Las empresas deben considerar el desarrollo, el uso y la gobernanza de sus tecnologías desde una perspectiva centrada en los derechos humanos.
Proteger y defender los derechos humanos es responsabilidad de todos, incluidos los inversores tecnológicos.
Basándose en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU), los inversores tecnológicos deben realizar una debida diligencia adecuada y evaluaciones de impacto antes de decidir dónde invertir su dinero, y exigir a los líderes empresariales que actúen de la misma manera.
En los últimos años se ha avanzado considerablemente en la inversión sostenible, y cada vez más inversores tienen en cuenta factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) al decidir qué financiar. Sin embargo, se ha prestado menos atención al papel de la inversión responsable para garantizar que las tecnologías que utilizamos a diario respeten los derechos humanos.
Ha llegado el momento de que los inversores y financiadores tecnológicos reconozcan que también son responsables de los posibles daños a los derechos humanos que generan las plataformas y los servicios digitales, y de ayudar a exigir cuentas a las empresas que financian.
Respalde los derechos humanos con su dinero
Muchas empresas tecnológicas han adoptado los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) en su afán por “hacer el bien” con los productos y servicios que crean. Pero antes de pretender resolver todos los problemas de la sociedad, las empresas deben considerar el desarrollo, el uso y la gobernanza de sus tecnologías desde una perspectiva centrada en los derechos humanos, para “no causar daño” en primer y principal lugar.
Aquí es donde los inversores pueden desempeñar un papel, basándose en los PRNU, mediante la realización de una debida diligencia adecuada y evaluaciones de impacto antes de decidir dónde invertir su dinero, y exigiendo a los líderes empresariales que actúen de la misma manera, si y cuando decidan llevar a cabo alguna inversión. Ya sea de forma involuntaria o mediante la utilización deliberada de determinadas tecnologías como armas, las inversiones poco meditadas en carteras tecnológicas pueden causar graves daños a grupos de personas que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo.
Aviso: las grandes recompensas conllevan grandes riesgos
Los riesgos que la tecnología supone para los derechos humanos son especialmente agudos y evidentes en el caso de las redes sociales. Las grandes plataformas en línea no han logrado, en reiteradas ocasiones, incorporar los derechos humanos en su desarrollo, mitigar los riesgos que surgen de sus sistemas a lo largo del tiempo ni reparar los daños causados por sus plataformas. En situaciones de conflicto armado y crisis, o en países con un historial deficiente en materia de derechos humanos, esta actitud de laissez-faire puede poner en peligro la vida de personas en riesgo, como ocurre en Etiopía, Siria, Israel y Palestina, y Myanmar. Esto supone, como mínimo, indiferencia y, en el peor de los casos, discriminación deliberada, y desde luego no cumple con el lema de “no causar daño”.
Los inversores deben asumir la responsabilidad del papel que desempeña su financiación al permitir tales daños y actuar mediante una debida diligencia reforzada, evaluaciones de impacto y mecanismos de reparación. Al fin y al cabo, si incluso la ONU ha denunciado que las empresas de redes sociales son cómplices de facilitar violaciones de los derechos humanos, sus conclusiones se extienden a los inversores de dichas empresas.
Del mismo modo, aunque las soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) y otras formas de toma de decisiones automatizada suelen presentarse como soluciones “milagrosas” para una gran variedad de desafíos sociales, lo que genera gran entusiasmo entre los inversores, estas mismas tecnologías son propensas a sesgos peligrosos que causan graves daños tanto en línea como fuera de ella. Dado que las posibles aplicaciones e implicaciones de las tecnologías emergentes evolucionan a diario, tanto los inversores potenciales como los actuales deberían insistir en la realización de evaluaciones de impacto en derechos humanos (EIDH) para garantizar que los sistemas de IA se desarrollen e implementen de forma respetuosa con los derechos.
No considerar las implicaciones para los derechos humanos al invertir en tecnología puede tener graves repercusiones, como se ha visto en casos relacionados con el uso gubernamental de programas espía. El uso indebido y el abuso de las tecnologías de vigilancia vulneran la privacidad, permiten la discriminación y alimentan la violencia contra poblaciones en riesgo, como los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los activistas. Estas herramientas que vulneran los derechos han sido utilizadas tanto por regímenes autoritarios como por gobiernos democráticos. Los inversores no pueden eludir la responsabilidad por tales daños. Aunque la mayoría de las empresas de este sector son de capital privado, todos los inversores tecnológicos deberían revisar periódicamente sus carteras para detectar su exposición a tecnologías de vigilancia a fin de garantizar que no financien, directa o indirectamente, tales tecnologías.
Es necesaria una reforma para que los inversores tecnológicos puedan generar impacto
Muchos inversores ya han demostrado su disposición a actuar de forma respetuosa con los derechos. Durante la temporada de Juntas Generales Ordinarias de 2022, los accionistas de las mayores empresas tecnológicas presentaron propuestas sobre diversas cuestiones de derechos humanos, solicitando una gobernanza y una supervisión más sólidas, informes de transparencia significativos sobre las exigencias gubernamentales de censura y evaluaciones de impacto centradas en los derechos.
Sin embargo, las manos de dichos accionistas están atadas por estructuras accionariales de doble clase, que limitan el poder de los accionistas para exigir un cambio significativo (en comparación con los altos directivos, normalmente fundadores de las empresas, que tienen un poder de voto desproporcionado). Como resultado, de las propuestas sobre derechos humanos mencionadas, ninguna llegó a aprobarse.
Los inversores deben trabajar para aumentar su supervisión y rendición de cuentas en materia de derechos humanos si quieren cumplir de forma significativa sus responsabilidades. Pero para que esto ocurra, los esfuerzos deben ir más allá de la comunidad de “inversores responsables” existente: todos los inversores deben dar un paso adelante.
En todas las grandes empresas tecnológicas, un grupo concentrado de inversores marca el ejemplo en todo el sector. Si realizaran sistemáticamente una debida diligencia continua en materia de derechos humanos sobre las empresas y los proyectos de sus carteras, y colaboraran con la sociedad civil para identificar dónde podrían estar causando o contribuyendo a violaciones de los derechos humanos, podrían impulsar un cambio hacia comportamientos respetuosos con los derechos en todo el sector.
Proteger y defender los derechos humanos es responsabilidad de todos, y esto incluye a las organizaciones que controlan los fondos. Ha llegado el momento de que los inversores y financiadores se pregunten “¿esto perjudicará a las personas?” antes de desembolsar recursos, y de asumir la responsabilidad por las consecuencias humanas de sus decisiones de inversión.
