Las empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos, incluso cuando los Estados vacilan en sus responsabilidades de proteger a los trabajadores, las comunidades y nuestro entorno natural.
El proyecto de legislación de la Comisión Europea para establecer normas sobre gobernanza corporativa sostenible podría marcar un antes y un después en la rendición de cuentas de las empresas.
La aparición de la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medioambiente es un momento decisivo para que las empresas demuestren su compromiso con una buena gobernanza corporativa y un futuro sostenible.
Al entrar en el tercer año de la pandemia de COVID-19 y ante la amenaza de guerra que se cierne sobre Europa, proteger a las personas y al planeta no es algo deseable: es imprescindible. Crece el consenso: las empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos, incluso cuando los Estados vacilan en sus responsabilidades de proteger a los trabajadores, las comunidades y nuestro entorno natural.
Se espera que la próxima semana la Comisión Europea publique un proyecto de legislación para establecer normas sobre gobernanza corporativa sostenible, concebido para garantizar que se respeten los derechos humanos y el medioambiente en todas las cadenas de valor de las empresas con sede en la UE. Pese a los numerosos retrasos, podría marcar un antes y un después en la rendición de cuentas de las empresas, siempre que la UE cumpla las elevadas ambiciones que se fijó hace dos años. Como dijo en abril de 2020 el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha llegado el momento de «garantizar que la conducta empresarial responsable y las cadenas de suministro sostenibles se conviertan en la norma».
Llevar la inclusión a la práctica
Ha aumentado la presión sobre las empresas y sus consejos de administración para que identifiquen y aborden los desafíos en sus cadenas de valor, también por parte de los inversores, y se extiende a la necesidad de colaborar más directamente con las comunidades afectadas por las actividades empresariales. Aquí las empresas tienen una oportunidad clave para llevar la inclusión a la práctica. La promoción de conductas proactivas debe venir de los niveles más altos de una empresa. Mi empresa, Roche, ha reconocido los beneficios de crear un entorno en el que todas las personas estén activamente incluidas, reciban un trato justo y respetuoso, tengan igual acceso a oportunidades y recursos y puedan ser ellas mismas mientras contribuyen plenamente al éxito de la organización. Esto solo es posible con la participación de la empresa y sus socios comerciales, y el mismo enfoque puede extenderse al respeto de las comunidades a lo largo de la cadena de valor.
Un amplio abanico de empresas, inversores e iniciativas empresariales ya ha reconocido que la diligencia debida obligatoria eficaz en materia de derechos humanos y medioambiente permite a las empresas elevar el nivel y garantizar la estabilidad a largo plazo y un desempeño empresarial sostenible.
Durante la última década, los esfuerzos empresariales en materia de diligencia debida se han guiado por un régimen voluntario establecido en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Como estrategia de mitigación, la diligencia debida crea un marco para que las empresas «conozcan y demuestren» sus riesgos y luego actúen en consecuencia. Sin embargo, su aplicación no ha sido generalizada: según un estudio de 2020 del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado, solo el 37 % de las empresas lleva a cabo actualmente diligencia debida en materia de medioambiente y derechos humanos. Las actividades empresariales siguen poniendo en riesgo a las personas y la naturaleza, y los abusos persisten allí donde la visibilidad es escasa. A medida que se degrada aún más nuestro mundo natural, no harán más que aumentar los riesgos para los trabajadores y las poblaciones vulnerables.
Para transformar las empresas y mejorarlas, debemos entender cómo sus actividades afectan a todas las formas de capital —natural, social, humano y producido— y dependen de ellas. Los sistemas de gestión son la base del desempeño empresarial, pero los consejos de administración son fundamentales para este cambio y deben rendir cuentas por la diligencia debida y sus consecuencias. La gobernanza corporativa debe estar a la altura de las exigencias de los inversores y las partes interesadas.
En las décadas que llevo como miembro de consejos de administración responsable del cumplimiento corporativo, he aprendido que la responsabilidad empresarial nunca debería convertirse en un mero ejercicio de marcar casillas, como todavía ocurre demasiado a menudo. Integrar la diligencia debida en la cultura y las prácticas de una empresa no solo promueve el respeto de los derechos humanos y el medioambiente, sino que también representa una oportunidad empresarial: crea un círculo virtuoso de estabilidad empresarial y crecimiento económico inclusivo. La gestión responsable de nuestras empresas puede y debe ir de la mano de una gestión responsable de nuestros trabajadores, las comunidades afectadas y el mundo natural.
Elevar el nivel de respuesta a los impactos en los derechos humanos y el medioambiente
La diligencia debida es un paso fundamental para comprender los impactos de una empresa y actuar al respecto. Alinea las políticas, las prácticas y las inversiones con el propósito. Medir todas las formas de capital e invertir en ellas es el camino hacia un desempeño empresarial sostenible y nos da una oportunidad real de alcanzar el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La gestión de los impactos puede ofrecer, y ofrecerá, nuevas oportunidades empresariales que aporten agilidad a las empresas, y da un nuevo sentido a la filosofía de que las empresas pueden ser una fuerza para el bien. Las empresas y sus consejos de administración deben integrar la sostenibilidad en sus procesos de gestión de riesgos y procedimientos vigentes de gobernanza corporativa.
Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Noruega, ya han comenzado a establecer normas nacionales de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medioambiente. Los Países Bajos y Bélgica también están definiendo sus planes. Tiene sentido armonizar y consolidar estos esfuerzos a través de la UE, convirtiendo a Europa en la primera región del mundo en exigir estas prácticas de forma vinculante. Así, las empresas europeas elevarían considerablemente el nivel de respuesta a los impactos en los derechos humanos y el medioambiente en todo el mundo, al tiempo que se nivelaría el terreno de juego entre regiones y partes interesadas. A la larga, se necesita coherencia internacional para ampliar estos esfuerzos.
Ha llegado el momento de que la UE actúe, y lo haga con decisión. La legislación que se avecina marcará el rumbo para las empresas y sus consejos de administración. Para los líderes empresariales, la aparición de la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medioambiente es un momento decisivo para demostrar su compromiso tanto con una buena gobernanza corporativa como con un futuro sostenible.
