La propuesta de la Comisión Europea de crear un impuesto de la UE sobre los servicios digitales está dirigida principalmente a los gigantes tecnológicos multinacionales. Pero, si el impuesto entra en vigor, serán las propias startups y los ecosistemas digitales de Europa quienes paguen el precio más alto.
La cuestión de cómo gravar a las empresas cada vez más globalizadas y digitalizadas es vital para la salud futura del comercio y la inversión transfronterizos. Lamentablemente, el debate actual está sumido en la confusión y la complejidad, y no ayudan las respuestas políticas populistas que demonizan a las empresas digitales.
Un ejemplo destacado es la propuesta de la Comisión Europea, publicada por primera vez en marzo de 2018, de crear un impuesto de la UE sobre los servicios digitales (ISD). La medida está dirigida principalmente a los gigantes tecnológicos multinacionales cuyas estructuras corporativas les permiten desviar los beneficios derivados de actividades digitales a jurisdicciones con bajos impuestos. Pero, si el ISD entra en vigor, serán las propias startups y los ecosistemas digitales de Europa quienes paguen el precio más alto.
Como empresa que opera en un mercado globalizado, nos preocupa profundamente la visión limitada del futuro de los negocios que plasman las propuestas de la Comisión Europea. Por eso debemos oponernos por completo a la idea del ISD.
El ISD propuesto, al igual que los apresurados esfuerzos de varios Estados miembros de la UE por gravar la actividad digital, refleja la idea obsoleta de que las empresas digitales son distintas de las tradicionales. A medida que sectores enteros se digitalizan, esta distinción resulta cada vez menos sostenible. Intentar mantenerla amenaza con causar graves daños a largo plazo a las empresas europeas y a las economías nacionales.
Según las normas internacionales vigentes sobre el impuesto de sociedades, las empresas solo pueden tributar por los beneficios que obtienen en el país donde tienen presencia física, pero no si realizan sus actividades por medios digitales. El debate, a menudo acalorado, en torno a esta cuestión ha generado la imagen de grandes empresas tecnológicas multinacionales que obtienen beneficios en mercados locales y utilizan infraestructuras locales sin tener ninguna obligación tributaria.
Esta narrativa, cada vez más extendida, contribuyó a las propuestas de la Comisión Europea para establecer un ISD en toda la UE, junto con una reforma más amplia del impuesto de sociedades que abarcara cualquier presencia operativa sustancial de una empresa digital. Pero, en lugar de dar lugar a un sistema fiscal justo y favorable a las empresas, es mucho más probable que el ISD erosione los beneficios y las oportunidades que la economía digital ofrece actualmente a empresas y consumidores.
El ISD propuesto —supuestamente una solución provisional, a la espera de que se acuerden medidas globales— presenta dos inconvenientes concretos.
Para empezar, gravar a las empresas en función de sus ingresos, en lugar de sus beneficios efectivamente obtenidos, impondrá una carga fiscal intolerablemente mayor a las empresas con bajos beneficios y una elevada facturación. En lugar de afectar a los gigantes tecnológicos a los que apunta, lo más probable es que un ISD suponga un obstáculo para las numerosas startups tecnológicas europeas que se han convertido en líderes mundiales en sus ámbitos.
Este enfoque intrínsecamente injusto distorsionará la competencia, socavará la iniciativa empresarial y perjudicará el crecimiento económico nacional. Lamentablemente, los líderes de la UE están demasiado centrados en limitar las estructuras corporativas de ciertas marcas tecnológicas globales como para ver las consecuencias negativas a largo plazo que tendría un ISD para el crecimiento de las empresas europeas.
El segundo problema es la probable creación de un mosaico de medidas fiscales digitales, tanto dentro como fuera de la UE. Aunque la Comisión Europea sostiene que el ISD propuesto evitaría la aparición de políticas similares a escala nacional dentro de la UE, los acontecimientos recientes en el Reino Unido, Francia e Italia apuntan a lo contrario.
Además, una estrategia fiscal digital apresurada o mal concebida por parte de la UE podría convertirse en un modelo que se reprodujera a escala internacional. Esto podría dar lugar a un mapa fiscal mundial fragmentado, en el que la confusión, las divergencias y ciertas formas de doble imposición se aceptaran como norma. Las consecuencias para el crecimiento y la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas de todo el mundo podrían ser graves.1
En una nota más alentadora, la OCDE avanza a buen ritmo hacia un consenso sobre la fiscalidad digital, que abarque los motores de búsqueda, los mercados en línea y las plataformas de redes sociales. Creo firmemente que la colaboración en el ámbito de la OCDE y el G20 es esencial para desarrollar normas fiscales justas y transparentes para las empresas que ofrecen servicios digitales. Apoyo plenamente este enfoque, que tiene más probabilidades de proteger por igual los intereses de las empresas y las economías.
Empresas como la nuestra operan en un mundo verdaderamente globalizado. Estamos obligados a cumplir una variedad de leyes fiscales y, como todas las empresas progresistas de la era digital, lo hacemos de buen grado. Queremos un sistema justo y favorable de impuesto de sociedades que ayude a salvaguardar el crecimiento en todos los ámbitos, especialmente cuando las condiciones económicas son difíciles. La tributación de las empresas debe seguir basándose fundamentalmente en los beneficios efectivamente obtenidos, y ahora es esencial alcanzar un consenso mundial sobre el desarrollo de un marco fiscal uniforme.
Ese consenso no puede esperar. La economía mundial se digitaliza cada día más. Como empresa europea, queremos que las empresas de la UE crezcan, prosperen y se conviertan en líderes en este nuevo y apasionante panorama. Las medidas fiscales específicas para las empresas digitales, como el ISD, son cortoplacistas y poco realistas, y acabarán siendo contraproducentes para todos.
