La recuperación de la pandemia de COVID-19 requerirá una mejor inversión del sector público, que debe abandonar el gasto tradicional de baja escala e ineficaz basado en insumos;
Los contratos basados en el desempeño, por ejemplo, son una forma eficaz de ayudar a los gobiernos a abordar los desafíos del desempleo;
Para adoptar herramientas e iniciativas de financiación basada en resultados, los gobiernos tendrán que cambiar la rendición de cuentas y centrarse más en los resultados previstos de su gasto.
La COVID-19 enfrenta al mundo a crisis sanitarias, sociales y económicas sin precedentes, con graves repercusiones para el desarrollo. Una vez más, las personas más vulnerables de nuestras sociedades han sido las más afectadas.
Para los gobiernos con restricciones fiscales que persiguen el objetivo a corto plazo de garantizar una recuperación más justa y rápida de la crisis y la aspiración a medio plazo de construir economías más sostenibles, promover asociaciones más sólidas con el sector privado será crucial para ampliar intervenciones muy necesarias en ámbitos como la salud, la educación y la creación de empleo.
Pero, para impulsar la recuperación, el sector público no solo tendrá que invertir más, sino también invertir mejor y abandonar el gasto tradicional de baja escala e ineficaz basado en insumos.
En los programas de financiación basada en resultados, el principal establece incentivos financieros o de otro tipo para que un agente proporcione productos o resultados predefinidos y recompensa la consecución de estos resultados una vez verificados. Para los gobiernos, la creciente adopción de estas soluciones, sobre todo cuando organizaciones con una misión social han prestado los servicios de primera línea, probablemente sea el mayor paso evolutivo que deben dar para hacer la transición a economías de impacto.
Los contratos basados en el desempeño, los fondos de resultados, los bonos de impacto para la carrera profesional y otras herramientas de financiación basada en resultados (RBF, por sus siglas en inglés) pueden ayudar a los gobiernos nacionales y locales a atraer a inversores privados a proyectos económicos para maximizar la obtención de resultados sociales. Cada vez hay más ejemplos que muestran cómo esto puede contribuir a las iniciativas de desarrollo del mercado laboral y crear empleos de calidad para los jóvenes y otros grupos que ya estaban en situación de desventaja antes de la crisis.
Lograr que los jóvenes accedan al empleo es un desafío persistente en los mercados desarrollados y emergentes. Comienza con el acceso a la educación, pero depende en gran medida de dotar a adolescentes y adultos jóvenes tanto de habilidades técnicas como sociales que les ayuden a acceder a mercados laborales difíciles y cada vez más dinámicos, y desenvolverse en ellos. En 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que las mujeres y los hombres jóvenes tenían tres veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos, y que alrededor del 21% de los jóvenes del mundo no tenían empleo, no estudiaban ni recibían formación. El problema es grave en mercados emergentes como Sudáfrica, India y Brasil, pero también es preocupantemente elevado en países de la OCDE, como Italia, España y Estados Unidos.
La crisis de la COVID-19 agravó la situación. En el segundo trimestre de 2020, la OIT estimó que se perdió el 17,3% de las horas de trabajo (el equivalente a 495 millones de empleos a tiempo completo) debido al cierre de los lugares de trabajo. Estas medidas tuvieron un impacto desproporcionado en los jóvenes: en Estados Unidos, solo el 7% de las personas de 15 a 24 años pudo trabajar desde casa, frente a casi un tercio de las personas de 25 años o más; mientras que en el Reino Unido, el 45% de los empleos con mayor riesgo estaban ocupados por personas menores de 35 años. Se espera que el número de personas menores de 25 años que no estudian, trabajan ni reciben formación aumente en 2 millones, hasta alcanzar los 6,7 millones en Europa, mientras que se prevé que el desempleo juvenil supere el 25% en América Latina y el Caribe.
Sin una intervención adecuada, podrían perderse millones de empleos de forma permanente. A corto plazo, los trabajadores estarán en peor situación y, a largo plazo, las economías sufrirán por la pérdida de habilidades, la menor productividad y la reducción del crecimiento.
Los contratos basados en el desempeño son una forma eficaz de ayudar a los gobiernos a abordar los desafíos del desempleo. Constituyen una evolución respecto de las intervenciones tradicionales que financian insumos, como las horas de formación, pues se centran en alcanzar resultados medibles, como la colocación laboral, la retención en el empleo y el aumento de los salarios. Estos instrumentos pueden transferir a inversores privados los costos iniciales y los riesgos de las iniciativas, y vincular sus recompensas financieras —o los pagos de la entidad contratante— a objetivos acordados de antemano y medibles.
Las soluciones innovadoras, como los bonos de impacto para la carrera profesional lanzados en Estados Unidos, transfieren los costos iniciales de formación a inversores de impacto en lugar de a los estudiantes. El bono de impacto para la carrera profesional de General Assemblytiene como objetivo ofrecer formación en ingeniería de software y diseño de interfaces de experiencia de usuario (UX) a 1.000 personas con recursos limitados o que hayan tenido contacto con el sistema de justicia penal, y dotarlas de habilidades muy demandadas para conseguir y mantener empleos bien remunerados en el sector de las tecnologías de la información. Las personas que participan en estos proyectos solo reembolsan los costos de formación cuando consiguen un empleo estable.
A pesar de las crecientes pruebas que respaldan el valor de las soluciones de financiación basada en resultados (incluidas las procedentes de los más de 200 bonos de impacto social y para el desarrollo lanzados en todo el mundo), estas siguen estando lejos de ser generalizadas. Para alcanzar la escala tan necesaria, será fundamental superar algunas de las principales barreras a su adopción, como la escasa disposición de muchos financiadores a contratar en función de los resultados. Por ejemplo, cada vez está más clara la necesidad de contar con promotores de alto nivel en los gobiernos y las organizaciones donantes que comprendan el desafío e impulsen el cambio en sus organizaciones. Los datos y el seguimiento son esenciales para monitorear y verificar los resultados, algo que puede resultar más difícil en los mercados emergentes, donde los entornos de datos son imperfectos.
Los gobiernos necesitarán un cambio de mentalidad tanto a escala nacional como local. Esta evolución implicará un cambio en la rendición de cuentas, con mayor atención a los resultados previstos del gasto público. También obligaría a los gobiernos y las partes interesadas a adoptar una perspectiva más integral, encontrar soluciones adaptadas al contexto para abordar el problema en su conjunto e incentivar un enfoque de formulación de políticas basado en datos. Por último, crearía nuevas alianzas sólidas y formas de trabajar entre donantes, gobiernos, fundaciones y proveedores de servicios.
El Fondo para los Resultados Educativos y el Grupo Directivo Global para la Inversión de Impactopublicarán próximamente una guía conjunta para los Consejos Asesores Nacionales del GSG, que destaca las oportunidades que ofrece la financiación basada en resultados para la educación, la salud y el empleo. Nuestro objetivo es dar visibilidad a este ámbito emergente de las finanzas, que consideramos fundamental para impulsar economías basadas en el impacto.
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