La violencia contra las mujeres y las niñas se ha disparado desde el inicio de la pandemia.
Numerosos informes han documentado ya un aumento de las llamadas a líneas de ayuda, los servicios de asistencia en línea y las denuncias policiales.
Desde ampliar los servicios para las víctimas hasta ofrecer más asistencia jurídica, UNICEF propone cinco maneras en que los gobiernos pueden responder.
Aunque el mundo quizá se haya visto sorprendido por la magnitud y las repercusiones de la crisis de la COVID-19, debería estar preparado para responder a los mayores riesgos para el bienestar y la seguridad de la infancia y las mujeres. La violencia contra la infancia y la violencia contra las mujeres están muy extendidas en todo el mundo y están intrínsecamente relacionadas, comparten factores de riesgo y consecuencias adversas y graves similares. La bibliografía sobre las pandemias quizá sea limitada, pero tenemos pruebas suficientes para afirmar sin ambigüedad que factores relacionados —como el confinamiento, el aislamiento social, el aumento del estrés financiero y una respuesta institucional débil— pueden aumentar o intensificar los niveles de violencia.
De hecho, durante el último mes, los informes han advertido de una «tormenta perfecta», que se manifiesta en un aumento de las llamadas a líneas de ayuda, los servicios de asistencia en línea y las denuncias policiales.
De hecho, durante el último mes, los informes han advertido de una «tormenta perfecta», que se manifiesta en un aumento de las llamadas a líneas de ayuda, los servicios de asistencia en línea y las denuncias policiales. Las organizaciones multinacionales actuaron rápidamente y emitieron comunicados en los que advertían de un mayor riesgo de ambas formas de violencia, mientras que los investigadores examinaron las pruebas de crisis anteriores y propusieron medidas de política pública para mitigar los posibles daños a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.
A medida que los gobiernos intensifican su respuesta a la COVID-19, ¿qué se está haciendo realmente para combatir la violencia?
1. Ampliar las líneas de ayuda y compartir información
Se está difundiendo ampliamente información mediante guías y recursos, así como acciones de sensibilización dirigidas a amistades y familiares. Parenting for Lifelong Health ha recopilado orientaciones respaldadas por pruebas para una crianza segura durante la cuarentena. Se están ampliando o creando líneas de ayuda y plataformas de asistencia en línea. Italia, uno de los países más afectados por la pandemia, está evitando «una emergencia dentro de otra emergencia» al difundir información sobre la línea de ayuda 1522 para casos de violencia y acoso. Muchos otros países se han comprometido a mantener abiertas las líneas de ayuda y los canales de información durante y después del pico de la COVID-19.
2. Financiar refugios y otras opciones de alojamiento seguro para las personas supervivientes
Numerosos países han reconocido que se necesita alojamiento seguro adicional durante la cuarentena. El alojamiento seguro permite a las personas supervivientes (y a los menores que las acompañan) escapar temporalmente de sus agresores. Como parte de su paquete de ayuda por la COVID-19, Canadá ha asignado 50 millones de dólares a refugios para mujeres y centros de atención a víctimas de agresión sexual [18 de marzo]. En Francia, un aumento de 1,1 millones de euros en la financiación de organizaciones contra los abusos incluyó 20.000 noches de hotel para que las personas supervivientes pudieran escapar de sus parejas agresoras [30 de marzo]. En Trento (Italia), un fiscal dictaminó que, en situaciones de violencia doméstica, el agresor debe abandonar el domicilio familiar en lugar de la víctima [28 de marzo]. Se han dictado resoluciones similares en Austria y Alemania. Aunque es una decisión encomiable, dificulta garantizar la seguridad de las personas supervivientes que permanecen en casa, ya que los agresores saben dónde encontrarlas y quizá tengan acceso al domicilio.
3. Ampliar el acceso de las personas supervivientes a los servicios
Como la cuarentena limita la movilidad personal y la libertad de movimiento, algunos países están buscando formas de ampliar el acceso a los servicios relacionados con la violencia. Francia ha puesto en marcha centros temporales en tiendas de alimentación, lugares que es probable que las mujeres ya frecuenten [30 de marzo]. En varios países (entre ellos Francia, Italia y España), una «palabra clave» específica indica a las farmacias que se pongan en contacto con las autoridades pertinentes. Algunos países han lanzado o mejorado aplicaciones discretas que permiten a las mujeres solicitar servicios sin llamar cuando están cerca de sus agresores (véanse Italia, Reino Unido, entre otros). Los servicios de protección para mujeres y niños deben considerarse «esenciales» y no deben suspenderse debido a la COVID-19.
