El pasado julio, cuando el juez federal estadounidense Thomas Griesa dictaminó que Argentina debía reembolsar íntegramente a los llamados fondos buitre que habían comprado su deuda soberana a precios irrisorios, el país se vio obligado a incurrir en impago, o «Griesafault». La decisión tuvo repercusiones de gran alcance: afectó a bonos emitidos en diversas jurisdicciones y dio a entender que los tribunales estadounidenses tenían autoridad sobre contratos celebrados en otros países.
Desde entonces, abogados y economistas han tratado de desentrañar las desconcertantes implicaciones de la decisión de Griesa. ¿Se extiende realmente la autoridad de los tribunales estadounidenses más allá de las fronteras de Estados Unidos?
Ahora, un tribunal del Reino Unido por fin ha aportado cierta claridad al asunto al dictaminar que los pagos de intereses de Argentina por bonos emitidos conforme a la legislación británica se rigen por esa legislación, no por las resoluciones judiciales estadounidenses. La decisión —un bienvenido respiro tras una serie de fallos de jueces estadounidenses que no parecen comprender las complejidades de los mercados financieros globales— transmite algunos mensajes importantes.
Ante todo, el hecho de que un tribunal estadounidense se adelantara a las negociaciones de la deuda argentina —y que luego un tribunal británico lo contradijera— recuerda con crudeza que las soluciones de mercado a las crisis de deuda soberana entrañan un alto potencial de caos. Antes del Griesafault, se suponía a menudo, y de manera equivocada, que los problemas de reembolso de la deuda soberana podían resolverse mediante negociaciones descentralizadas, sin un marco jurídico sólido. Incluso después, la comunidad financiera y el Fondo Monetario Internacional esperaban poner cierto orden en los mercados de bonos soberanos con solo retocar los contratos de deuda, en particular las condiciones de las llamadas cláusulas de acción colectiva (que obligan a todos los acreedores a aceptar una propuesta de reestructuración aprobada por una mayoría cualificada).
Pero las modificaciones sencillas, como enmendar los contratos, no subsanarán las deficiencias del sistema. Cuando hay múltiples deudas sujetas a una multitud de leyes, a veces contradictorias, en distintas jurisdicciones, una fórmula básica para sumar los votos de los acreedores —promovida por quienes apoyan un enfoque basado en el mercado— serviría de poco para resolver complejos problemas de negociación. Tampoco establecería los tipos de cambio que deben utilizarse para valorar deuda emitida en distintas monedas. Si se deja que los mercados resuelvan estos problemas, serán el puro poder de negociación, y no criterios de eficiencia o equidad, los que determinen las soluciones.
Las consecuencias de estas deficiencias no son meras molestias. Los retrasos en concluir las reestructuraciones de deuda pueden hacer que las recesiones económicas sean más profundas y persistentes, como ilustra el caso de Grecia.
Esto nos lleva a la segunda lección del fallo británico. Con tanto en juego y un sistema tan deteriorado, los mercados de deuda tienen pocos motivos para permanecer en Estados Unidos. Estados Unidos siempre se ha enorgullecido de la solidez de su «Estado de derecho», un argumento de venta que ha convertido a Wall Street en sede del mayor mercado de deuda soberana. Pero el fallo de Griesa, basado en una interpretación peculiar —e indefendible, a nuestro juicio— de ciertos términos del contrato de Argentina, mostró que los intereses comerciales estadounidenses pueden dominar las decisiones de sus tribunales.
El tan ensalzado Estado de derecho estadounidense ya no parece tan sólido. Paradójicamente, protege a los fuertes frente a los débiles. El Griesafault es solo el más reciente de muchos fallos y cambios legales que han revelado lo que podría llamarse un síntoma de «corrupción al estilo estadounidense», en la que el cabildeo y las contribuciones a campañas electorales comprometen todo el sistema, aunque ningún funcionario individual acepte sobornos. Estados Unidos haría bien en reaccionar antes de que el mercado de deuda soberana se traslade de Nueva York.
China debería estar preparada para cubrir el vacío. Sus ahorros superan ahora con creces a los de Estados Unidos, y se esfuerza por convertir Shanghái en un centro financiero mundial. Esa ambición se ha vuelto más alcanzable tras el daño a la credibilidad del sistema estadounidense a raíz de la crisis financiera de 2008. Pero, si Shanghái ha de convertirse en líder de los mercados de crédito soberano, China debería tener presentes las deficiencias de los marcos jurídicos de otros lugares y diseñar una alternativa más eficiente y equitativa.
El mensaje final y general del fallo del tribunal británico es uno que todos los países deberían tener en cuenta. Es urgente renovar los esfuerzos de las Naciones Unidas para crear un marco jurídico multinacional para la reestructuración de la deuda soberana. Aunque Estados Unidos se esfuerza por socavar esos esfuerzos, el fallo británico nos recuerda que los jueces estadounidenses no son los jueces del mundo.
Esta última revelación quizá no agrade a Wall Street, pero para los numerosos países del mundo que dependen de la deuda soberana es, sin duda, una muy buena noticia.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía y catedrático universitario en la Universidad de Columbia, presidió el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y fue vicepresidente sénior y economista jefe del Banco Mundial. Martin Guzman, investigador posdoctoral en el Departamento de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, es copresidente del Grupo de Trabajo sobre Reestructuración de la Deuda y Quiebras Soberanas de la Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas de Columbia.
Imagen: Una vista de la sede de la empresa francesa de materiales de construcción Saint-Gobain. REUTERS/Jacky Naegelen.
