El debate sobre la RBU suele estar polarizado y basarse en datos selectivos.
Para permitir políticas informadas, es necesario abrir un diálogo sobre lo que realmente sabemos y lo que nos falta.
Los ensayos muestran cómo funciona la RBU tanto en contextos estables como volátiles.
La pandemia de COVID-19 vino acompañada de un aumento del interés por la renta básica universal (RBU). La crisis trasladó la RBU desde los márgenes de la política, donde ha estado durante mucho tiempo, más cerca de la corriente principal.
Varios países emplearon la RBU o variantes menos ambiciosas en forma de renta básica temporal (RBT) o ingreso mínimo de subsistencia (IMS) como medida de crisis para amortiguar los efectos sociales y económicos inmediatos de la pandemia. Antes de la COVID-19, la automatización y la sustitución de empleos hacían que muchos vieran la RBU como una forma de distribuir de manera más justa los riesgos y beneficios de los cambios tecnológicos.
Gales está poniendo en marcha un ensayo de RBU en un programa de 2 años que incluirá a 5000 personas. Se suma a un grupo creciente de países que se interesan por la RBU, desde Canadá hasta Finlandia, Alemania a India, Kenia y los Estados Unidos, como herramienta de política permanente o como respuesta de emergencia.
El debate sobre la RBU es, sin embargo, a menudo polarizado y se basa en datos selectivos. Existen puntos ciegos en todos los bandos. Para permitir políticas informadas, es necesario abrir un diálogo sobre lo que realmente sabemos y lo que nos falta sobre la RBU.
Lo que sabemos
En primer lugar, las buenas noticias.
Los ensayos muestran cómo funciona la RBU tanto en contextos estables como volátiles. Se han piloteado antes y durante la pandemia. Muchos programas se desarrollarán durante la crisis y terminarán en configuraciones posteriores a la COVID. En conjunto, los ensayos cumplen dos funciones.
En primer lugar, orientar los debates sobre la RBU como política a largo plazo. En segundo lugar, informar el despliegue de la RBU como respuesta de emergencia en contextos humanitarios, de desarrollo y de diversas crisis. La COVID-19 es una de las muchas megacrisis que están por venir. Piénsese en la inminente agitación social y económica asociada al cambio climático. Comprender cómo el efectivo y la RBU pueden (o no) aliviar estos shocks es fundamental para preparar opciones de respuesta.
La RBU no es un tema de «países ricos», a pesar de lo que a menudo se supone. Se ha implementado tanto en el Norte Global (p. ej., Canadá, Finlandia, Alemania, España, EE. UU.) como en el Sur Global (p. ej., Kenia, India, Mongolia, Namibia). Los expertos afirman que los países en desarrollo no están en desventaja a la hora de asumir la carga fiscal de la RBU ni de gestionar los programas.
La financiación ocupa un lugar central en cualquier debate sobre una RBU sostenida. Y debe seguir ocupándolo. Están surgiendo datos sobre la viabilidad y la sostenibilidad de diversas modalidades de financiación. Entre ellas figuran fuentes más tradicionales (p. ej., fondos derivados del petróleo y de recursos naturales, reasignación de fondos existentes), formas innovadoras (p. ej., precio del carbono con dividendo, financiación basada en datos, dividendos de la comercialización de datos de propiedad social) y opciones mixtas.
También existen lecciones clave sobre el rendimiento distributivo de la RBU y sobre las formas de calibrar el carácter progresivo o regresivo de los programas a través de sus mecanismos de financiación. Estas deben tenerse en cuenta si la intención es ir más allá de los ensayos individuales hacia una RBU a largo plazo o a escala. También son muy importantes cuando se trata de la aceptación pública y la aceptabilidad política de la RBU.
Hay evaluaciones disponibles de la RBU y contienen una gran cantidad de datos. Pero las diferencias contextuales y la configuración particular de los ensayos suelen analizarse de forma insuficiente en los debates sobre la eficacia y los impactos de la RBU. Los resultados también tienden a estar sesgados, asignando un peso mayor a determinados impactos de la RBU sin tener en cuenta el contexto. Tómese como ejemplo el ensayo finlandés que proporcionó a 2000 personas un pago mensual de 560 €.
Queda mucho por hacer para conectar los mundos del conocimiento y la política en torno a la RBU si la intención es avanzar con inteligencia
John Crowley e Iulia Sevciuc
El ensayo suele citarse como una iniciativa con escaso impacto en el empleo. Alrededor del 18 % y el 27 % de los participantes consiguieron un empleo en 2 años, lo que muestra poca diferencia con el grupo de control. Sin embargo, este ensayo abarcó específicamente a jóvenes y desempleados de larga duración, un grupo que se enfrenta a barreras elevadas y bien conocidas para (re)incorporarse al mercado laboral.
Los resultados, aunque valiosos, deben extrapolarse con cautela a la población general. Lo mismo se aplica a los impactos en el bienestar y la equidad. El punto principal es que todos los resultados de los ensayos requieren un análisis coherente que oriente las decisiones basadas en interpretaciones sistemáticas, y no selectivas, de los impactos de la RBU.
Lo que nos falta
Faltan cuestiones críticas.
Las ideas de política alternativas y afines necesitan una exploración seria. Debemos pensar en los Servicios Básicos Universales como un enfoque alternativo y el precio del carbono con dividendo como afín a la RBU. Se han presentado argumentos a favor de todos ellos, pero, en adelante, deben evaluarse según los mismos objetivos e impactos deseados.
Existen lagunas importantes en la comprensión de la RBU como parte de un sistema, y no como una solución autónoma que cambie las reglas del juego.
En primer lugar, están en gran medida sin explorar los vínculos de la RBU con los salarios mínimos, las pensiones y las indemnizaciones por despido. En segundo lugar, las interacciones de la RBU con agendas sociales (p. ej., sus resultados de género, sus impactos en las desigualdades o en la participación política) y marcos internacionales (p. ej., si la RBU contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o a los compromisos climáticos, y de qué manera) se analizan de forma insuficiente. Todo ello requiere conocimientos más sólidos para fundamentar el análisis comparativo y los debates sobre las compensaciones.
Existen datos sobre la RBU, pero presentan lagunas y puntos ciegos. El flujo de datos, entre países en desarrollo y desarrollados, y su uso se enfrentan a obstáculos. Se pierden valiosas perspectivas en los compartimentos estancos de los distintos experimentos de política y en los límites jurisdiccionales.
Y, por último, como suele ocurrir, queda mucho por hacer para conectar los mundos del conocimiento y la política en torno a la RBU si la intención es avanzar con inteligencia. Los primeros tienen los datos; los segundos, el poder de actuar en consecuencia.
Este artículo se basa en el trabajo del Programa de Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST) de la UNESCO y del Laboratorio de Políticas Inclusivas de la UNESCO. Los expertos del Laboratorio han contribuido ampliamente con datos y análisis a este trabajo.
Los autores son miembros de la Red de Expertos del Foro Económico Mundial.
