El rápido crecimiento de los dispositivos conectados a internet está transformando la vida de las personas, pero la desconfianza persiste.
Muchos de los expertos encuestados expresaron una falta de confianza, especialmente en los ámbitos del uso ético, la seguridad y la equidad.
Abordar estas preocupaciones requiere que tanto el sector público como el privado desarrollen normas y mejores prácticas para dispositivos conectados seguros y protegidos.
Los avances tecnológicos continuos y la disrupción causada por la pandemia de COVID-19 ampliaron rápidamente el uso del Internet de las Cosas (IoT) en nuestra vida diaria. Estos incluyen diversas aplicaciones en el ámbito del consumo, la sanidad, la educación y la industria. Algunas estimaciones prevén que, para 2025, más de 30 000 millones de dispositivos conectados estarán en línea.
La rápida adopción de esta tecnología supera el desarrollo de las estructuras de gobernanza. Esta falta de protocolos básicos expone a los consumidores y a las organizaciones a riesgos crecientes, como ejemplifican numerosas brechas de datos y ciberataques de gran repercusión.
El «Estado del Mundo Conectado 2023» informe, presentado en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, cuantifica datos de encuestas recogidos de más de 270 expertos en tecnología de todo el mundo. Y los datos son claros: aunque la tecnología conectada sigue transformando nuestras vidas, las lagunas de gobernanza impiden que alcance todo su potencial.
La colaboración público-privada es necesaria para desarrollar protocolos básicos aplicables a todos los dispositivos conectados. Esto incluye una gobernanza universal en torno al uso ético, la seguridad y la equidad. El informe establece prioridades claras para que los líderes empresariales y gubernamentales aborden los riesgos identificados.
Integridad y ética
El ámbito que los expertos señalaron más que cualquier otro es la falta de protocolos en torno al uso ético de los datos. Alrededor del 80 % de los expertos afirma que los consumidores y las organizaciones no disponen de suficiente información ni de transparencia de datos, y que la regulación de la privacidad de datos mediante leyes y políticas es insuficiente. Los expertos también recomiendan encarecidamente una mayor educación y concienciación de los usuarios, así como un mejor intercambio de información entre empresas, usuarios y reguladores.
Los usuarios quieren ahora un mayor control sobre su privacidad; sin embargo, incluso las leyes de privacidad vigentes siguen quedándose cortas. La recogida de información personal todavía se produce sin el consentimiento de los usuarios y, aun cuando existe consentimiento, es posible que los usuarios no sean plenamente conscientes de sus decisiones debido a la falta de alfabetización digital.
Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), considerado por muchos como el precursor de la estandarización de las normas de protección de datos, ha demostrado enfrentarse a desafíos en materia de aplicación y rendición de cuentas. Entre mayo y agosto de 2021, 500 000 impresiones de anuncios en línea utilizadas en Europa contravinieron las opciones de recogida de datos que las personas habían elegido.
Dispositivos conectados y ciberseguridad
La creciente dependencia de los dispositivos conectados y de las tecnologías relacionadas ha hecho que las organizaciones, los gobiernos y los usuarios individuales sean cada vez más vulnerables a las ciberamenazas. En el primer semestre de 2021 se registraron 1500 millones de ataques dirigidos al IoT en todo el mundo, mientras que las brechas de datos aumentaron un 15,1 % con respecto al año anterior.
Por este motivo, los expertos señalan este como el segundo ámbito de mayor preocupación, ya que más del 70 % de los expertos afirma que no confía en que los usuarios de dispositivos conectados y de tecnologías relacionadas estén protegidos frente a los ciberataques. Esta exposición se debe en gran medida a marcos regulatorios insuficientemente desarrollados, limitaciones técnicas, falta de conocimientos por parte de los usuarios finales y incentivos insuficientes para que las empresas protejan a los usuarios.
Los ataques contra personas, empresas y gobiernos pueden causar daños significativos, entre ellos pérdidas financieras, daños físicos, daños a la reputación y pérdida de productividad. Por ejemplo, se estima que el impacto financiero de los ataques de ransomware costó al mundo 7 billones de dólares en 2022, lo que convierte a la ciberdelincuencia en la tercera economía más grande tras China y Estados Unidos.
Equidad
Garantizar que los dispositivos conectados y las tecnologías relacionadas sean accesibles y beneficiosos para todos los miembros de la sociedad, independientemente de su situación geográfica, socioeconómica u otros factores, es también una prioridad clave señalada por los expertos. Como todas las tecnologías, la forma en que se utilizan y se implementan puede aumentar o reducir la desigualdad. Hasta la fecha, todavía existen numerosas barreras para la adopción generalizada de tecnologías que mejorarían enormemente la vida de las poblaciones más vulnerables.
En educación, por ejemplo, los estudios muestran un contraste marcado entre los países de bajos ingresos y los de altos ingresos, con solo el 25 % de los primeros ofreciendo algún tipo de aprendizaje a distancia, frente al 90 % de los países de altos ingresos. Además, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2021 se estima que el 37 % de la población mundial, unas 2900 millones de personas, todavía no había utilizado internet. Mientras tanto, 759 millones de personas siguen viviendo sin electricidad.
Qué se puede hacer
El informe «Estado del Mundo Conectado 2023» profundiza en el tema, pero estos son algunos pasos fundamentales para proteger a las personas, las empresas y los gobiernos, y formas de generar confianza y crear un IoT más inclusivo y accesible:
Política/regulación: Los gobiernos locales, regionales y nacionales pueden trabajar con las empresas para implementar marcos básicos para el IoT y las tecnologías relacionadas dentro de sus jurisdicciones. Los gobiernos pueden incentivar a las empresas a proteger a los usuarios finales exigiendo normas básicas en sus procesos de contratación pública.
Iniciativas de concienciación de los usuarios: Las empresas y los gobiernos deben ofrecer iniciativas de alfabetización digital, formación y educación que proporcionen información a los usuarios para disfrutar de una experiencia digital más segura e inclusiva.
Seguridad y privacidad desde el diseño: Las estructuras de gobernanza deben exigir a las empresas de IoT que integren la seguridad, la protección y la equidad en el diseño del dispositivo, en lugar de una medida reactiva que incorpore estos aspectos como respuesta a las preocupaciones de los usuarios.
Los gobiernos y las empresas tecnológicas pueden trabajar con organizaciones de defensa para garantizar que la inclusión y la accesibilidad sean fundamentales en el diseño de las tecnologías IoT. Por ejemplo, La Alianza EDISON es una iniciativa de líderes mundiales de los sectores público y privado que han desarrollado protocolos para la inclusión digital.
