A medida que el aumento de los costes de transporte lastra el comercio de bienes, la contribución del comercio a la recuperación económica tras la pandemia depende cada vez más de los servicios prestados digitalmente.
Sin embargo, los proveedores de servicios digitales se enfrentan a una avalancha regulatoria que genera primas de riesgo y frena el crecimiento.
Ya sea mediante obligaciones comerciales vinculantes o buenas prácticas ampliamente aceptadas, maximizar la contribución de los servicios digitales a la recuperación depende de reducir la incertidumbre normativa.
Este mes comenzó con buenas noticias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A pesar de que muchos sectores de servicios se vieron duramente afectados durante la pandemia, el crecimiento interanual del comercio de servicios fue del 25 % en el tercer trimestre de 2021. La reducción del contacto presencial no impidió que el comercio de servicios creciera casi al mismo ritmo que el comercio de bienes ese trimestre (24 % frente al 25 %); este último se vio frenado por los persistentes problemas de las cadenas de suministro. Como la tasa de crecimiento del comercio de bienes cayó bruscamente en el tercer trimestre de 2021, el crecimiento del comercio depende cada vez más de la expansión del comercio transfronterizo de servicios.
Los servicios de transporte aéreo siguen muy por debajo de sus máximos previos a la pandemia, pero otros servicios, en particular los prestados digitalmente, han compensado con creces esa caída. A primera vista, las tasas de crecimiento del comercio del 24 % parecen muy saludables. Entonces, ¿por qué preocuparse? Además del evidente hecho de que el crecimiento puede reflejar en parte un repunte desde los mínimos de la pandemia, cabe preguntarse si ese ritmo puede mantenerse. ¿Qué podría salir mal? Una política pública mal diseñada y ejecutada.
El año pasado pudo haber sido excepcional para el comercio de servicios. También fue un año de hiperactividad legislativa y regulatoria en los ámbitos normativos que sustentan la prestación transfronteriza de servicios digitales.
No se trata solo de que los gobiernos favorezcan a los proveedores de servicios locales, algo que ocurre y que sería ingenuo descartar en una época de creciente rivalidad geopolítica. Pero a menudo resulta igual de perjudicial la incertidumbre normativa generada por la avalancha de regulaciones nuevas o mal diseñadas, que deja al sector privado sin saber cómo se aplicarán. Los accionistas esperan que los ejecutivos de las empresas tengan en cuenta las amenazas inciertas, y el resultado son primas de riesgo que enfrían los planes de expansión.
Flujos de datos y comercio digital internacional
El coste de la incertidumbre normativa es especialmente alto en lo que respecta a los flujos transfronterizos de datos. Sin flujos transfronterizos de datos que sean legales, organizar el comercio internacional nos devuelve a los teléfonos y las máquinas de fax. Si la preocupación por el cumplimiento de las normas de protección de datos puede amenazar las cadenas mundiales de suministro de bienes, puede convertirse en una carga prohibitiva para los bienes y servicios contratados o prestados digitalmente.
Los proveedores necesitan direcciones, datos de contacto y, posiblemente, información más sensible para atender los pedidos de clientes nacionales y extranjeros. En la actualidad, completar una transacción transfronteriza en línea sin enviar datos al extranjero es prácticamente imposible y, sin duda, ineficiente. Ante la incertidumbre normativa derivada de reglas volátiles sobre gobernanza de datos, las empresas pueden quedar paralizadas en sus planes de expansión o abandonar por completo los mercados de exportación.
Presionar donde más duele
Según Digital Policy Alert (DPA), la actividad regulatoria en materia de gobernanza de datos se disparó en 2021. El DPA registró 361 cambios normativos o regulatorios sobre gobernanza de datos, lo que la convirtió, con diferencia, en el ámbito de políticas más activo que sigue. El segundo lugar, la regulación y aplicación de las normas de competencia, apenas registra un tercio de esa actividad (129 cambios propuestos o aplicados el año pasado).
Prácticamente todas las grandes economías que cubre Digital Policy Alert aprobaron al menos una ley, reglamento o directriz sobre protección de datos en 2021. Grandes mercados emergentes, entre ellos China y Brasil, aprobaron o empezaron a aplicar leyes integrales de protección de datos el año pasado y ahora están emitiendo un flujo constante de reglamentos de aplicación. Ante la ausencia de una ley federal integral estadounidense de protección de datos, nada menos que 40 legislaturas estatales de EE. UU. estudiaron o aprobaron leyes de privacidad de los consumidores en 2021.
La evolución normativa en la UE ejemplifica la clase de incertidumbre a la que se enfrentan las empresas que dependen de la prestación digital. La invalidación del acuerdo de transferencia de datos entre la UE y EE. UU. por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en las sentencias Schrems dio lugar a más de un año de soluciones provisionales de validez poco clara.
La Comisión Europea intentó proporcionar cobertura jurídica para las transferencias internacionales de datos mediante las cláusulas contractuales tipo (CCT) y una excepción para las «garantías adecuadas» aplicable a socios comerciales cualificados en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, art. 46). Aunque las decisiones judiciales solo se referían a transferencias de datos a EE. UU., desencadenaron una ola mundial de incertidumbre.
A la cabeza, Corea del Sur y el Reino Unido iniciaron negociaciones de adecuación para permitir la libre circulación de datos y recuperar la certidumbre perdida. Está por ver si el sello oficial de aprobación de la Comisión Europea, por medio de las CCT, el artículo 46 del RGPD o las decisiones de adecuación, resistiría el escrutinio del TJUE si se impugnara. En diciembre de 2021, la autoridad austríaca de protección de datos pudo haber encendido la mecha al dictaminar que el uso de Google Analytics por parte de un sitio web austríaco constituye una transferencia ilegal de datos. El dictamen afirma explícitamente que sus principios se aplican a otros proveedores de servicios estadounidenses. Esta historia no acaba nunca.
La pesadilla del cumplimiento frena la recuperación mundial
Incluso para las mayores multinacionales es difícil mantenerse al día con los requisitos de protección de datos. Seguir las novedades regulatorias es una cosa; reconfigurar sitios web y aplicaciones para cumplir a tiempo es otra muy distinta. Sin una armonización internacional de los requisitos mínimos o puertos seguros, los recursos necesarios para cumplir con una avalancha de normas de protección de datos pueden resultar prácticamente prohibitivos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) o los aspirantes a exportadores de países en desarrollo, lo que a largo plazo frena la competencia y la inclusión.
La principal preocupación es que la propia incertidumbre normativa se está convirtiendo en una barrera de entrada, un retroceso en una época en la que promover la inclusión es prioritario. La actual situación de descontrol podría gestionarse mucho mejor a escala nacional, regional y multilateral.
Los negociadores comerciales de todo el mundo reconocen la importancia de regular los flujos de datos, pero esta cuestión sigue siendo el cuello de botella de la iniciativa multilateral en la OMC. A finales del año pasado, los 86 miembros de la OMC habían llegado a un texto de negociación sobre muchos aspectos de una transacción digital; las excepciones más notables eran los flujos transfronterizos de datos y la localización de datos. Ya sea mediante obligaciones comerciales vinculantes o buenas prácticas ampliamente aceptadas, maximizar la contribución de los servicios prestados digitalmente a la recuperación económica mundial depende de frenar la incertidumbre normativa injustificada. Lo que parece una cuestión técnica para especialistas pronto se convierte en un obstáculo para una recuperación más rápida del nivel de vida en todo el mundo.
