En 2022, las graves inundaciones en la provincia sudafricana de KwaZulu Natal provocaron un devastador desastre climático.
Causaron daños significativos en la infraestructura, la economía y las comunidades de la región.
Las lecciones aprendidas de desastres climáticos como este ponen de relieve la necesidad de invertir más en infraestructuras resilientes al clima.
En abril de 2022, la provincia de KwaZulu Natal sufrió el peor desastre climático desde 1987 en la provincia, según un estudio de investigadores de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica y de la Universidad de Brighton, Reino Unido. Las devastadoras inundaciones provocaron la evacuación de empresas logísticas a lo largo de la costa y la paralización de la actividad económica. Las inundaciones fueron devastadoras para quienes presenciaron las consecuencias de su destrucción. Sin embargo, quizá de forma más inquietante, sirvieron como señal de alerta para los responsables de las políticas sobre la realidad del cambio climático y su impacto en la vida de los sudafricanos, en la economía y en sus instituciones.
KwaZulu Natal es una provincia que se ha caracterizado como el epicentro económico de Sudáfrica, responsable de más del 60 % de las exportaciones e importaciones que pasan por el puerto de Durban. Su contribución total al producto interior bruto (PIB) se estima en más del 16 %, lo que la convierte en el segundo mercado económico más grande de Sudáfrica.
En el momento de la crisis, trabajaba como especialista sénior en la oficina del director ejecutivo del grupo en una empresa estatal, con el equipo encargado de redactar el informe, evaluar y describir el alcance del impacto en la infraestructura, para ayudar a cuantificar los daños y los costes asociados de reparación en los puertos y la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, a medida que analizaba el informe, pronto quedó claro que este ejercicio intelectualmente reflexivo nos obligaba a enfrentarnos a algunas verdades profundas sobre el estado de nuestra infraestructura.
Mi primera toma de conciencia fue la falta de preparación de la infraestructura para prevenir adecuadamente un desastre climático, como consecuencia de una inversión histórica insuficiente y de políticas que se remontan a la década de 1970 y que establecían la inversión en infraestructura nacional. Por primera vez, el cambio climático se enfrentaba a la época caduca de Sudáfrica y, para nuestra decepción, la infraestructura del país estaba, como era de esperar, sin preparar.
Inversión en infraestructuras resilientes al clima
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la característica definitoria de las infraestructuras resilientes al clima es que son infraestructuras “planificadas, diseñadas, construidas y operadas de manera que anticipan, se preparan y se adaptan a las condiciones climáticas cambiantes”. La OCDE sugiere además que las infraestructuras resilientes al clima también pueden resistir y recuperarse rápidamente de las interrupciones causadas por las condiciones climáticas.”
Sin embargo, para muchos países de regiones en desarrollo, este renovado sentido de urgencia para responder a estos desastres climáticos ofrece una oportunidad de inversión adicional en infraestructura para afrontar una triple confluencia de desafíos. Uno de los principales retos para diseñar nuevos sistemas que respondan a los desafíos actuales son las desalineaciones de políticas, las decisiones regulatorias y los marcos normativos que, sin pretenderlo, desalientan el uso de soluciones innovadoras basadas en los ecosistemas.
El mantenimiento de las infraestructuras es más viable para los países desarrollados, ya que tienen una clara distinción entre las funciones del sector privado y del público. Sin embargo, los responsables de las políticas deben estar bien preparados y ser eficaces para crear un entorno propicio para la inversión en infraestructura. Esto ayuda a mitigar los riesgos asociados a la construcción de infraestructuras resilientes al clima que protejan a los ciudadanos. Construir sistemas, organizaciones e instituciones sólidas que puedan absorber las perturbaciones, operar en una amplia variedad de circunstancias y actuar con rapidez y fluidez es un punto de presión crítico para la mayoría de los gobiernos. Para lograrlo, los responsables de las políticas deben comprender la volatilidad interconectada del mundo moderno y actuar como operadores transversales.
