Damos la bienvenida a 2015 enfrentándonos a una realidad demasiado conocida: todavía hay personas en el mundo que no tienen acceso a alimentos suficientes y nutritivos. Según las Naciones Unidas, una de cada ocho personas pasa hambre cada día, incluidos aproximadamente uno de cada seis niños menores de cinco años que tienen bajo peso. La situación es especialmente grave para quienes viven en pobreza extrema, cuyo acceso insuficiente a la tecnología, la tierra, el agua y otros insumos agrícolas pone habitualmente en peligro su capacidad para producir u obtener alimentos para sí mismos y sus familias, en particular dado que los precios mundiales de los alimentos han aumentado en los últimos años.
En una escala que va de uno a «hay que hacer algo ahora mismo», abordar este problema y garantizar la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los asuntos de desarrollo más apremiantes de nuestro tiempo. La buena noticia es que el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, erradicar el hambre en el mundo, es alcanzable, y está cerca de cumplirse la meta de reducirla a la mitad para finales de este año. Pero los gobiernos han incumplido con demasiada frecuencia su obligación de fomentar un entorno propicio para la seguridad alimentaria y, en algunos casos, incluso han empeorado la situación.
La política comercial puede ser una herramienta proactiva —en lugar de reactiva— para contribuir a garantizar una mayor seguridad alimentaria; este es el tema que desarrolla nuestra publicación reciente titulada Política comercial y seguridad alimentaria: mejorar el acceso a los alimentos en los países en desarrollo tras el alza de los precios mundiales. Aunque los precios mundiales de los alimentos han aumentado en términos reales en los últimos años, después de tres décadas de descenso, no hay escasez mundial de alimentos. El problema consiste en trasladar los alimentos, a menudo a través de las fronteras, desde zonas con excedentes de producción hasta aquellas con déficit, a precios asequibles para los consumidores de bajos ingresos de los países en desarrollo.
Es decir, en el mundo actual, los mecanismos que amenazan la seguridad alimentaria mundial suelen persistir en forma de barreras que impiden el eficiente movimiento de los alimentos —no la existencia de los alimentos mismos—, lo que pone de relieve el papel fundamental de los factores políticos y las instituciones en la distribución de los alimentos. De hecho, la idea de que puede haber alimentos disponibles incluso cuando se percibe escasez o precios altos, pero que las personas pobres simplemente no tienen acceso a ellos, existe desde hace décadas.
Muchos países restringen las importaciones de alimentos o desincentivan las exportaciones con un propósito sencillo: mantener los mercados nacionales aislados de las variaciones de los precios internacionales. Los países exportadores pueden utilizar restricciones a la exportación para reducir sus precios internos en relación con los mundiales, mientras que los países importadores pueden elevar los aranceles de importación o los impuestos al consumo de alimentos para proteger a sus agricultores nacionales de la competencia extranjera.
La triplicación de los precios mundiales del arroz en 2007–08 ofrece un buen ejemplo. La alarma por el drástico aumento de los precios provocó prohibiciones unilaterales de las exportaciones de arroz, compras de pánico y acaparamiento en muchos países del Sudeste Asiático. Estas medidas de política tenían poco o ningún fundamento en la situación real de la oferta y la demanda regionales de arroz: la producción de arroz elaborado de la región en aquel momento era la más alta del siglo XXI y casi un 6 por ciento superior al total de 2006–07. Sin embargo, los gobiernos basaban sus acciones en una serie de cálculos arraigados y aparentemente racionales: que recurrir a medidas comerciales no solo sería eficaz para estabilizar los precios, sino que también sería menos costoso que aplicar únicamente políticas de almacenamiento.
En teoría, tenían razón. Se puede demostrar que los controles a la exportación o la reducción de las barreras a la importación son una manera eficaz de estabilizar los precios para un país individual.
Pero, si los países actúan simultáneamente, el problema es de acción colectiva. Incluso los países poco partidarios de instaurar esas medidas comerciales suelen verse obligados a hacerlo en respuesta a las acciones de otros países. Al intentar aislar de este modo sus mercados de los aumentos de los precios mundiales, los países que aplican medidas comerciales restrictivas se perjudican a sí mismos. Tanto las restricciones a la exportación en los países exportadores como las reducciones de los aranceles a la importación en los importadores elevan los precios mundiales. Así, cuando todos los países intentan simultáneamente reducir sus precios en la misma medida, las propias políticas de estabilización agravan los aumentos de los precios mundiales.
En otras palabras: buenas intenciones, malos resultados.
Por el contrario, un comercio más abierto y una mayor integración podrían ser un excelente amortiguador de las fluctuaciones internas de la oferta de alimentos, estabilizando así los precios, aumentando los ingresos de los agricultores y reduciendo los precios que pagan los consumidores. Esto se debe a que la producción mundial de un producto alimentario determinado varía mucho menos que la producción de cada país por separado: con menos barreras a escala mundial, se podrían importar más alimentos en épocas de escasez y exportarlos en épocas de abundancia.
A medida que continúan las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tomar medidas concretas para promover la seguridad alimentaria podría desempeñar un papel clave. El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC busca crear condiciones más equitativas en cuanto al acceso y la disponibilidad de alimentos, garantizando tanto que los gobiernos conserven opciones de política para apoyar a sus sectores agrícolas como que se limite el margen para que los países apliquen políticas desestabilizadoras en el extranjero. Es importante seguir aplicando estas disciplinas vigentes de la OMC, pero se necesita hacer más, en particular reduciendo el margen para las ayudas que distorsionan el comercio, ampliando el acceso a los mercados y reforzando las disciplinas en ámbitos como la competencia de las exportaciones.
Ante todo, los gobiernos deben adquirir mayor capacidad para comprender las repercusiones internacionales de sus medidas de política agrícola, algo que una integración comercial más profunda solo puede fomentar.
A pesar de la ola de liberalización del comercio y los mercados que ha recorrido el comercio mundial desde la década de 1980, los mercados de productos alimentarios suelen seguir estando muy distorsionados como consecuencia del uso indebido de determinadas políticas comerciales. Como muestra el nuevo libro, esto puede llevar a muchos gobiernos a agravar a menudo, aunque involuntariamente, los problemas de los precios agrícolas. Afortunadamente, el efecto de las variaciones de los precios en la inseguridad alimentaria de los países en desarrollo puede mitigarse mediante políticas de integración adecuadas, mejor informadas y más orientadas al exterior.
Este artículo se publica en colaboración con The World Bank’s The Trade Post Blog. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Amir Fouad es analista de investigación de la Práctica Global de Comercio y Competitividad del Grupo Banco Mundial. Ian Gillson es economista sénior de comercio en la Práctica Global de Comercio y Competitividad del Grupo Banco Mundial.
Imagen: Un buque portacontenedores sale de Burrard Inlet, en Vancouver, Columbia Británica, el 6 de marzo de 2009. REUTERS/Andy Clark.