4. Limitar los factores de riesgo asociados a la violencia
Algunos países están abordando las formas negativas de afrontar la COVID-19 que pueden agravar el riesgo de violencia. Groenlandia ha prohibido la venta de alcohol en su capital, Nuuk, para reducir el riesgo de violencia contra la infancia en el hogar [29 de marzo]. Sudáfrica ha adoptado medidas similares [26 de marzo]. Aunque se ha demostrado que el abuso del alcohol y el consumo problemático están vinculados a episodios de violencia más graves, la relación es compleja y hay pocas pruebas sobre cómo afectan a la violencia las políticas relacionadas con el alcohol. Sin embargo, otros países aún no han tomado medidas proactivas para limitar los riesgos asociados. Por ejemplo, restringir la venta de armas reduciría el acceso a armas letales en un momento de mayor estrés y podría reducir el riesgo de homicidio de mujeres y de muertes infantiles. Las medidas de política pública bien concebidas pueden reducir el riesgo de daño y facilitar alternativas positivas para reducir el estrés y promover la salud mental.
5. Modificar el derecho de familia y los sistemas de justicia
Australia ha aplicado varias modificaciones al derecho de familia para que el sistema de justicia pueda responder mejor a los casos durante la cuarentena [3 de abril]. En primer lugar, permiten que los tribunales impongan el control electrónico como condición de la libertad bajo fianza y suspendan condicionalmente las órdenes de encarcelamiento. En segundo lugar, permiten presentar órdenes de alejamiento por vía electrónica. En tercer lugar, crean un nuevo delito, aumentan las multas y amplían el plazo de prescripción para las órdenes de alejamiento. A medida que más países atraviesan períodos prolongados de servicios de justicia restringidos, hacen falta más innovaciones y modificaciones para garantizar la protección de las personas supervivientes en situaciones difíciles.
Estas medidas son encomiables, pero muchos países aún no se han comprometido a destinar recursos a ampliar los servicios. Las primeras respuestas en materia de políticas se concentran en gran medida en países de ingresos altos, lo que quizá refleje que muchos entornos con pocos recursos tienen presupuestos limitados para abordar la violencia contra la infancia y las mujeres, incluso cuando no hay una crisis.
¿Dónde y cómo deberían destinarse los recursos? Aunque los casos notificados y las cifras de los servicios existentes nos dan indicios de lo que podría estar ocurriendo, también ofrecen un panorama incompleto. Por ejemplo, en algunos lugares han disminuido las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda contra la violencia doméstica posiblemente porque, durante la cuarentena, los agresores pueden oír a las personas supervivientes y estas no pueden pedir ayuda de forma segura. En otros lugares, ha disminuido la demanda de refugios, posiblemente porque las personas supervivientes temen contraer la COVID-19 al estar muy cerca de otras personas en los refugios. Además, algunos sistemas habituales de detección están cerrados, como los que dependen de docentes o trabajadores sociales. En Estados Unidos, varios estados ya han informado de una reducción de los casos detectados de maltrato y abuso infantil, que se atribuye a una menor detección y no a una disminución de los casos reales.
Además, el mayor tiempo dedicado al teléfono y al uso de computadoras para comunicarse en lugar de interactuar en persona también abre nuevas vías para perpetrar otras formas de violencia en línea, como el acoso, la explotación y el abuso sexuales. Las medidas de mitigación deben abordar las diversas formas de violencia relacionadas con la COVID-19. Es preciso supervisar continuamente las medidas adoptadas para garantizar que tengan los efectos previstos y no causen daños imprevistos.
«Para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor precisamente donde deberían estar más seguras: en sus propios hogares». Mientras el Secretario General de la ONU pide urgentemente que haya paz en los hogares de todo el mundo, esperamos que esta lista no exhaustiva de respuestas gubernamentales sirva de inspiración para tomar nuevas medidas. Todas las personas tenemos un papel que desempeñar en la prevención y la reducción de la violencia y en el apoyo a las personas supervivientes, especialmente en estos tiempos sin precedentes.
Alessandra Guedes es directora de Investigación sobre Género y Desarrollo en UNICEF Innocenti. Amber Peterman es especialista en políticas sociales en UNICEF Innocenti y en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Dina Deligiorgis es especialista en políticas para poner fin a la violencia contra las mujeres en ONU Mujeres.