Es innegable que estas dinámicas cambiantes exigirán que los responsables de las políticas participen de forma reflexiva en la naturaleza sumamente compleja de la interconexión entre los sistemas sociales, el entorno construido y los sistemas naturales, para, en última instancia, diseñar políticas que garanticen la movilización suficiente de inversiones públicas y privadas. Ahora más que nunca, las ciudades y las comunidades son cada vez más conscientes de la necesidad de adaptarse a los cambios inevitables en las condiciones climáticas. Con más de la mitad de la población mundial residiendo en ciudades, y con una frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos que se prevé que aumenten, la resiliencia de los sistemas de infraestructura estatal críticos se ha convertido igualmente en una prioridad.
¿Qué hace el Foro Económico Mundial frente al cambio climático?
Según un informe sobre la demografía futura de las ciudades costeras, entre 2020 y 2030, se prevé que las siete ciudades costeras más grandes de África (Lagos, Luanda, Dar es Salaam, Alejandría, Abiyán, Ciudad del Cabo y Casablanca) crezcan un 40 % (de 48 millones a 69 millones de personas), frente al aumento global previsto para el continente del 27 % (de 1340 millones a 1690 millones). Las ciudades costeras más pequeñas podrían crecer aún más rápido: Port Harcourt, en Nigeria, por ejemplo, se espera que crezca un 53 % en esta década. A nivel mundial, se prevé que las regiones costeras de África experimenten las tasas más altas de crecimiento demográfico y urbanización del mundo. Estas presiones demográficas están impulsadas por la importancia económica de las ciudades costeras africanas.
Invertir en infraestructuras resilientes al clima puede, por tanto, aportar numerosos beneficios, como mejorar la fiabilidad de la prestación de servicios, aumentar la vida útil de los activos y proteger el rendimiento de los activos, para garantizar la protección de los intereses económicos. En términos sencillos, estas inversiones no solo pueden mejorar la resiliencia climática, sino también generar mayores rendimientos económicos para los países en desarrollo. Sin embargo, es igualmente importante tener en cuenta las realidades económicas al amortiguar el cambio climático. Esto puede lograrse mediante una combinación de medidas de gestión, como cambiar los calendarios de mantenimiento e incluir una gestión adaptativa para tener en cuenta las incertidumbres futuras, así como medidas estructurales.
En algunos casos, abordar los riesgos del cambio climático exigirá actuar ahora, mientras que en otros la prioridad será incorporar flexibilidad para permitir respuestas posteriores. Una de las sugerencias es garantizar que las empresas de servicios públicos de titularidad estatal, las asociaciones profesionales y los reguladores tengan capacidad suficiente para utilizar las proyecciones climáticas y facilitar alianzas entre sectores para comprender mejor y abordar las interdependencias de las infraestructuras.
Los responsables de las políticas deben actuar con urgencia
Como argumentó con acierto el economista John Maynard Keynes, en los periodos en que el sector privado se paraliza, el gobierno debe convertirse en el inversor de último recurso. Sin embargo, en la economía del conocimiento moderna, invertir en infraestructura o generar demanda para la expansión de la producción no basta por sí solo. Por ello, los gobiernos y los responsables de las políticas deben tomar medidas tempranas, que pueden resultar más rentables que retrasarlas si los beneficios de dichas medidas son elevados y si la implementación de las medidas de adaptación requeridas lleva un tiempo considerable. Para afrontar estos desafíos, es necesaria una respuesta política coordinada, que implique la cooperación entre el sector público, los propietarios y operadores de infraestructuras, las asociaciones profesionales y los inversores.
En conclusión, los responsables de las políticas deben participar de forma reflexiva en la naturaleza sumamente compleja de la interconexión entre los sistemas sociales, el entorno construido y los sistemas naturales, para, en última instancia, diseñar políticas que garanticen la movilización suficiente de inversiones públicas y privadas. Ahora más que nunca, construir infraestructuras resilientes al clima se ha convertido en una necesidad para las ciudades, las comunidades y las economías de todo el mundo.
