámbito digital se prestan a soluciones delegadas, en las que participan en la elaboración y aplicación de normas grandes partes interesadas ajenas al gobierno (es decir, consumidores y empresas). De hecho, las empresas digitales suelen actuar como intermediarias regulatorias o gestionar sus propios mercados mediante estructuras de incentivos y acuerdos de usuario. Estas empresas están en mejores condiciones que el gobierno para ofrecer supervisión y corregir las fallas del mercado, especialmente mediante el control estricto de los canales de usuario y los datos.
Esto es especialmente frecuente en la economía colaborativa, donde los servicios de transporte a demanda Lyft y Uber recopilan directamente de los usuarios información sobre los conductores para incentivarlos a comportarse de la mejor manera. Airbnb, como ejemplo de intermediario regulatorio y con el deseo de posicionarse como aliado de los gobiernos municipales, ha empezado a recaudar impuestos de ocupación en nombre de sus usuarios en un puñado de ciudades estadounidenses.
La supervisión regulatoria en aras de la seguridad pública es fundamental, especialmente en sectores como el transporte aéreo, los alimentos y los medicamentos. Pero, a medida que las empresas controlan cada vez más los mercados por medios digitales, los reguladores y las empresas pueden beneficiarse de sus intereses compartidos. «En mi opinión, [las empresas] deberían formar parte de la solución regulatoria», afirma Arun Sundararajan, profesor y miembro docente de NEC en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. «Deberían participar como actores en la tarea de hacer que los mercados funcionen mejor».
Ningún conjunto de normas puede abordar ni anticipar las cambiantes necesidades de supervisión de los productos y servicios digitales. En su lugar, se necesitan políticas flexibles y con visión de futuro que sigan siendo pertinentes en entornos que cambian rápidamente; enfoques que solo son posibles con una mejor comunicación y colaboración con el sector privado y con la adopción de la tecnología por parte de los propios responsables de formular políticas.
Para Rachel Haot, directora digital del estado de Nueva York, hacer realidad esta visión no está lejos: «Lo que vemos es que, al principio, el gobierno y los [innovadores] pueden sentir que hablan idiomas distintos. Pero comparten objetivos. Desean influir en la sociedad y, a menudo, mejorar el mundo de alguna manera; trabajando juntos podemos lograr mucho más».
Descubra más a través del programa de investigación Finding a level playing field, patrocinado por Two Sigma, una gestora de inversiones con sede en la ciudad de Nueva York.
La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autora: Sunmin Kim es subdirectora de The Economist Intelligence Unit y directora de Pro Journo, además de Global Shaper.
Imagen: Personas viajan en un vehículo eléctrico autónomo en la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), en Singapur. REUTERS/Edgar Su
